El BCRA es parte del problema de la depreciación del peso

El Fondo Monetario Internacional propone sugerencias”, o condiciones cada vez que le otorga a un país miembro un préstamo, un nuevo desembolso o un stand by en pos de recobrar el dinero entregado.

En general, la mayoría de ellas tienden al ordenamiento fiscal, entendiendo por esto, acomodar los ingresos y egresos internacionales (balanza comercial y balanza de pagos) y “sincerar los precios relativos de los bienes y servicios que se ofrecen dentro de la economía”, es decir, dejar de intervenir en los precios vía retenciones sobre las exportaciones, tipos de cambio múltiples, subsidios a los servicios o control de precios, por ejemplo.

Desde el primer préstamo que la Argentina recibió del FMI hasta este último desembolso, estas consideraciones estuvieron presentes entre las cláusulas de los documentos técnicos que respaldan los acuerdos. Sin embargo, en aquel famoso crédito de USD 57.000 millones que Argentina tomó en 2018, de los que recibió USD 45.000 millones, se incorporó una “cláusula o condición” sumamente extraña: “... desalentar el uso de criptomonedas con miras a prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación”.

Durante los últimos meses se ha asistido a un escenario de cómo la Argentina intenta cumplir con la mayoría de las consideraciones que acordó con el FMI. El ajuste fiscal producido por efecto de la permanente devaluación del peso, en términos de tipo de cambio libre (CCL o MEP) reduce en términos de dólar al gasto público. Los salarios de los trabajadores, las jubilaciones y las ayudas sociales solo son representativas en término de pesos, si se convierten a moneda dura apenas superan un par de cientos de dólares.

En las últimas semanas se han anunciado aumentos en los servicios públicos de gas y luz, al igual que la suba mensual de combustibles. En materia de bienes de consumo masivo cada vez son menos los productos que se pueden acceder en el programa de precios cuidados y el aumento de la canasta alimentaria es superior al de la inflación.

Los tipos de cambios oficiales cada vez sirven para menos operaciones. Desde el dólar soja, agro, etc. hasta la falta de divisa oficial para importar alertan a los importadores a subir los valores de referencia hacia otros tipos de cambio más realistas y accesibles.

Con respecto a las criptomonedas, el 4 de mayo, el Banco Central de la República Argentina dictó una resolución en la que establece que los proveedores de servicios de pago, PSP, no podrán realizar ni facilitar pagos u operaciones con criptoactivos. Ya había definido algo similar para los Bancos durante el pasado año.

La agencia de noticias canadiense Global News, el pasado 24 de abril publicó un artículo bajo el título “El FMI rescata a Argentina sólo si el país adopta una postura anti cripto”, anticipándose a la resolución que el BCRA emitió 10 días después.

Ahora bien, conviene analizar la razonabilidad y conveniencia de esta medida para un país en cuya economía faltan alternativas de inversión y los tenedores de pesos se desesperan por quitárselos de encima por la permanente pérdida de poder adquisitivo.

Si los bancos, las billeteras electrónicas o los proveedores de servicios de pagos dejan de operar criptomonedas o activos digitales se pierde una parte fundamental en la trazabilidad de las operaciones. Bien sabido es que el sistema bancario tradicional cuenta con regulaciones y controles que van desde la apertura de cuentas hasta las misma transacciones. Esta medida iría en contra de las razones por las cuales el mismo FMI sugiere desalentar su uso.

Dejar al mundo de los activos digitales por fuera del sistema financiero es una invitación a la marginalidad pues quienes tienen dinero bancarizado deberían retirar los fondos para ir a “cuevas” que trabajan con efectivo.

La medida termina impulsando el valor del dólar americano, pues quien quiera salir de los pesos para pasarse a activos digitales deberá retirar el dinero del banco para interactuar entre ambas plataformas, los pesos físicos y los digitales excluidos.

También produce mayor presión hacia la divisa por que quien antes compraba con pesos dólares digitales fácilmente ahora tendrá que recurrir a cualquiera de las otras alternativas (CCL, MEP o Blue). El dólar digital significó una alternativa al atesoramiento en moneda extranjera sin que esto represente una presión directa sobre las reservas del central.

Marginalizar a las operaciones con activos digitales significa reducir la capacidad de percibir impuestos por los resultados que con ellas se obtienen, tales como ganancias o bienes personales, sin excluir al de los ingresos brutos que rigen en algunas provincias.

Sin embargo, tal vez, el peor de los efectos sea desalentar a una pujante camada de jóvenes tecnológicos que han creado miles de empresas fintech con proyección global, que forman parte de la solución que la Argentina necesita para resolver los problemas que la vieja política económica dista de solucionar, cambiando la reglas cada 90 días, complicando un incipiente mercado que compite con estructuras.

Cuando la tasa de interés deja de ser la única forma de remunerar un crédito el costo del financiamiento puede ser muy alto.

Seguir leyendo: