20 años de kirchnerismo: no hubo política de DDHH sino un uso faccioso del pasado

El kirchnerismo no tuvo una política de derechos humanos, porque los derechos humanos se defienden en el presente. Lo que desarrolló fue un uso oportunista y clientelar del pasado; una instrumentación que reabrió heridas e impidió consolidar una unidad nacional que hubiera constituido la verdadera justicia respecto del desencuentro y la división internas que sentaron las bases para la tragedia de los 70.

El triste saldo de estos 40 años de democracia está allí como juez implacable de lo que no pudimos dejar atrás. Países que atravesaron procesos mucho más violentos y fratricidas que el nuestro, optaron por soluciones políticas para poder consagrarse a construir el futuro. Esos procesos sí son merecedores de admiración.

El kirchnerismo sacralizó lo que llamó Memoria y que fue en realidad un relato sesgado y sectario. A la vez, demonizó las palabras Olvido y Perdón, pero lo cierto es que la mayoría de los pueblos que han protagonizado transiciones exitosas, de la dictadura o de la guerra civil hacia la democracia y la paz, demuestran, como dice el historiador estadounidense David Rieff, autor de Elogio del Olvido (Debate, 2017), “la memoria histórica puede ser tóxica y, a veces, lo correcto es olvidar”.

Ahí están los ejemplos de la Guerra Civil española, de Irlanda del Norte, de la ex Yugoslavia, de Ruanda, de la Sudáfrica post apartheid…

La memoria histórica puede en ocasiones causar más daño que el bien que supuestamente persigue, dice Rieff, porque suele ser selectiva, arbitraria, divide a los protagonistas en réprobos y elegidos, rescata ciertos hechos y olvida otros.

Sobre la guerra de los Balcanes, Rieff dice: “Casi cualquier paz, no importa lo injusta que fuera, era infinitamente preferible a lo que parecía el incesante castigo de la muerte, el sufrimiento y la humillación”. Es análogo a lo sucedido en Ruanda, donde pese al genocidio, se priorizó la necesidad de reconstruir la nación por encima de juicios que hubieran obligado a procesar y condenar a decenas de miles.

Pensemos en Europa, continente que luego de la guerra se consagró a edificar un futuro en común, y lo hizo a partir de la reconciliación franco-alemana, sin la cual la Unión Europea no hubiera sido posible.

Dado que hace poco se puso de moda una película sobre el juicio a las juntas -nueva ocasión auto laudatoria para el kirchnerismo-, viene al caso citar al jurista Jaime Malamud Goti, quien junto con Carlos Nino, fue quien diseñó esa política durante la gestión de Raúl Alfonsín. Luego de esa experiencia, Malamud Goti se dedicó a asesorar en otras transiciones políticas difíciles como las ya citadas de Bosnia, Ruanda y Sudáfrica. En un libro que publicó sobre estos procesos (Crímenes de Estado. Dilemas de la Justicia, Hammurabi, 2016), se pregunta: “¿Contribuyeron los juicios a afianzar la democracia argentina?”

Es el interrogante clave, porque de lo contrario no se entiende qué justicia se persigue.

Malamud Goti sostiene que, a diferencia de lo que sucedió en la Argentina, las naciones que viven transiciones difíciles buscan mecanismos de procesamiento de los crímenes pasados que permitan rápidamente liberar las energías para consagrarlas a la reconstrucción de la nación: “Se ha sufrido bastante en Argentina, pero no se está mirando a futuro. No veo un movimiento colectivo hacia la construcción de una comunidad”.

Y agregaba: “Al centrar la culpa en un limitado sector de la población, los juicios de derechos humanos reinventan la historia” y “la ‘verdad’ resultante, frecuentemente percibida como facciosa, es objeto de disputas inzanjables”.

En Argentina, de uno y otro lado se centran en el debate estéril del número de desaparecidos; unos buscan ejemplos de fraude en las denuncias de violaciones a los derechos humanos y desde la otra vereda replican con acusaciones de negacionismo, cuando la realidad es que de ambos lados se niega parte de la verdad.

Cuando este enjuiciamiento “se prolonga en el tiempo más allá de cierto punto, el proceso de inculpación institucionalizada se vuelve contraproducente”, afirma Malamud Goti, porque “desanima una más profunda inspección de los factores que contribuyeron a la brutalidad”. “La lógica dual víctima-perpetrador desalienta una compleja y matizada concepción del rol desempeñado por los diferentes actores sociales” y “la perseverancia de esta lógica dual en el reino de la política puede perjudicar eventualmente el logro de una comunidad integrada, pluralista y políticamente responsable”.

En la Argentina, los juicios se han convertido en un fin en sí mismo.

“Cuando un país vive una situación de conmoción interna que divide a la sociedad y llega a la violencia, siempre hay que adoptar alguna solución política que permita superarla -decía el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti (La Nación, 2005)-. España salió de la dictadura de Franco sin revolver las atrocidades de ese período; en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se desataron juicios que apuntaban a una represalia, De Gaulle cortó también esos procesos”. El líder uruguayo, que encabezó la transición democrática en su país, luego de 12 años de dictadura, agregaba que, “luego de grandes conflictos, normalmente no hay otra salida” más que leyes de perdón o amnistía, “que por eso están previstas en todas las constituciones democráticas”. “Los países pueden construirse a partir de sus recuerdos y también de sus olvidos o perdones”, agregaba Sanguinetti.

En Argentina en cambio, la llegada de los Kirchner al gobierno marcó un retroceso en todo lo que se había hecho en el país en pos de su pacificación. Para reabrir los juicios se violaron y se siguen violando varios principios del derecho universalmente reconocido: la irretroactividad de la ley penal; la igualdad ante la ley; la limitación de la detención preventiva, entre otros. Se desconoció incluso la voluntad del Congreso que votó las amnistías.

Un juez de la Corte Suprema, que había declarado la constitucionalidad de las amnistías dictadas por Carlos Menem, decretó luego lo contrario. Los mismos legisladores que habían votado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida votaron después su derogación. Lo publicitaban como un mérito: “Hoy los radicales estamos aquí para derogar lo que sirvió en su momento para sostener la democracia”, dijo un diputado. También Luis Moreno Ocampo había reconocido el rol pacificador de esa política: “Hoy ningún país de América Latina tiene resuelta tan bien la integración de las Fuerzas Armadas como la Argentina y hay que reconocer que los indultos, aunque fueron dolorosos, colaboraron en esto. Con los indultos se logró lo que se intentó con el Punto final y la Obediencia Debida” (Noticias, 20/3/1998).

Otro principio vapuleado fue el de nuestra soberanía jurídica, al admitir Kirchner que un juez español –al que hasta llegaron luego a conchabar- se arrogara la facultad de enjuiciar hechos ocurridos en la Argentina.

La ruptura con lo que había constituido una verdadera política de Estado desde la recuperación de la democracia –la reconciliación, la unidad nacional y la defensa de nuestra soberanía jurídica- fue justificada en nombre de la “memoria”, palabra que alude en realidad a una revisión maniquea del pasado que apunta a reinstalar divisiones entre los argentinos.

Un revanchismo que se cebó en la institución militar fue desde ese momento el combustible de las campañas electorales del kirchnerismo y el eje de su “relato”, lo que demuestra hasta qué punto sometió los intereses permanentes del país a los avatares de las necesidades coyunturales de la facción que había elegido ser.

Cuando Néstor Kirchner entregó el predio de la ESMA a las ONG de derechos humanos, funcionaban allí liceos y escuelas navales. Los padres de los alumnos le pidieron que no los cerrara, permitiendo que convivieran. Aunque se trataba de una generación ajena a los hechos que supuestamente agraviaban a los Kirchner -que en su provincia jamás se habían acordado de los “derechos humanos” ni de conmemorar el golpe-, el Presidente se negó y los obligó a desalojar, revelando así sus verdaderas intenciones.

Sorprende escuchar a su viuda decir el 25 de Mayo que “a la patria hay que tomarla sin beneficio de inventario, a la patria hay que amarla completa”; llegando así a las cumbres de la hipocresía con una frase doblemente cínica si se considera que además fue dicha en un acto que pretendió ser la apropiación facciosa de una fecha nacional.

Para el gobierno que asumió en 2003, el objetivo nunca fue tratar de sanar el pasado sino servirse de él para obtener un rédito electoral. Los derechos humanos fueron un elemento más del clientelismo de clase media, progre, que prosperó en estos años, confortado por una tendencia que permitía la doble impostura de sentirse paladines de una causa y, de paso, encontrar en ella un interesante sustento. El profesionalismo de los derechos humanos, que ya se venía desarrollando, se potenció gracias al kirchnerismo.

