Las causas judiciales por corrupción, narcotrafico, trata de personas, secuestros extorsivos, evasión fiscal, contrabando, lavado de dinero, asociacion ilícita y medio ambiente, entre muchos otras, son investigadas por los jueces federales de primera instancia, y pueden ser recurridos por las partes mediante la interposición de recursos (Apelación o Casación) para garantizar los derechos de todas las partes del proceso (fiscal, defensa, víctima-querella). Allí entran en juego los tribunales (viene de tribuno, tres) colegiados para revisar lo que hicieron los jueces de primera instancia. En primer lugar, para las recursos contra las resoluciones de los jueces de primera instancia interviene la Cámara Federal de Apelaciones. Luego, la máxima instancia penal es la Cámara Federal de Casacion Penal, que interviene a través de sus cuatro salas en los recursos contra las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales Orales Federales o las decisiones equiparables a resoluciones definitivas dictadas por una Cámara de Apelaciones. De esta forma, se garantiza la “doble instancia”. Por ello, de última ratio y como una eventual tercera y ultima instancia, y muy excepcionalmente, el caso penal federal puede ser recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Los tribunales colegiados (orales, Cámaras -con una o más Salas- de Apelación o Casacion y la CSJN) tienen una dinámica de trabajo diferente de la que rige en los juzgados que tienen una conducción unipersonal (el juez), tanto en cuanto al trámite de los expedientes judiciales como en lo relativo al ejercicio propio de la jurisdicción. Con excepción de la intervención unipersonal de los tribunales colegiados, en casos de juicios abreviados a penas por debajo de los 6 años, probation, y recusaciones.
El trámite del expediente judicial en un tribunal colegiado es dirigido por el Presidente del mismo. Entre otras actividades, el titular fija el cronograma de audiencias y las dirige durante su celebración, con la asistencia del Secretario. La Secretaría del Tribunal es la agencia judicial a cargo de la ejecución de las decisiones del trámite (notificaciones a las partes, libramiento de oficio y, custodia de los efectos secuestrados). En los casos que tramitan por el Código Procesal Penal Federal (provincias de Salta y Jujuy y recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal), el trámite lo realiza la Oficina Judicial.
Las decisiones sobre la controversia planteada por las partes son tomadas por mayoría de votos (en varias ocasiones, se adoptan por unanimidad), en el marco de un acuerdo en el que los jueces integrantes del tribunal colegiado deliberan y exponen sus argumentos sobre la cuestión a resolver. Los argumentos finalmente quedan plasmados en los considerandos de la sentencia.
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Las cámaras resuelven los casos judiciales a través de sus salas integradas por tres jueces y, además, dictan la jurisprudencia plenaria (obligatoria para la cámara que la dicta y para los tribunales inferiores), con la intervención de todos sus miembros (Pleno). Mientras que la sala resuelve un caso que le llega por vía de recurso característico de su competencia (por ejemplo, recurso de casación para la Cámara Federal de Casacion Penal) el Pleno del Tribunal resuelve, por convocatoria de una de sus Salas o de una parte en el proceso (recurso de inaplicabilidad de ley), para unificar la doctrina sobre una determinada cuestión y evitar el dictado de sentencias contradictorias por parte de las distintas salas, con el propósito de garantizar el principio de igualdad constitucional.
Los tribunales colegiados cuentan con una secretaría con personal propio y cada uno de los jueces integrantes (“vocal”) tiene un equipo de trabajo que colabora con él en el desempeño de su función (denominado “vocalía”). Por esta razón, hay decisiones (por lo general, resoluciones interlocutorias, como puede ser aquella que evalúa un pedido de excarcelación) que son adoptadas por resolución conjunta de los tres jueces (la sentencia tiene una argumentación común para todos los integrantes), cuya proyección queda a cargo del secretario del tribunal. Mientras que las decisiones definitivas (condenas o absolución), o las interlocutorias que presentan mayor complejidad, son adoptadas mediante la emisión de votos independientes por parte de cada uno de los miembros del tribunal, con la intervención del personal de vocalía en el estudio del caso.
Cuando los jueces emiten sus votos por separado, el secretario del tribunal en cuestión realiza un sorteo para determinar el orden de votación de los magistrados. En tal caso, los expedientes circulan por las vocalías para ser estudiados por los distintos equipos de trabajo de cada uno de los jueces. Con posterioridad a la audiencia (oportunidad en la que se escucha a las partes sobre la cuestión a resolver), los jueces deliberan y acuerdan la decisión del caso. Los argumentos expuestos durante la deliberación (cada uno de los votos) y la propuesta de solución de cada juez son luego plasmados en los considerandos de la sentencia, mientras que la decisión final del tribunal (unánime o por mayoría) queda asentada en la parte dispositiva (fallo).
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Esa circulación de expedientes hace recomendable la elaboración de protocolos de actuación sobre plazos de estudio para cada una de las vocalías, conservación de proyectos de voto y de antecedentes relevantes del caso, “voto por cuestiones” y “confronte” de votos previo a la firma por parte de los jueces.
Cuando los jueces emiten sus votos por separado, pueden optar por circular la causa tantas veces como cuestiones (temas) a decidir se hayan planteado resolver en la deliberación (por ejemplo, admisibilidad formal, prueba de los hechos, intervención del imputado, calificación legal, individualización de la pena, costas del proceso) o emitir individualmente el voto sobre la totalidad de las cuestiones planteadas, y luego circular el expediente al vocal siguiente en el orden de votación.
Al momento de armar la sentencia definitiva con los tres votos de los jueces del tribunal es importante verificar que las versiones de votos plasmadas en la sentencia se correspondan con el último proyecto ajustado por el juez (a esta actividad se la denomina “confronte”). Finalmente, es importante constatar que exista mayoría sustancial de fundamentos entre, al menos, dos de los tres jueces que se pronuncien en el caso, como requisito de validez de la sentencia.
Sobre la circulación de expedientes (actualmente expediente y firma electrónica), la Corte Suprema ha expresado que considera que la publicidad de los registros sobre aquellos movimientos contribuye a profundizar la transparencia de los trámites que se cumplen ante la más alta instancia judicial de la República, a la par que permite llevar a cabo un adecuado control por parte de todos a quienes concierne e interesa el mejor funcionamiento del Poder Judicial. Por dichas razones, estableció el carácter público de todos los registros llevados por las secretarías de la Corte Suprema. y por las mesas de entradas que de ellas dependan sobre la circulación entre los jueces del Tribunal de los expedientes de cualquier naturaleza. Además, dispuso que el acceso a la información se rija con el alcance que prevé el Reglamento para la Justicia Nacional con respecto a la revisión de las causas.
De esta manera, se garantiza un control judicial de los fallos y la transparencia comunicacional.
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