Salud burocrática

Todos nos acordamos de la salud cuando nos falta. Y estas elecciones no son una excepción a la regla: nadie habla del déficit sanitario cuando parte del caos imperante se destapó durante la pandemia y su discutible manejo, tanto de la salud como de la economía.

Las elecciones son el momento propicio para preguntarnos qué país queremos y una gran parte de nuestras necesidades pasan por la salud, aunque menos del 5% de la población lo tenga entre sus prioridades (cuestión que refleja la premisa con la que iniciamos este artículo). Este es el momento de valorar qué nos proponen los candidatos y meditar sobre cuál es el sistema de salud que necesitamos.

No es esta una pregunta semántica sino una obligación moral, porque de seguir con este sistema marchamos inexorablemente hacia una crisis terminal, después de haber gozado por décadas de una medicina que estaba entre los mejores de Latinoamérica.

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Si bien la suma que se destina a salud (casi el 9% del PBI) no es mucho menor al de países del primer mundo, estamos lejos de la calidad que ofrecen otras naciones. Y entre las causas de este déficit es que el dinero no llega a los efectores, diluido en una burocracia redundante que se da tanto en el hospital público, las obras sociales y el (mal llamado) sistema prepago.

El hospital público está colapsado por años de desinversión y una alta carga de funcionarios que consumen los dineros aportados por los contribuyentes sin que eso se traduzca en más eficiencia. Los médicos, generalmente mal pagos, trabajan en condiciones precarias. Los residentes mantienen los hospitales funcionando mientras intentan aprovechar al máximo el tiempo concedido para su formación. Pero hasta esto se ha visto deteriorado porque están quedando puestos vacantes en los hospitales públicos en especialidades esenciales como la pediatría, psiquiatría y clínica médica. Las causas de este déficit son varias: la mala remuneración, la litigiosidad y las malas condiciones de trabajo (guardias prolongadas, falta de material, asistencia inadecuada, entre otras cosas).

A medida que aumentan los índices de pobreza, la demanda hospitalaria evoluciona paralelamente, asistiendo al colapso de la salud pública que fue creada en un país donde la pobreza no superaba el 15 % y ahora debe asistir a casi la mitad de la población.

Mucho se ha hablado de un sistema único de salud pero conviene tener bien en cuenta que fue el mismo Estado nacional el que hizo deficitario al sistema de salud pública. ¿Vamos a concederle una vez más el cuidado de la salud, después del fracaso en la administración de los hospitales?

En las obras sociales el panorama es aún más oscuro, donde la burocracia es la única reina. Desde hace años el gobierno aporta generosas cifras a los gremios para mantener su oneroso andamiaje, sin control administrativo. Por año los gobiernos dan varios miles de millones de dólares para mantener un sistema insuficiente, de estructuras redundantes. Ese cantito combativo de los 70 “se va a acabar la burocracia sindical” es cada día más lejano y todo el dinero de las obras sociales ha permitido prolongar la conducción de los gremialistas cuyos cargos se parecen a los de la más rancia nobleza: se heredan.

Eso sí, de salud no hablamos, ni de eficacia en la administración, ni de honorarios dignos a los médicos. Argentina es el único país del mundo donde casi la mitad de la salud de la población está en manos de sindicalistas.

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Por último, tenemos las prepagas (que lo son para los afiliados, pero son postpagas para los profesionales del arte de curar), surgidas en los 50/60 justamente para que mediante el pago de una cuota mensual los afiliados no sufriesen los déficits de los sistemas relatados utsupra.

Así dicho parece lógico, pero en estos últimos 30 años se han descubierto varias miles de enfermedades nuevas y existen otros cientos de tratamientos impensados hace dos o tres décadas. Los costos de la salud no son los mismos que entonces y los guarismos se han encarecidos también, porque los sucesivos gobiernos aumentaron las coberturas que estaban obligadas a brindar, como ser tratamientos para la obesidad, cinturón gástrico, fertilización asistida, entre otros.

Cada día las prepagas se escudan en la burocracia para desalentar el consumo y atrasar el pago a los prestadores que, en algunos casos, llega a los 120 días (que en este contexto inflacionarios significa un descuento del casi 50%). De allí que muchos profesionales han dejado de atender por prepagas .

En este marco inflacionario y de deterioro estructural que conduce al achicamiento de la clase media (baluarte sociológico del que se ufanaban los argentinos hace pocas décadas atrás) conduce a un deterioro de la calidad asistencial, de la jerarquía profesional y de la tecnología y terapéutica.

Muchos son los que han pagado su cuota por 20/30/40 o más años , acumulando una suma millonaria, pero cuando necesitan esa asistencia, ya no tiene su médico de confianza, ni especialista de su elección, ni servicios odontológicos y deberá sufrir largas demoras para ser atendido en servicios cada vez más abarrotados y decadentes.

Un detalle no menor para adultos mayores es que dicha burocracia se disfraza de dictadura digital que lo obliga a hacer sus trámites “on line”, pero que resultan más largos y complejos y solo agregan demoras a su atención. En España, este grupo etario ha logrado una modificación de las normas que los obligan a trámites digitales al grito “Somos mayores, no idiotas”.

¿A dónde fue la plata que usted le dio al sistema cuando era joven y sano para cuando fuera viejo y enfermo? Pues se ha diluido como se le diluyó su jubilación y sus ahorros, como se deterioró la educación y se desvanecieron sus esperanzas en este proceso que tiene mucho de estafa piramidal y más aún de decadencia.

Por eso, la salud no debe estar ausente del debate electoral y la respuesta de los candidatos debería ser más concreta que una proclamación de buenas intenciones, de slogans y clichés.

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