Una generación que no entendió el simbolismo del abrazo Perón-Balbín, se abocaba años después -en nombre de una memoria parcial- a reinstalar el sectarismo de una etapa en la que se antepusieron los intereses de facción a los del conjunto desatando una violencia fratricida creciente.

Si se duda de que la memoria histórica, como dice Rieff, puede causar más daño que bien, recordemos el acto del 24 de marzo de 2017. Ese día los organismos de derechos humanos reivindicaron la lucha armada. Hubo indignación, pero pasó inadvertida la mención del Partido Comunista como uno de los grupos que lucharon contra la dictadura a pesar de que, como se recordó recientemente, fue un activo defensor del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.

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El último 24 de Marzo no fue muy diferente en el grado de hipocresía: conmemoraron el Golpe del 76 los mismos que en democracia quisieron encarcelar a la Presidente derrocada. Los que año a año evocan el derrocamiento de un gobierno democrático y legítimo, el de la primera mujer presidente, sin nombrarla.

Ya que la “Memoria” es una de sus banderas, vale recordar que en enero de 2007 un diligente Néstor Kirchner daba curso al pedido de extradición de María Estela Martínez de Perón, continuando así la persecución que la dictadura había desatado contra ella. Al tiempo que Interpol lanzaba el pedido de captura contra la ex Presidente -que sigue vigente, dicho sea de paso-, Kirchner informaba que lo tramitaría “con urgencia”. Isabel Perón pasó solo unas horas detenida en España: el tiempo suficiente para ser notificada de la infamia cometida por un gobierno que usurpaba el nombre de su esposo. La brevedad del trámite se debió a que las autoridades españolas tuvieron con ella toda la consideración que correspondía. Un año más tarde, en abril de 2008, la Audiencia Nacional española rechazó definitivamente el pedido kirchnerista de extradición. De no ser por España, que la protegió, Isabel Perón hubiera estado presa por un gobierno que se autodenomina peronista por conveniencia electoral, pero que en esta infamia era continuidad de la dictadura militar que encarceló a la viuda de Perón por 5 años.

La misma colusión entre guerrilla y golpistas, que habilitó la dictadura más cruel y más destructiva de nuestra historia, tiene continuidad en el presente, porque unos y otros coinciden en tratar de eludir sus responsabilidades acusando a Isabel Perón -la presidente que defendió la institucionalidad hasta el último minuto- por la sangre que hicieron correr en la Argentina.

Hoy Cristina Kirchner quiere ampararse en el peronismo y equiparar los juicios que enfrenta con la persecución histórica de que fue víctima el movimiento, pero ayer tuvo que ser una advertencia promovida por la dirigencia gremial la que le pusiera un parate a la ofensiva del kirchnerismo contra Isabel, a través de afiches en las calles de Buenos Aires que advertían “No jodan con Perón”.

El antiperonismo kirchnerista es una línea consecuente en quienes se declaran herederos de los que pretendieron disputarle el poder a Perón y tomaron las armas contra su viuda. ¿Hay mayor expresión de ese antiperonismo que el gesto del hijo de la actual Vicepresidente homenajeando a Agustín Tosco el día del aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci, mano derecha e hijo del corazón de Juan Perón?

Simultáneamente con la promoción de la película de un juicio que busca colocar como “Padres de la democracia” a quienes habían aportado consenso al Golpe de Estado de 1976 con excusas varias, el gobierno kirchnerista les otorgó una indemnización a las hijas del jefe del ERP. Tal vez este homenaje a Santucho en la persona de sus herederas sea un reconocimiento a los servicios prestados por esa guerrilla a la dictadura, considerando que en 1973 el ERP no esperó ni un solo día para volver a la política antipopular que siempre lo caracterizó. Santucho se sirvió de la libertad que le dio la amnistía camporista para volver a tomar las armas y sabotear al gobierno recién electo.

En su afán de ganarse el favor de la izquierda y el progresismo, el kirchnerismo cayó en el más descarnado antiperonismo, reivindicando a los enemigos de la última presidencia de Perón y deslegitimando a instituciones esenciales de la Nación.

El General jamás hubiera avalado que se degradase a una institución fundacional de la Nación como las Fuerzas Armadas, mediante la estigmatización permanente. Y difícilmente hubiera entendido que la defensa de los derechos humanos tenga por voceros a los que asesinaron a José Ignacio Rucci.

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