El sistema impositivo argentino: antiguo, obsoleto y perjudicial en tiempos de crisis

En estos días de aumento constante del valor del dólar libre, muchos se preguntan “¿por qué está así Argentina?”. Cuando se intentan encontrar respuestas, surge datos como este: cada $100 que produce el campo, el Estado se queda con 80 pesos.

De acuerdo con el índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) de marzo, la participación del Estado en la renta agrícola es de 79 por ciento. Mientras ese porcentaje sube, el agrónomo no percibe que los pagos de los impuestos vuelvan en servicios de calidad, sino en el financiamiento de gastos que los Estados actuales se encuentran –casi– obligados a llevar a cabo. Nadie dice que el Estado no debe gastar en ayuda social, sino que el Estado está obligado a aumentar la generación de riqueza.

En un contexto de sequía, aumento de costos, caía relativa de precios internacionales y crisis económica generalizada, la política fiscal de un Estado debería acompañar al productor. Sin embargo, en Argentina la presión impositiva aumenta y la reforma tributaria, tan esperada, aún no está en la agenda de la dirigencia política

De acuerdo a los últimos datos publicados por FADA, como indicamos antes, el índice subió más de 14 puntos en el último año, en marzo de 2022 era de 64,9% y ahora es de 79.

Hoy, cuando hacen falta divisas y la crisis se siente minuto a minuto, vale la pena preguntarse por qué habiendo sido el granero del mundo, aún no podemos resolver las cuentas y lograr un crecimiento sostenido en otras áreas, sin tener que obligar al sector agropecuario a cargar con la responsabilidad de generarlos. Es decir, para no depender de la naturaleza y caer en el infortunio en el cual nos encontramos actualmente.

Nuestro sistema impositivo tiene varios problemas que lo caracterizan, es antiguo, obsoleto y, durante los períodos de crisis, la carga tributaria se acrecienta. En consecuencia, en lugar de ser la herramienta que actúe rápidamente para encontrar la solución, se generan distorsiones en la actividad económica.

Siguiendo con el ejemplo del campo, del 79,1% de participación del Estado en la renta agraria está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables, es decir, que no se reparten entre las provincias, representan más del 75%, mientras que los participables el 16% de los impuestos medidos por FADA. Entre los primeros encontramos los derechos a la importación, la exportación, el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Entre los impuestos coparticipables pueden nombrarse el impuesto a las ganancias y el IVA.

El federalismo fiscal muestra un esquema donde la mayor parte de los impuestos del sector agro son nacionales no participables, lo que impacta en la percepción del contribuyente que no ve el retorno de sus impuestos a la provincia en la produce.

Esto se ve exacerbado, porque los índices provinciales muestran cómo la presión impositiva puede llevarse hasta 86% de la renta del sector, en provincias vinculadas al agro. De acuerdo con el índice FADA, Entre Ríos encabeza la lista con 86,7%, seguido por Córdoba con 81,7%, La Pampa 78,8%, Buenos Aires 75,6%, por último, San Luis y Santa Fe con 77, 5%. Podríamos decir, que una persona (sin hacer un análisis técnico de la composición tributaria), siente la obligación de pagar impuestos y no recibir nada tangible a cambio. En efecto, endurece su percepción en cuanto la devolución que le da el Estado, sin distinguir si el impuesto es Nacional, Provincial o Municipal.

Para peor, en épocas de sequía y heladas, como la que se vive actualmente, la estructura impositiva Argentina aumenta la presión impositiva sobre el sector (en lugar de disminuirla). Gracias al federalismo fiscal, ante una caía del rinde desaparece un impuesto coparticipable (ganancias) mientras que persisten aquellos que recauda el Estado nacional directamente (los derechos a la exportación y los impuestos al crédito y débito). Por otra parte, cada provincia mantiene cuentas fiscales separadas de nación, por lo tanto, se acumulan saldos de diferentes impuestos en diferentes cuentas (como los saldos técnicos de IVA). Éstos quedan retenidos por AFIP, generando un costo para los productores y acumulando montos millonarios que en una crisis pesan demasiado.

Dejando de lado el sector agrario, vayamos a la calle, donde el termómetro social marca qué debe hacer la dirigencia política, qué se espera de ella. El sistema tributario muestra sus falencias, por ejemplo, en el IVA. Este impuesto es regresivo y es el que genera mayor recaudación, ya que es un gravamen aplicado a todo producto que circula en la economía, sin importar el nivel de ingresos del contribuyente. Es decir: pagan más quienes menos ganan.

Además, la inflación desactualiza ciertas deducciones en el Impuesto a las Ganancias haciendo más pronunciada sus alícuotas. En efecto más trabajadores se vean obligados a pagar este impuesto.

Analizando los datos del índice FADA de marzo, y el termómetro de la calle, cabe preguntarse ¿es posible seguir adelante con la política fiscal de esta manera? ¿El Estado (en su totalidad) está comprendiendo el contexto que viene de larga data? Parece que no.

Pensar en una reforma impositiva es el punto de partida para ordenar un escenario que permita impulsar el crecimiento. Éste debe ser un punto de acuerdo entre todas las banderas políticas que representan a los argentinos, convirtiéndose en un eje central de las campañas y de las elecciones de la ciudadanía.

Con este objetivo en la mira, la dirigencia debe ponerse de acuerdo, delimitando ejes de trabajo para los próximos años. Estas pautas deben establecer un acuerdo sobre la seguridad política, el sistema tributario y la generación de riquezas. Cada opción partidaria deberá plantear su postura y dar a conocer sus propuestas sobre estos temas.

Teniendo en cuenta que estamos en una situación de crisis económica y que genera un malestar social, esta propuesta de acuerdo o pautas de trabajo futuro, deberá ser respetada por toda la dirigencia política (indistintamente el color del ganador y perdedor).

De esta manera, la sucesión en la dirigencia política estará al tanto del trabajo realizado y por realizar. En consecuencia, no se cambiarán las reglas de juego cada vez que finaliza un gobierno. Esta propuesta generará confianza en aquellos inversores que plantean un desarrollo para Argentina, ya que con reglas claras la producción de la riqueza impulsará el crecimiento y la salida de la crisis.

Entonces, la clave es ponerse de acuerdo, crear un documento al que todos los sectores políticos adhieran, en el cual se asienten las bases para una refundación del país y de los temas que deben ser prioritarios durante los próximos años.

El Estado tiene la opción de pensar una salida promoviendo la generación de riquezas, estableciendo reglas claras y seguridad política. Y nuestros representantes, deben velar por el cumplimiento y realización de los temas principales para el crecimiento del país. Siguiendo esta lógica, promocionar inversiones y aumentar actividad consecuentemente generaría mayor recaudación, incluso más adelante, podrían bajarse los impuestos. Del otro lado del charco, Uruguay está en el proceso de hacerlo.

Lo dije hace un tiempo, el desafío de la dirigencia política en su totalidad es pensar cómo preparar el plato perfecto para que los invitados a cenar sigan eligiendo nuestra mesa; es decir, para que las inversiones prefieran nuestra economía. Les paso una receta: seguridad jurídica y certezas en materia económica. Una reforma tributaria tendría que intentar evitar la generación de ruidos en la economía, siguiendo con la metáfora, “evitará que los comensales salgan corriendo antes de pagar la cuenta”.

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