Mileinomics

El sorprendente ascenso de Javier Milei en las encuestas de opinión, que le auguran una no desdeñable probabilidad de ascender al cargo de presidente de la Nación, ha generado un incipiente y ardoroso debate acerca de las principales propuestas económicas del popular economista.

Parece existir un desconocimiento profundo por parte de la mayoría de los políticos y los periodistas, que vierten sus opiniones en los medios de comunicación, acerca de los detalles y pormenores de la implementación de las políticas que se llevarían adelante en una eventual presidencia del novel candidato.

El principal motivo de esta importante cuestión, quizás se deba a que no se visualiza la existencia de un “equipo económico”, que explique cada una de las medidas que propiciarían, una vez asumido el poder.

La única cara visible, dentro del equipo de colaboradores de Milei, en materia económica, es Héctor Rubini, economista (UNR), Master en Economía (Instituto Torcuato Di Tella) y Master en Finanzas (Universidad del CEMA) y profesor en Universidad del Salvador, UADE, UBA y otras.

Desempeñó diversos cargos públicos en su Provincia natal (Santa Fe) y en el BCRA, durante la presidencia de Pedro Pou.

El resto de los integrantes del grupo de colaboradores de Milei, no se ha mostrado públicamente, quizás por razones profesionales o laborales.

Se supone, además, que los lineamientos principales corren exclusivamente por cuenta del propio Milei.

Su grupo de colaboradores se encargaría, entonces, de llevar adelante las ideas de éste, aunque la discusión de las diferentes alternativas de implementación, sería frecuente en el reducido grupo que rodea al candidato.

Rubini ha aportado una serie de importantes definiciones, que deberían contribuir a esclarecer algunas polémicas cuestiones.

En primer lugar arguye que no cuentan con un ejército de economistas, porque su objetivo, es reducir sustancial y rápidamente el tamaño de la burocracia estatal, en lugar de poblar ministerios y secretarías con miles de amigos y colegas, como ocurrió con los últimos gobiernos.

Contrariamente a los desinformados análisis que circulan a diario, Milei y sus colaboradores se juramentan en no quebrantar ningún contrato ni implementar ninguna medida que no contenga una minuciosa fundamentación microeconómica.

Es así que no se habría estado analizando, en ningún momento, llevar adelante una licuación de los pasivos remunerados del BCRA, mediante un símil Plan Bonex, ni tampoco una dolarización apresurada, a un tipo de cambio de niveles desmesurados, que aliente una próxima hiperinflación.

Serían, entonces, poco certeras, las agoreras voces que preanuncian una licuación salarial y una política de ribetes impopulares.

Muy por el contrario, mediante un shock fiscal y desregulatorio, se buscaría destrabar el funcionamiento del sector productivo, que debería reaccionar con un fuerte aumento de la inversión y la contratación de mano de obra.

Debería ser importante el aporte, a este último fin, de los cambios que se introducirían en la legislación laboral, en la búsqueda de facilitar y estimular la contratación de mano de obra.

En la misma línea de acción, la disminución del costo laboral no salarial, debería incrementar paulatinamente el poder adquisitivo de los salarios, sin alterar el ritmo inflacionario, que se prevería descendente y convergiendo, en una eventual reelección, a niveles internacionales.

Inmediatamente a la asunción del cargo, el presidente Milei derogaría todos los impuestos que no requieren legislación y propondría al Congreso la reducción y/o eliminación de otros.

El Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y las retenciones a las Exportaciones, dada su importancia dentro del total de la recaudación, serían reducidos hasta su eliminación, mediante un cronograma que no ponga en peligro el equilibrio fiscal.

El cierre de ministerios, mecretarías y otros organismos no prioritarios se efectuaría mediante la puesta en disposición, por un año, del personal redundante, lapso después del cual, deberían ser absorbidos por el sector privado que, en ese entonces, se estimaría ávido de contratar nuevos empleados, dada la fuerte reactivación de la actividad económica que se produciría.

Las reformas del Sistema Previsional y de Salud formarían parte de una segunda oleada de cambios estructurales y no serían encarados en los dos primeros años de gestión.

Las privatizaciones y el cierre de Empresas Públicas ocuparían un lugar importante en la agenda del nuevo gobierno. Como en otras importantes reformas, éstas serían más viables luego de las elecciones de 2025.

En cuanto a la dolarización, esta estaría pensada para el tercer año de gestión (2026), luego de las elecciones legislativas de 2025, en las que Milei y sus colaboradores esperarían obtener un resultado muy favorable, debido a la reducción de la inflación, que devendría en el segundo año del mandato presidencial.

Durante los dos primeros años, se prevería la libre competencia de monedas extranjeras, que podrían circular, junto con el peso, en igualdad de condiciones.

