Después de 29 años de pesadilla, murió Fructuoso Álvarez González, el asesino de José Bagnato y Alicia Plaza, sus hijos Fernando y Alejandro, y Nicolás Borda, un amigo del menor de los chicos. De la tragedia, solo sobrevivió Matías.
Fue la muerte del asesino la única que pudo cerrar con años de angustia, incertidumbre, dolor y miedo.
Hoy, estamos todos aliviados. Hoy es momentos de hacernos algunas preguntas. Hoy es momento de reflexionar juntos. ¿No debió ser el sistema de justicia el que le diera este alivio a Matías hace tiempo? ¿Por qué tuvimos que esperar una muerte de un asesinato terrible para que Matías pueda finalmente comenzar su vida?
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Nos debemos un debate serio y responsable, sin grietas, sobre el sistema de justicia penal, los derechos de las víctimas de delitos y una política criminal a largo plazo que nos contemple a todos; acusados y víctimas.
A Matías Bagnato, el Estado le falló una y otra vez. Repito. A Matías Bagnato el Estado le fallo una y otra vez.
Primero, cuando no evitó el hecho, a pesar de las reiteradas denuncias que habían hecho sus padres y abuela. Su abuela ya había sido agredida física y psicológicamente, lesionada, obligada a consumir cocaína y humillada por el asesino. Y no fue una sola denuncia, fueron muchas las denuncias archivadas en la Comisaría. Demasiadas.
Segundo, cuando el asesino -pudiendo seguir su vida en España- volvió a la Argentina. Migraciones lo demoró, pero debido a que el juez a cargo de la causa nunca le respondió a ese organismo si debía quedar o no detenido, tuvieron que dejarlo entrar al país. La excusa del juez fue “se me pasó, tengo demasiado trabajo”. Les pido que por favor lean nuevamente la excusa del juez. Para que dimensionemos la ausencia del Estado en algunas ocasiones.
Esto no fue gratis. Le dieron razones suficientes al asesino para que se sienta impune, sin control. Enseguida comenzaron las amenazas de muerte nuevamente. Matías desde ese instante perdió su libertad. Libertad que nunca fue plena porque estaba en constante estado de alerta. Asi fue que tuvieron que ponerle seguridad, no podía ir a trabajar, no podía salir de su casa, no podía vivir. Comenzaba otro calvario.
Matías no era responsable de absolutamente nada. Solo perdió a sus seres queridos, su libertad, y hasta su dignidad.
Un año vivió sin vivir, hasta que finalmente detuvieron a Fructuoso. Ustedes diran… ¿Comenzó la paz? La respuesta es No.
Lo que comenzó fue un derrotero de pedidos de libertad condicional, extrañamiento nuevamente, fijación de pena, libertad asistida, todo cada 6 meses.
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Cada 6 meses durante casi 10 años Matías pausaba su vida, esperando la respuesta del juez, después de la Cámara y, cuando esto terminaba, iniciaba otro pedido. Entre medio de nuevas amenazas y la certeza de que iban a ser cumplidas, porque cuando dijo que los iba a quemar vivos a todos, lo hizo.
El Estado volvió a fallar durante estos últimos años. Fue la tercera vez que lo hacía. Sin embargo NO PUDO GARANTIZARLE A MATIAS - después de todo el sufrimiento y perjuicio que tuvo - el derecho a desarrollar su vida con normalidad. Lo sometió a un constante padecimiento psicológico ante la posibilidad de que el asesino recupere su libertad.
Estamos frente a un sistema de justicia que no contempla las necesidades y los derechos de las víctimas de delito. Que entiende que no es su responsabilidad. El Estado debió ser capaz de darle a Matías una solución hace muchos años atrás. Debió ser el Estado y no la muerte la que le diera paz a Matías.
Una ley para las víctimas
Si bien en el año 2017 el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, queda mucho por hacer para que los principios y garantías que ella prevé se cumplan.
Esta ley forma formó parte de una política pública que asumió el compromiso de darle a las víctimas el lugar que nunca tuvieron. Su sanción unánime fue acompañada por una reglamentación e implementación rápida y la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos.
Sin embargo, una ley por si sola, no cambia realidades. Debe ir acompañada de una política criminal a largo plazo comprometida con tener un sistema de justicia penal moderno. Y aquí debemos entender que no puede ser modificada cada 4 años según el gobierno que este de turno.
Como lo dijo muy claramente Matías en su conferencia de prensa: “un asesino no le pregunta a la víctima a quién votó para apretar el gatillo, lo hace sin más”.
Requerimos acuerdos fundamentales que hacen a la construcción de una república. La búsqueda de consensos políticos significativos sobre la política criminal debe ser una prioridad para la próxima gestión. Y en ese consenso debe estar, sin lugar a duda, la protección de los derechos de los habitantes, de todos.
En Argentina nos hemos quedado en el tiempo usando al populismo penal como fundamento del sistema de justicia. Este enfoque ha llevado a grandes desigualdades, en las que se terminó brindando protección solo a un grupo de víctimas, provocando víctimas de primera y segunda clase. Algunas con acceso a abogados gratuitos, asistencia y reparaciones pecuniarias y otras que quedaron en total soledad, incluso en muchos casos estigmatizadas por su búsqueda de justicia.
La Argentina requiere urgente un cambio de paradigma. Debemos replantearnos algunas normas que regulan la ejecución de la pena. Por su parte, los operadores judiciales deben comprender la responsabilidad que les cabe en la concreción de un sistema penal más justo, donde la dignidad de la víctima, con todo lo que ello implica, sea tenida en cuenta durante todo el proceso.
Un sistema de justicia penal justo y equitativo será sólo aquel que asegure que los derechos de todas las personas involucradas en el proceso son respetados y protegidos.
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