¿Hartazgo español con la perspectiva de género?: la lección para políticos argentinos que deja la derrota del PSOE

Aunque eran elecciones autonómicas y municipales, el presidente socialista del gobierno español, Pedro Sánchez, apostó a convertir los comicios del 28 de mayo pasado en un plebiscito a su gestión y la respuesta fue una contundente desaprobación. El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) perdió 5 comunidades autónomas y 11 de las 22 capitales de provincia en las que está gobernando.

La derrota del oficialismo fue contundente en términos de retroceso institucional. Pero además fue imprevista para un Gobierno confiado en que sus resultados serían mucho mejores y que por ese motivo nacionalizó la elección. La administración socialista podía exhibir excelentes números en materia económica (4,1% de inflación interanual y un salario mínimo que pasó de 735 al llegar Sánchez al gobierno, en 2018, a 1080 euros en la actualidad). España era considerada como modelo de éxito económico en Europa.

¿A qué atribuir entonces la derrota? Una editorialista de la televisión francesa decía que a Pedro Sánchez se lo llevó una “peste roja radical”, en referencia a las últimas iniciativas de sus aliados de extrema izquierda de Unidas Podemos, que ingresaron al gobierno en enero de 2020. A la peste roja, podemos sumar una negra: la alianza de Sánchez con partidos independentistas, y en particular con Bildu, fuerza heredera de ETA, que llenó las listas de ex terroristas con antecedentes penales por atentados sangrientos.

A mediados de mayo, a días de las elecciones, siete de estos etarras ex convictos renunciaron a presentarse. Fue después de que el Colectivo de Victimas del Terrorismo detectara la presencia de más de 40 ex terroristas en las boletas electorales del partido vasco.

Este escándalo había sido precedido por otro. El de la llamada ley del “sólo sí es sí”, que habilitó la excarcelación de varias decenas de agresores sexuales y la rebaja de pena para un millar de ellos. Y esa era sólo de las tantas medidas inspiradas por el extremismo feminista de Irene Montero, ministra de Igualdad, y esposa del fundador de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Como el Presidente nacionalizó la campaña, sus alianzas y esas políticas de género estuvieron en primera plana, restando espacio al debate de los temas locales.

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Vale recordar que Pedro Sánchez, que en septiembre de 2019 aseguraba que “no dormiría por las noches, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco estarían tranquilos” si dejaba entrar a Unidas Podemos al gobierno, cuatro meses después, en enero de 2020, incorporaba a Pablo Iglesias como vicepresidente y a Irene Montero como ministra de Igualdad. Mientras el primero renunció luego de los malos resultados electorales de su fuerza en Madrid, en mayo de 2021, ella permanece en el cargo, y se hace notar.

Un diario regional de Huelva afirmaba, después de la derrota del PSOE: “El día en que Pedro Sanchez se unió en un abrazo con Pablo Iglesias Turrión se firmaba el acta de defunción política de miles de responsables políticos socialistas”. Señalaba además la ruptura con una tradición de socialismo moderado y centrista que fue la de Felipe González a partir de la transición, sustitutida por una alianza con la izquierda más radicalizada y con independentistas que no reniegan de la violencia que ETA ejerció en democracia.

Desde la cartera de Igualdad, Unidas Podemos ha desarrollado una persistente y agresiva campaña ultrafeminista -los varones son culpables de todo- que se concretó por ejemplo en la Ley de Garantía integral de la Libertad sexual, conocida como ley del “sólo sí es sí”, aprobada en septiembre de 2022, que pretendía darle un carácter legal al consentimiento de una mujer para mantener relaciones íntimas con un hombre. Más allá de representar una insólita intromisión del Estado en las alcobas y de estar basada en la presunción de una inferioridad de la mujer -necesitada de amparo para tomar decisiones sobre su sexualidad-, en su pretensión de agravar el calificativo de los delitos sexuales, la norma unificaba los tipos penales de abuso y violeación bajo una única figura de agresión, modificando la escala de penas previstas. Esto, por el principio de ley penal más benigna fue lo que facilitó la revisión de penas y la escarcelacion de personas ya condenadas.

Ocho meses después, Sánchez se vio forzado a negociar con el opositor Partido Popular para reformar la ley por los estragos que estaba causando (La explicación técnica de este desatino feminista puede leerse cliqueando aquí).

La soberbia con la cual operó el minoritario partido Unidas Podemos -más adelgazado aún con los resultados de la última elección- hizo que no aceptara las advertencias y críticas de sus aliados socialistas y de los expertos en derecho acerca de las consecuencias que traería la Ley.

Algo similar sucedió con la reforma de la llamada Ley Trans. Contra la opinión de los socialistas, se avanzó, en febrero pasado, con cambios que habilitan la transición de género a partir de los 16 años sin autorización paterna; además de permitir el cambio de identidad en los documentos con la sola declaración de la persona, sin informe médico, ni transición hormonal. Basta la autopercepción. La persona podrá incluso volver a su identidad de género anterior, también por su sola voluntad. Eso sí, todo tiene un límite: a la tercera vez que pida cambiar de sexo, intervendrá un juez para evaluar el caso.

El nuevo texto modificó la ley aprobada en 2007 bajo la gestión también socialista de José Luis Rodríguez Zapatero: en ella, razonablemente, se exigía para el cambio en los documentos de identidad al menos dos años de hormonación y un diagnóstico médico que acreditara una disforia de género. (Aclaración para los distraídos locales: mucho antes que Unidas Podemos en Esapaña, el kirchnerismo hizo aprobar en Argentina una ley igualmente laxa, sin que la sociedad en su conjunto se enterara, en 2012).

Irene Montero también modificó la ley del aborto: ahora se podrá acceder a esa práctica sin consentimiento parental desde los 16 años.

