Ecocidio: defender la casa común

La irrupción del Calentamiento Global en el campo del ambientalismo internacional incrementó exponencialmente las valoraciones sobre la colisión histórica entre protección de la naturaleza y la producción de bienes y servicios. Las largas definiciones que se nos revelaron en los años ‘70 cobraron nuevos bríos. Es así que lo que denunciábamos como la expoliación o explotación de los recursos naturales no renovables, quedó en desuso.

Nos referíamos altri tempi a las actividades de extracción y procesamiento de la materia prima disponible en la naturaleza, con fines de obtención de energía y de manufacturación de insumos industriales o de productos elaborados de consumo. Hoy corren tiempos distintos en el uso del lenguaje para definir la emergencia.

Hay una preocupante acumulación de conceptos que pretenden, de aquí en más, tratar de alarmar sobre la gravedad inusitada a la que hemos llegado agrediendo al ambiente. Es que hemos sobrepasado el límite de subsistencia y a diario son incontables las especies vivas que agonizan o directamente ya han desaparecido. A no dudarlo, es un diagnóstico muy preocupante y la palabra “ecocidio” resume toda la idea. ¿Podemos remediarlo?

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Sólo basta recorrer internet y los largos panegíricos que se extienden, no sin antes responsabilizar a los enemigos de turno. Lo extraordinario es que ningunas de las izquierdas o derechas están a salvo de que, habiendo llegado al poder político, echen mano a los recursos naturales que antes, supuestamente, protegían. Es así como podemos identificar una subliminar hipocresía que desacredita la lucha de los millones de habitantes de este planeta por defender la Pachamama.

Permítanme decir que, a simple vista, hay un exceso de diagnósticos. No se contradicen en su esencia. Crecen en escalada fruto de inagotables investigaciones científicas. Y el Derecho no le va a la zaga. Pero el problema de esta Ciencia Social es que, por regla general, siempre llega detrás de las crisis que provocan nuestros saltos tecnológicos. Basta con leer los reclamos desesperados de regulación de aquellos que invirtieron en criptomonedas, una sustancia volátil que justamente se jactaba de existir más allá de cualquier regulación legal. Si nos referimos a Gea, ni que decir.

Lo grave son las consecuencias de ir por detrás de los fenómenos productivos que aceleran la destrucción y la crisis ambiental. Hay extensos trabajos en materia de Derecho Ambiental, profusos en medidas sugeridas a los Estados. Pero no son efectivas. El Derecho demuestra ser inhábil ya que el principal inconveniente es la falta de aplicación. La impunidad harto probada en la extracción de los recursos garantiza el ingreso de divisas y genera la atracción de empresas multinacionales.

Seguramente, para ellas, la esclavitud –la del siglo XIX o la explotación de las personas con fines laborales de este siglo– no es redituable: lo es contaminar. Los controles administrativos desde los Poderes Ejecutivos del Estado no sólo son rudimentarios, son serviles. Por eso no hay ninguna referencia a los posibles delitos ambientales. Se puede pagar una multa o enfrentar una Acción Civil de Amparo de larga duración, pero no ser acusados de criminales. Mucho menos, proponer a los próximos congresos internacionales como las COP la inclusión en la agenda de la tipificación del ecocidio y sus derivaciones en otros delitos.

Los remedios ante semejante diagnóstico, donde el ciclón inversiones-corrupción-impunidad tiene consecuencias mortales para gran parte de la población, parecen no alcanzar. El llamado del papa Francisco en la encíclica Laudato Si’ es tan remoto que ni siquiera los párrocos desde el ambón la citan. Por eso, nuestro querido Pastor subió la apuesta y llama a incorporar el ecocidio como “una quinta categoría de los crímenes contra la Paz, es decir, establecer a nivel internacional aquellas conductas que implican la pérdida, daño o destrucción de la flora o la fauna”.

Desde la Academia, en los espacios de investigación científica, hay propuestas que permitirían corregir los impactos. El quid está en la aplicación. Allí es donde entran en colisión con la voluntad de los Estados. Y, sin lugar a dudas, el espacio de las ciencias jurídicas es el vínculo de ejecución. Verbi gratia, la protección del bosque nativo en la Argentina se origina, según distintos diagnósticos, como consecuencia de la primera embestida deforestadora de 1853 a 1930.

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Muchas fueron las propuestas y la más concreta es la Ley de Bosques Nativos. La aseveración inmediata sería que es más que suficiente. Pues no. Se viola constantemente con la complicidad de los propios Estados provinciales (porque descansa en ellos su aplicación en el caso concreto). La norma prevé multas y sanciones administrativas que rara vez llegan a aplicarse y los sistemas de administración de justicia provincial garantizan la impunidad. Sería realmente efectiva si contuviera un capítulo con tipificaciones delictivas, un título penal con la declaración de que sea aplicada por los tribunales federales.

¿Qué impide entonces la aplicación de los “remedios” a esta situación? En primer lugar, la inexistencia de normas penales en estas leyes, como la Ley General del Ambiente o la Ley de Glaciares, si es que buscamos normas especiales de protección. En segundo término, no se advierte un desvelo por parte de las autoridades administrativas, sean nacionales, provinciales o municipales, aun ante el reclamo de los ciudadanos que, a diario, se ven vulnerados en sus derechos. Ni siquiera responden las solicitudes en el marco de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y la respuesta es la misma: no es un delito incumplirla. Por último y finalmente, el impedimento más sustancial está en el Sistema de Administración de Justicia al que el ciudadano no tiene acceso si no cuenta con el patrocinio de algún abogado. Se aduce que no hay capacitación suficiente de los magistrados y que deberían crearse tribunales con esta competencia específica.

En definitiva, y para volver al título que origina estas líneas, tenemos miles de diagnósticos sobre el “porqué estamos donde estamos”. Contamos con algunos “remedios” que fueron “recetados” por el agravamiento de un ecocidio en marcha. Nos falta “tomar la medicina”.

Ello implica empoderarnos con los escasos instrumentos con los que contamos. ¿Cómo hacerlo? Podemos, pero será motivo de otra nota.

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