Con la macro no alcanza

La mayor parte de los economistas profesionales estamos dedicados a buscar los procedimientos y políticas más adecuados para que el próximo gobierno pueda terminar con la inflación y alcanzar la estabilidad necesaria para que el país vuelva a crecer. Para lograrlo deben tomarse una serie de importantes medidas, algunas de las cuales requerirán tiempo, construcción de consensos y en algunos casos decisiones legislativas que dependerán de la correlación de fuerzas parlamentarias. La reforma del Estado y de las empresas públicas, el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos y la eliminación de los subsidios, la transformación de ciertos planes sociales en instrumentos de generación de empleo y la eliminación de la intermediación, el nivel de las transferencias a las provincias y a las universidades, y la disminución del creciente servicio de la deuda interna, serán los caminos para alcanzarlo. Al mismo tiempo, será necesario mirar con mucho cuidado del lado de los ingresos públicos, con un sistema tributario asfixiante, que llevará tiempo y muchas negociaciones, especialmente con las provincias, poder modificarlo para reconstruir un sistema eficiente y que promueva la justicia distributiva.

Detener la inflación tendrá que ser el objetivo imperativo del equipo económico del próximo gobierno. Sin embargo, las políticas macroeconómicas no serán suficientes. Harán falta otras medidas que pongan a la economía argentina a funcionar sobre bases más eficientes, desde el sistema monetario y cambiario hasta aspectos institucionales como la independencia real del Banco Central y la prohibición de financiar al Tesoro y su gasto sin límites.

Y más allá de este programa será necesario encarar, también desde un inicio, la solución de los graves problemas sociales que sufren la mayoría de los argentinos. Con un nivel de pobreza que afecta al 40% de la población, con condiciones de vida inaceptables para gran parte de ellos, con un sistema educativo destruido, sin capacidad de creación de empleo genuino, contener la inflación es indispensable pero insuficiente.

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Hay 12 millones de argentinos cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza (es decir que son inferiores a las sumas necesarias para atender los consumos básicos), la mayor parte viven en los más de seis mil “barrios populares”, según la denominación que les da el Ministerio de Desarrollo Social a las aglomeraciones de la pobreza: 8,7 millones de personas sin cloacas y más de cuatro millones con “saneamiento inadecuado”, 6,6 millones en viviendas de materiales “insuficientes o parcialmente insuficientes” (según la denominación del INDEC), y cuatro millones de ellos habitando en zonas inundables o cercanas a basurales y el 62% de esta población sin acceso a la red eléctrica o con conexiones irregulares. Más de la mitad de la población que vive en estas condiciones, habita en el Gran Buenos Aires. El resto en otros grandes centros urbanos de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán o Chaco. No preguntemos por la educación que reciben los niños y los adolescentes que crecen en ese medio: ya conocemos los resultados de las pocas evaluaciones que se hacen en el país. Ni por los estragos de la droga ni la falta de seguridad allí imperante.

Detrás de esta situación encontramos no solo las consecuencias de la persistente inflación y de las malas políticas sociales. También un gran problema de empleo. Un estudio reciente de IDESA señala que, en los últimos diez años, se crearon 2.840.000 puestos de trabajo, de los cuales solo cien mil fueron de trabajo privado registrado; el resto se dividió entre 740.000 nuevos empleos públicos, 700.000 empleos no registrados (en “negro”, sin aportes previsionales) y 1,3 millones de “cuentapropistas”. Además, hoy el país tiene una tasa de actividad muy baja. Si el conjunto de las jurisdicciones provinciales tuviera la misma tasa de ocupación de la Ciudad de Buenos Aires, habría alrededor de ochocientos mil demandantes más de empleo y la tasa de desocupación (hoy ya atenuada por las definiciones estadísticas del INDEC) sería muy superior a la actual. Esta pobre situación del empleo, a su vez, descansa en varios factores. Del lado de la demanda: una legislación laboral que favorece la conflictividad y no promueve la generación de empleo, falta de incentivos a la inversión privada, una pobre infraestructura que eleva costos y baja la competitividad a numerosos sectores y regiones del país y, desde hace varios meses, una creciente recesión. Y del lado de la oferta: desincentivos como el bajo nivel de salarios en los sectores informales, la misma informalidad de la mayoría de las ofertas de trabajo y una baja capacitación para poder acceder a empleos formales o bien remunerados.