El trámite de elaboración, debate y aprobación de estas leyes dejó muchas heridas: hasta provocó un cisma en el feminismo español, entre las mujeres que denuncian que el feminismo radical e identitario las niega, al llamarlas personas gestantes o personas menstruantes, y el feminismo queer que profesa Unidas Podemos.

En concreto, la ultraizquierda española es una minoría de minorías que se autopercibe -por usar un concepto que les es caro- con una legitimidad de la que carece para encarar reformas que modifican normas arraigadas en la cultura y que requerirían de un mayor consenso.

Al oficialismo argentino, que comparte con Sánchez y su aliado Podemos el berretín feminista y no binario, le pasó ago similar en 2021. La agenda del aborto, la impostura de género y el DNI no binario -uno de sus últimos anuncios de campaña antes de las legislativas- no le reportó respaldo en las urnas.

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Mientras el país padecía la pandemia y el aislamiento, y más recientemente, la inflación y la sequía, el Presidente se concentraba en legalizar el aborto -con una de las leyes más extremas en su permisividad-, en la adquisición de penes de madera -porque la educación sexual es la nueva materia troncal en una escuela que ya no enseña a leer y escribir- y en la justicia menstrual.

Si los presidentes tuvieran una divisa para sus mandatos, como los Papas, la de Alberto Fernández sería: “No gobierno, pero todo lo hago con perspectiva de género”.

Aunque la manía de someter la legislación y las instituciones del país a los caprichos de seudo identidades victimizadas no le ha rendido, el gobierno insiste. Las últimas medidas tomadas por miembros -miembras, perdón- de su Gabinete son desopilantes, pero también constituyen una burla a los argentinos, sumergidos en una cotidianeidad sombría.

Carla Vizzotti, ministra de Salud que promociona la esterilización quirúrgica de adolescentes, decidió afinar el protocolo del aborto para asegurarse de que nazca la menor cantidad posible de argentinos.

Apartir de ahora, personal médico de cualquier especialidad podrá practicar abortos, y no sólo los obstetras y ginecólogos. Se recomienda enfáticamente no criminalizar la práctica del aborto y abordarlo siempre como una política sanitaria: ésta es una recomendación superflua, destinada a sostener un relato: el aborto no estaba criminalizado ni cuando era ilegal, de lo contrario, las cárceles argentinas hubieran estado llenas de casos y nada de eso sucedía. Otra recomendación es la de eliminar todos los requisitos que no sean clínicamente necesarios; traducción: dar el menor tiempo posible a la mujer, entre el pedido y la ejecución del aborto, no sea cosa de que se arrepienta… En concreto, se pide suprimir períodos de espera o reflexión, consentimiento de padres, cónyuges o representantes legales (incluso en el caso de adolescentes y personas con discapacidad), autorizaciones administrativas por comités de ética, o recetas con requerimientos excepcionales, entre otras.

Por último, se dispone la venta libre en farmacias de la pastilla del día después, es decir, sin receta médica, pese a que se trata de un anticonceptivo hormonal que puede ser abortivo según el momento en que se lo ingiera.

Para no quedarse atrás, Ayelén Mazzina, ministra de Mujeres y etcéteras, declaró que “la menstruación es un derecho” (sic) y anunció un plan para garantizarlo porque, según ella, en un país donde la mitad de los niños son pobres, “no hay justicia social sin justicia menstrual”.

En España, Pedro Sánchez reaccionó a la derrota anunciando elecciones generales anticipadas para el 23 de julio próximo -aunque sin felicitar a los ganadores-, como forma de evitar que su alianza se desgarre en enfrentamientos internos y para acallar las críticas hacia su gestión.

De momento, no ha reconocido errores y hasta ha insistido en la línea identitaria cuando en un mensaje tras la derrota dijo: “Hay que aclarar si los españoles y españolas cuando viajan fuera quieren presumir de estar entre los primeros países en legalizar el matrimonio igualitario o quieren salir a alardear de homofobia…”

Y, apuntando a la polarización, siguió: “Es hora de preguntar a los ciudadanos si quieren recorrer el camino del Brasil de Bolsonaro, la Hungría de Orban o la Italia de Meloni o seguir por la senda de una democracia sana y de progreso que es lo que tenemos desde 1978″.

“No son unas elecciones más. Es un modelo de país, de sociedad, antagónico”, remató. Autocrítica cero.

La lección española no es sólo para el oficialismo. Muchos sectores de la oposición también se han sumado a esta ola identitaria en los distritos que gobiernan, promoviendo una agenda que sólo goza del consenso de sus lobbistas y de sus beneficiarios: la franja que gracias a estos programas obtiene cargos y otras prebendas estatales.

No hubo preguntas, ni reclamos, ni interpelación alguna, cuando el Ministerio de Salud de la Nación hizo campaña en redes para que adolescentes a partir de los 16 años se sometan a esterilizaciones quirúrgicas irreversibles, algo que es imposible encuadrar en una política de salud pública. Frente a eso, frente al subsidio menstrual, al inconstitucional DNI no binario, al adoctrinamiento queer en las escuelas, al reparto de misoprostol como caramelos, y ahora de la píldora del día después; frente al antinatalismo furifundo desatado contra la Argentina en los últimos años, la oposición, cuando no se sumó alegremente a estas iniciativas, se refugió en un silencio que otorga.

Cabe esperar que los aspirantes a cargos, de la fuerza que sean, abandonen por fin la pretensión de imponer al conjunto caprichos de ultra minorías y asuman una agenda que represente realmente a los argentinos, cuyos reclamos, preocupaciones y anhelos transcurren muy ajenos a la obsesión antinatalista y los delirios de género de muchos dirigentes.

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