El “cepo cambiario” se eliminaría rápidamente y se desregularía completamente el mercado de divisas, desapareciendo el Mercado Oficial de cambios, estableciéndose un Mercado Único, completamente libre.

Se buscaría modificar el funcionamiento del sistema financiero, estableciendo la Banca Simon de manera rápida. Ésta consiste en la compartimentación de la actividad financiera en dos sectores: la Banca de Depósitos y la Banca de Inversión.

La primera tiene un encaje del 100%, es decir, el Banco actúa como depositario del activo, el cual debe “guardar” para ser devuelto a su propietario, cuando éste lo reclame.

La Banca de Inversión, en cambio, se encarga de canalizar los ahorros de sus clientes, intermediando en la compra-venta de títulos valores, tanto de renta fija como variable.

El principal objetivo de este importante cambio es desalentar la creación de dinero secundario, por parte de los bancos que, en un sistema de encaje fraccionario, aportan nuevo circulante de una manera que, la Escuela Austríaca, considera inflacionario y generador de distorsiones por mala asignación del ahorro disponible, que se invierte en proyectos sólo rentables en entornos de exceso de liquidez y tasas negativas con respecto a la inflación esperada.

En una eventual dolarización, este fenómeno se agrava, como sucedió durante la Convertibilidad de los 90, a raíz de la creación de dinero extranjero, también llamado Argendólares.

La instauración de la Banca Simon, requiere cambios en la Ley de Entidades Financieras. En una primera etapa, hasta tanto se obtenga la aprobación legislativa, se podría avanzar en la dirección deseada, subiendo los encajes de las cuentas a la vista y bajando los de los depósitos a plazo, para hacerlos converger a cien y cero por ciento, respectivamente.

En cuanto a la administración del stock de Leliq y Pases, se disminuiría su importancia mediante su cancelación parcial, con los fondos provenientes del superávit fiscal, que se obtendría a partir del segundo año de gestión.

El shock de confianza del paquete de medidas inicial y un enjundioso trabajo en pos de movilizar al sector productivo, debería aumentar fuertemente la demanda de dinero, implicando una fuerte remonetización, que relativizaría aún más el peso de los encajes remunerados.

El equipo de Milei no habría adoptado la propuesta de Ocampo-Cachanosky. Su versión tendría similitudes y diferencias con la de estos dos autores.

En el tercer/cuarto año de la presidencia de Milei, con superávit fiscal, tipo de cambio y tasas de interés libres, actividad económica, inversión, consumo y empleo a pleno, habría llegado el momento de “matar” el signo monetario argentino y “cerrar” el Banco Central.

Los dólares necesarios para reemplazar el circulante doméstico, provendrían de las compras efectuadas por el ente monetario durante los tres primeros años, con el superávit fiscal y las ventas del sector privado hacia el Banco Central, con destino a atender el aumento de la demanda de dinero, por la remonetización mencionada anteriormente.

El eventual faltante, se obtendría mediante una colocación primaria de bonos en los mercados nacional e internacional, con una tasa de interés moderada, ya que los revolucionarios cambios que hasta ese momento habría producido el nuevo gobierno, se esperaría que disminuyan el “riesgo país” a valores similares a otros países de la región.

El Fideicomiso ideado por Ocampo-Cachanosky y la colocación de bonos a 25 % de paridad, no sería considerado conveniente ni razonable, porque implicaría un incremento importante y muy costoso del endeudamiento en moneda extranjera.

Otra diferencia no desdeñable, estaría referida al deseo de no repetir la experiencia de la convertibilidad de los 90, en cuanto a no incentivar la aparición de “Argendólares”, que provocaría una dolarización apresurada, sin la existencia de divisas genuinas en las arcas del BCRA, como se mencionara anteriormente.

La Banca Simon, que Ocampo Cachanosky consideran inconveniente, sería central, en cambio, en la propuesta de Milei.

Por último, se destaca que el nuevo “modelo” abandonaría definitivamente la búsqueda de dólares financieros, vía endeudamiento, puesto que sería el comercio internacional, que se prevé enjundioso, el que proveería las divisas para el normal funcionamiento de la economía.

El equipo económico que rodea a Javier Milei no se muestra por razones profesionales, pero existe y está trabajando arduamente en la confección de un plan de gobierno que contempla dos períodos presidenciales.

Como el propio candidato expusiera públicamente, habrá reformas de primera, segunda y tercera generación.

Los temores a una dolarización apresurada que pulverice el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones son infundados.

Los profesionales que rodean a Milei son serios y no deben esperarse “locuras” que pudieran desencadenar sucesos que hagan peligrar el orden institucional ni la estabilidad macroeconómica.