Entropía como resultado de la ineficacia gubernamental

La palabra entropía procede del griego (θτρωπη) y significa evolución o transformación, es una medida del desorden. ¿Egos, ignorancia, falta de compromiso, relativismo punitivo, desprecio por la actividad de inteligencia criminal, mezquindades políticas, concusión, corrupción o tal vez, cooptación política por parte de las bandas organizadas?, ¿Podrían ser estos los interrogantes que nos permitan dilucidar porque hemos llegado a evolucionar en materia de seguridad pública, de esta manera y en tan solo diez años?

Hace 10 años explotaba la guerra narco en Rosario, esa bella ciudad a la que muchos ya denominan por su trágico presente como la Sinaloa Argentina. El 26 de mayo del año 2013, se registra el hito a partir del cual la historia criminal de rosario sufrió una violenta transformación, haciendo estallar de manera dramática la tasa de homicidios dolosos en la ciudad y su zona de influencia.

Esa noche, un joven Claudio Cantero al que todos en el submundo marginal conocían como “El pájaro” y lo señalaban como el líder y cerebro de la organización criminal conocida como “la banda de los monos”, resultaba asesinado de múltiples disparos, en una acción que con pasmosa impunidad alumbraría, el sello distintivo y brutal de desprecio por la vida, con que operan estas bandas: el sicariato.

Para quienes están en la gestión de la seguridad, el homicidio de Cantero debió significar una advertencia, una especie de alerta temprana de lo que se podría gestar a partir de dicho evento, al menos en la reconfiguración de la trama de poder de la organización que él comandaba y de quien o quienes, pretendieran disputarle el poder. Los hechos lamentablemente dan cuenta que esto no fue así.

Desde el año 2013, las estadísticas no han hecho más que reflejar cómo con pequeñas oscilaciones, los números de personas muertas de forma violenta se han mantenido, haciendo eclosión en estos últimos dos años. En efecto el año 2022 ha quebrado el macabro récord de asesinatos que ostentaba el año en el que todo comenzó (2013), llegando a la increíble cifra de 288 personas que han visto truncada su vida por decisión de algunos pocos delincuentes y por la omisión, quizá de muchos funcionarios que no aciertan a dar con la solución a este terrible flagelo.

La conformación, expansión y transformación de estos grupos ha estado en continuo desarrollo en los últimos diez años, aprovechando para ello, las ventajas que el estado (por acción u omisión) les brinda a este tipo de organizaciones.

No es razonable que después de diez años estas estructuras no solo se hayan consolidado en el territorio, sino que además hayan logrado diversificarse, fraccionarse, fusionarse y replicarse por el accionar de sus líderes, quienes cumpliendo penas en distintas cárceles (provinciales y federales), lograron convertir la cárcel en un búnker desde los que desarrollan sus actividades criminales, en una especie de criminal home que se abstrae por completo del control estatal o, a ojos vista, el Estado se niega a controlar.

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En Santa Fe, han pasado diez años, tres gobernadores de distinto signo político, cinco ministros de seguridad, varios jefes policiales desplazados y el servicio penitenciario de la provincia que no logra gestionar de manera confiable, el alojamiento de los internos que ellos mismos categorizaron como de alto perfil. Estos son datos que certifican la falta de estrategias en cuanto a la gestión de la peor crisis de seguridad pública, con preocupantes vínculos derivados que exceden el mero marco de la geografía provincial.

En el marco de lo descripto, las cárceles ocupan un rol significativo, por lo que podrían hacer y no hacen y por las consecuencias irreparables de lo que no se hace, en la lógica de neutralizar el accionar de estas organizaciones criminales de estructuras complejas, desde el interior de las prisiones.

Una de las principales vías de gestión criminal, para los que se encuentran privados de su libertad, son los teléfonos celulares. A través de ellos, cualquiera de estos grupos logra conectarse, reunirse virtualmente y desde ahí, planificar, organizar, ejecutar y controlar el resultado de sus emprendimientos criminales.

Ante este fenómeno que conjuga perversamente la confluencia de edificios carcelarios del siglo XX (algunos de las postrimerías del Siglo XIX), con internos que administran recursos tecnológicos propios del siglo XXI y una carencia de recursos penitenciarios acorde a los desafíos que la criminalidad compleja presenta, llama la atención que no se haya cumplido con los anuncios que (usualmente después de cada hecho traumático en términos de seguridad pública), efectúan las autoridades de seguridad de la provincia de Santa Fe.

A la fecha nos encontramos con que los centros penitenciarios de Santa Fe, aún no han incorporado medidas electrónicas de carácter activo como son los inhibidores de telefonía móvil; sin embargo, desde el año 2016 que se han hecho anuncios en esa dirección.

Hace pocos días, el secretario de asuntos penales y penitenciarios Walter Gálvez volvió repetir que se estaba trabajando en la adquisición de un sistema para acabar definitivamente con este problema. Confiamos en que logren resolverlo, pero los antecedentes no avalan lo declarado.

Es justo destacar que a nivel nacional ocurre lo mismo. Las cárceles federales tampoco cuentan con sistemas inhibidores o emuladores de señal telefónica móvil y nada parece indicar que en el corto plazo logren revertir esta realidad.

No es algo menor. Según investigaciones efectuadas ex post de hechos luctuosos, se ha determinado que desde las cárceles federales se han ordenado ejecuciones de personas que muchas veces han terminado con vidas, completamente ajenas a cualquier actividad criminal.

