Riesgo en la elaboración de una seguridad ciudadana y democrática

Los últimos hechos de inseguridad que golpean con inusitada crudeza en el conurbano bonaerense —por el brutal asesinato de Emilio Gabriel Ghezzi de 55 años de edad, cuando salía de su casa rumbo al trabajo; o en Rosario, donde integrantes poco calificados de estructuras medianamente organizadas del crimen local, atacan impunemente a balazos a instituciones educativas, judiciales, estaciones de policía o cárceles— han motivado diferentes reacciones en el espectro social y político que, mediatizadas a través de redes y distintas aplicaciones de  comunicación, rápidamente se han vuelto virales.

La impotencia que genera esta situación, que no cesa y además, va en camino de superar otro triste récord de homicidios, motiva comentarios que no logran apartarse de lo que se repite como un mantra: más cárceles y más escuelas o para sintetizar, más educación y más reinserción social, dado que pensar en seguridad penitenciaria, solo traería aparejada una discusión que no es del caso darla en esta oportunidad.

Nadie en sus cabales podría alegar que la consigna es errónea o inadecuada, pero sí insuficiente o incompleta.

La educación es el pilar básico sobre el que se erige el desarrollo de una sociedad sustentable. Ahora bien, cuando hablamos de cárceles, de construcción de más cárceles, primero deberíamos contemplar algunas cuestiones que, por básicas, muchas veces son ignoradas. Hacer este ejercicio nos coloca en el intento por superar la narrativa utópica.

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El criminal enviroment (por su definición en inglés) es una realidad permanente, dinámica y cambiante, en cuanto a su forma, composición y tamaño, sobre la cual es posible actuar e influenciar.

Parte de este ambiente criminal son las cárceles, donde el delito (está probado) no cesa, pues sus autores se han adaptado a las limitaciones de la incapacitación ambulatoria, para que esta no sea escollo en la producción criminal.

Criminólogos, que adscriben a las corrientes más críticas, sostienen que el modelo sobre el cual cimentar el tratamiento penitenciario solo debe contemplar la prohibición de la libertad ambulatoria como único derecho sobre el que el Estado puede actuar. Este modelo considera que la persona privada de su libertad sigue reteniendo el resto de los derechos como cualquier ciudadano que no haya delinquido.

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Por lo tanto, más cárceles en esta lógica, sería generar más gastos con una alta tasa de ineficacia no solo por sus resultados mediatos (altísima tasa de reincidencia) sino inmediatos como dan cabal muestra los crímenes registrados, por caso, en la zona de Rosario y el Gran Rosario en la provincia de Santa Fe, donde en lo que va de este mes hay más asesinatos que días. Muchos de ellos ordenados desde espacios de encierro.

Los especialistas en la materia suelen incurrir en un error sistémico al considerar a las cárceles ajenas a este concepto de “ambiente criminal”.

Por lo tanto, no es posible continuar por el mismo camino esperando arribar a resultados diferentes.

Antes de concluir en la necesidad de construcción de más cárceles, se impone el interrogante del para qué construir más cárceles. Si la idea es reducir la criminalidad, el mero encierro no lo conseguirá.

Más leyes que alienten el encierro sin pensar en el modelo de ejecución correrán la misma suerte.

La mitigación de este fenómeno es imprescindible. Para ello, se impone contar con un modelo de gestión, integral, pluridisciplinar y estructurado que transcienda el mero ejercicio de los órganos de control penal (Justicia, Policía y Servicio Penitenciario), dotando a través de la participación municipal, provincial y nacional de la impronta estratégica que como política de estado, la problemática requiere.

Esto en la lógica de construcción de un concepto de seguridad que se perciba por sus resultados, como verdaderamente, ciudadana y democrática.

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