Pobreza, malas condiciones de vida y falta de empleo productivo es la combinación de problemas tendrá que enfrentar el próximo gobierno al mismo tiempo que procure sacar al país del círculo vicioso de la inflación y sus consecuencias. La alternativa es ver el problema en su conjunto y fabricar, a partir de allí, oportunidades para que esto pueda ser también parte de la solución. En ese sentido cualquier programa de gobierno debe ir más allá de la macro e incluir, desde el inicio, otros elementos.

En primer lugar, un gran programa nacional de construcción de vivienda social y de obras municipales de mano de obra-intensivas (cloacas, redes de provisión de agua, de electricidad, eventualmente de gas, cordones y veredas, afirmado y asfaltado, luz en la vía pública). El gobierno nacional, hoy, tiene en curso un par de miles de obras de este tipo, financiadas desde el gobierno nacional y generalmente ejecutadas por los mismos municipios o por supuestas “cooperativas de trabajadores”. También cuenta con algunos programas de vivienda social, todos a través de proyectos dispersos en diferentes ministerios y ordenados según criterios esencialmente electoralistas. Es necesario ampliar la cantidad de esas obras, contar con un mecanismo único de procesamiento, seguimiento, auditoría y aprobación de certificados de obra y, especialmente, con un manejo centralizado y eficiente del financiamiento. Habrá que reunir recursos procedentes de provincias y municipios y especialmente de organismos financieros internacionales (BID, BM, CAF, Fonplata) que hoy están siendo utilizados en un elevado número de proyectos de baja productividad y muchas veces de discutible utilidad pública. Poco podrá aportar la Nación en una primera etapa, atento los inmensos recursos que serán necesarios para atender la deuda que dejará el gobierno saliente y las correcciones presupuestarias indispensables para poder terminar con el déficit fiscal y detener las presiones inflacionarias. Pero hay recursos disponibles si se los sabe canalizar y administrar.

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Además, y esto es lo más importante, un programa de esta naturaleza podrá ser una fuente destacada de generación de empleo. Para poder concretarlo será necesario una fuerte campaña de formación profesional a nivel nacional, con la participación de las provincias, de los municipios interesados y especialmente de los sindicatos y asociaciones empresarias del sector. Todas son instituciones con experiencia y voluntad de llevar adelante una iniciativa de este tipo, falta solamente una decidida conducción política que cuente con objetivos definidos y con los instrumentos legales necesarios para poder encarar una iniciativa de particular complejidad.

Como parte de este proceso será de importancia poner en marcha una nueva legislación para las futuras micro, pequeñas y medianas empresas durante sus primeros cinco años de existencia. Es necesario que estas cuenten con un sistema de registro de las empresas y de sus trabajadores, sencillo y de bajo costo, que cuenten con cargas impositivas y previsionales y plazos de liquidación que las inciten a incorporarse y mantenerse dentro de la formalidad y que les permitan, a medida que la empresa se consolida, pasar al régimen general. Esto será fundamental para facilitar a miles de “cuentapropistas”, pequeños empresarios y cooperativas informales, participar de este proceso de construcción de miles de obras que puedan devolver la vida en condiciones dignas para quienes hoy permanecen en las que hemos descrito más arriba.

En segundo lugar, es también necesario poner desde el primer día del próximo gobierno en funcionamiento un amplio plan de obra pública y servicios, con financiación privada, mediante concesiones y recuperable mediante peajes u otras formas de pago de los servicios prestados. Solo así, con un Estado hoy quebrado y sin crédito, será posible mejorar los servicios, bajar los costos y extenderlos a lo largo del país, en materia de transporte terrestre, ferroviario y fluvial, comunicaciones, energía, ductos, canales y puertos. En pocos meses, contando con los instrumentos legales necesarios, que deben incluir un sistema de entes reguladores autónomos y profesionalizados, será posible generar grandes inversiones y otra fuente importante de mano de obra y actividad económica dirigida a reactivar el funcionamiento del aparato productivo.

Reiteramos, terminar con la inflación y reencontrar la estabilidad debe ser el objetivo fundamental y prioritario, pero para poner de nuevo en marcha el país y hacer frente a los grandes problemas sociales que han surgido en los últimos años, “con la macro no alcanza”. No podremos terminar con la inflación ni alcanzar la estabilidad sin poner en marcha otra serie de objetivos sociales que permitan sustentar el esfuerzo necesario para lograrlo.

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