Es hora de saldar la deuda con los cuidados

Estamos ante una oportunidad histórica. Después de 48 años, el pasado 16 de mayo, se empezó a tratar en comisiones en la Cámara de Diputados con amplio consenso todas las fuerzas políticas un conjunto de proyectos que buscan reformar las licencias de cuidado que tenemos en Argentina y estar a la altura de las necesidades sociales actuales.

Estamos hablando de un esquema de licencias que otorga más días por examen que por nacimiento a los varones, que gozan de tan solo dos días de corrido. Esto significa que si una niña nace un viernes, el lunes su papá tiene que estar trabajando como si no hubiese pasado nada. Pero también hablamos de un esquema de licencias donde a las personas adoptantes no les reconoce ningún día de licencia. Una normativa que no contempla extensiones de tiempo para las familias donde nace o se adopta un niño asociado con alguna situación de discapacidad. Y la lista puede seguir. Estamos hablando de una normativa que no responde una enorme multiplicidad de situaciones que requieren de tiempo para ejercer el cuidado.

Desde la década del 70 cuando se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo, hubo numerosos cambios sociales, culturales, económicos y políticos: las familias han cambiado y se han diversificado, las mujeres han ingresado masivamente al mercado de trabajo, el pleno empleo formal ha dejado de caracterizar a nuestra sociedad y el mercado laboral se ha transformado.

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De esta realidad da cuenta la encuesta global sobre percepciones y actitudes hacia el cuidado de personas realizada por Equimundo de la que ELA formó parte para el capítulo de Argentina. Los resultados nos muestran que 8 de cada 10 personas encuestadas considera que el Estado debería otorgar algún tipo de licencia por nacimiento y adopción para trabajadores monotributistas y en la misma proporción se sostiene que la ampliación de las licencias debería ser una prioridad en la agenda política.

Es por eso que celebramos que después de décadas y de tres intentos fallidos, finalmente exista una decisión de modificar el esquema de licencias actuales. La propuesta, sin embargo, es restringida, injusta e insuficiente. Vemos con preocupación que frente a la posibilidad de ampliar derechos hacia aquellas personas trabajadoras que hoy no gozan de ningún día para cuidar, como son quienes trabajan de forma independiente, se priorice restringir la ampliación de licencias solo para trabajadores del sector privado formal, trabajo en casas particulares y trabajo agrario, dejando por fuera a un universo de más de 3 millones de personas.

En la actualidad, no todas las personas tienen el mismo derecho a gozar de tiempo para cuidar: actualmente solo 1 de cada 2 personas que trabajan tienen acceso a licencias para el cuidado de personas para responder a necesidades familiares como consecuencia de los altos niveles de informalidad laboral y del empleo independiente (bajo la forma de monotributo o trabajadores autónomos). Hay aproximadamente 3.5 millones de personas trabajadoras independientes y 3.5 millones de personas que trabajan como asalariados no registrados (INDEC, EPH, 4to trimestre 2022), que no gozan de ningún derecho vinculado con los tiempos para el cuidado de integrantes de sus familias ni para el autocuidado.

Un avance en materia de derechos y de justicia social implica sancionar normas y formular políticas que reconozcan que el derecho al cuidado es un derecho humano de todas las personas, independientemente de su modalidad de empleo, y dejar de seguir profundizando las brechas de desigualdad de nuestro mercado laboral.

Una de las razones que se postulan para excluir de este avance a monotributistas y autónomos es el costo fiscal que implicaría. Junto a UNICEF calculamos cuál sería el costo fiscal de una reforma integral e inclusiva como la que propone el proyecto “Cuidar en Igualdad” presentado por el Poder Ejecutivo en 2022 con el objetivo de aportar evidencia para la toma de decisiones. En este caso pareciera que la decisión se quiere tomar en base a prejuicios y desinformación. Veamos un poco los números:

- Con una estimación realizada a marzo de 2022, el costo del esquema actual de licencias implica el equivalente al 0.04% del PIB.

- Si se aprobara la propuesta del régimen de licencias propuesta por el proyecto “Cuidar en Igualdad” el costo de su implementación para el primer año (que incluye a personas bajo la Ley de Contrato de Trabajo, los regímenes especiales, administración pública nacional, monotributistas, autónomos y monotributistas sociales) equivaldría al 0.08% del PIB.

- A los 6 años de implementación, el costo de equivaldría al 0.12% del PIB.

- Finalizado el período de 8 años, la implementación completa del régimen representaría el 0.14% del PIB.

El costo fiscal de incorporar a quienes hoy no tienen acceso a ningún derecho es marginal: financiar una asignación especial para monotributistas y autónomos de acuerdo con la propuesta presentada por el PEN sería tan solo del 0.01% del PIB por cada año de ampliación. Si hay acuerdo en avanzar con la ampliación del régimen de licencias para quienes hoy ya tienen la protección de la Ley de Contrato de Trabajo, reconocer estos derechos al grupo de trabajadoras y trabajadores que actualmente no cuentan con ningún derecho representa el 7% del gasto total que se tendría que utilizar para cubrir todas las extensiones planteadas.

Exenciones, deducciones y otros tipos de beneficios fiscales que muchas veces se convierten en privilegios para sectores de altos ingresos y que involucran, en la mayoría de los casos, una falta de transparencia en la justificación de esos privilegios.

Hoy en día el Estado deja de percibir casi un 2.5% del PIB que incluye exenciones, deducciones y otros tipos de beneficios fiscales que muchas veces se convierten en privilegios para sectores de altos ingresos y que involucran, en la mayoría de los casos, una falta de transparencia en la justificación de esos privilegios. Estamos hablando de exención de bienes personales a depósitos en entidades financieras, el régimen de promoción a la minería, exención de ganancias obtenidas por personas humanas residentes en el país provenientes de la compraventa de acciones y demás títulos de valores con cotización en bolsas, exención de IVA a servicios de lotería y la famosa exención del pago de ganancias del poder judicial.

En un contexto de crisis económica y restricción fiscal, estas decisiones implican la necesidad de priorizar. La pregunta es en base a qué criterios el Poder Legislativo elegiría beneficiar sólo a una porción de la población cuando el costo adicional de ampliar ese derecho a los millones de personas que hoy no tienen acceso al reconocimiento de ningún derecho, es marginal.

Frente al esfuerzo fiscal que implican las decisiones de esta naturaleza, un criterio de justicia social demanda que las decisiones del Estado contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad, no a ampliarlas.

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