Basta con mencionar solo dos de los tantos hechos aberrantes sucedidos en estos dos últimos años, uno de ellos, el homicidio de la profesora de danza árabe Virginia Ferreyra (32) y de su madre, Claudia Deldebbio (58), ocurrido la fría tarde/noche del 23 de julio de 2022.

Para los fiscales, la orden la impartió René Ungaro, detenido en ese entonces en Ezeiza –en agosto de ese año fue trasladado a la Unidad 6 de Rawson– siendo este uno de los delincuentes más pesados de Rosario.

El otro hecho fue el de la muerte completamente al azar del artista y músico Lorenzo Altamirano, cuyo cuerpo fue arrojado (luego de ser acribillado a balazos ), en inmediaciones del estadio de Newell’s Old Boys de Rosario. Las investigaciones permiten inferir que la orden partió de un establecimiento carcelario de jurisdicción federal.

También se ha demostrado que a través de la telefonía móvil, el interno Julio Rodríguez Granthon, alias “El peruano”, conduce su actividad criminal desde una cómoda celda de Ezeiza, reportándole ganancias aproximadas a los USD 300.000 mensuales.

Para finalizar con los ejemplos, el detalle que corona este compendio de descontrol estatal, sobre el accionar de estas bandas operativas en el interior de las prisiones, fue la planificación del fallido rescate en helicóptero, organizado por el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, quien valiéndose de un teléfono celular y un smartwatch, vulneró la inexistente seguridad penitenciaria, al traficar imágenes vía electrónica de lo que se suponía era el módulo más seguro y controlado. Su neutralización obedeció a factores externos a la capacidad de detección de la amenaza dentro de la cárcel.

La cercana presencia de los actos comiciales puede y debe ser asumida como un horizonte cercano de oportunidades, que a través de acciones articuladas en el marco de una estrategia de seguridad pública con eje en el plano municipal, provincial y nacional, permita revertir este flagelo que castiga impiadosamente a la sociedad.

Para ello el diagnóstico elaborado, debe ser atendido con la celeridad y profundidad que la situación aconseja. Quien encare el problema debe saber que cuenta con; una Policía provincial desbordada y con una marcada crisis estructural e inadecuada formación de sus cuadros ante este fenómeno de la criminalidad organizada y un Servicio Penitenciario Provincial, altamente ineficiente, irregular y sin protocolos de seguridad pública. Sin categorizar y segmentar los espacios de alojamiento, en función de los riesgos que la gestión de estos internos significa.

También con carencia de ley de narcomenudeo, una Justicia Provincial desbordada y con estructuras insuficientes, una Justicia Federal reducida, con escasos recursos y un sin número de vacantes que no se ocupan y un obsoleto esquema de Inteligencia Criminal con impacto e incidencia a nivel provincial y nacional. Otro factor es la Fflta de integración en materia de seguridad publica de actores, municipales, provinciales y nacionales con metas claras y definidas con plazos y controles cruzados de cumplimiento en la ejecución.

Quizá para quienes se hagan cargo de esta situación, resulte inevitable disponer una intervención por el tiempo necesario, que le permita efectuar un paneo completo de las distintas dependencias gubernamentales con injerencia en materia de seguridad.

Ello incluye algo que muy pocas veces o nunca se tiene en cuenta, las terceras líneas ejecutivas que son los sedimentos de distintas gestiones que se van consolidando con poder de fuego en cuanto a la instrumentalización de las medidas que dispone el ejecutivo. Muchas veces por sesgos de formación o pertenencia, obstruyen las acciones necesarias para acabar con un problema.

La compilación de leyes, decretos y reglamentaciones que dan forma al andamiaje jurídico legal en el cual se desenvuelven las diferentes instancias gubernamentales vinculadas a la seguridad pública, para su rápido estudio y determinación de utilidad en este contexto. Abundante normativa no es sinónimo de excelencia o mejores prestaciones sino todo lo contrario.

Revisión de las normas citadas y producción de instrumentos legales que contengan claras acciones en la lucha contra el delito en sus diferentes variantes, pero fundamentalmente, centradas en la detección, mitigación y posterior neutralización de las organizaciones criminales, de estructura simple y compleja que operan en toda la provincia, en el país y sus vínculos en la región LATAM.

Puesta en valor a través de iniciativas que surjan del ámbito provincial, articuladas con el Servicio Penitenciario Federal, del Consejo Federal Penitenciario (COFEPE), desarrollando protocolos de actuación comunes para el sistema penitenciario nacional (integrado por el S.P.F. y 23 servicios Provinciales) en cuestiones referidas al trato y tratamiento de actores vinculados a escenarios disruptivos de la seguridad pública, a nivel provincial y nacional, permitiendo el flujo de información sensible de manera precisa y oportuna entre los diferentes actores de dicho sistema.

En definitiva, un arduo trabajo espera a quien corresponda afrontar el desafío de restaurar uno de los activos más importantes de la vida democrática como lo es la seguridad Publica, que solamente será posible lograr, con el compromiso activo de todas sus partes pero fundamentalmente con apoyo político, el que deberá elevarse para trascender el mero espacio partidario, a fin de transformar la agenda de seguridad pública, en una política de estado que tenga por finalidad el bien común de toda la ciudadanía.

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