Tras el caso de Santa Fe, cuánto pagan las provincias para depurar sus padrones electorales

El escándalo lo desató Santa Fe, casi al límite de la firma de un convenio por el que se iban a pagar 55 millones de pesos para depurar los padrones electorales. Pero ahora, en un efecto dominó, el tema está escalando a nivel nacional: se conoció que provincias como Mendoza, Chaco, Formosa y Corrientes no pagan nada por ese servicio, a Córdoba le costará menos de diez millones, mientras que Capital Federal abonará entre tres y cuatro veces más que Santa Fe. Provincia de Buenos Aires, por su parte, pagará unos 300 millones.

Semejante asimetría dio lugar a que varias provincias revisen sus números, aunque en algunas de ellas los convenios por este trabajo sobre los padrones electorales ya están firmados y será difícil dar marcha atrás. En Santa Fe se negocia una salida contra reloj, mientras avanzan los plazos fijados en el cronograma electoral. Pero todavía no se firmó ningún acuerdo para que empiecen con estas tareas, aunque los padrones tendrían que estar disponibles para mediados de este mes de mayo.

Tenerlos al día es una condición básica de todo proceso electoral. La actualización de los datos de quienes van a poder sufragar es esencial para que no haya reclamos por personas fallecidas inscriptas o porque no aparecen quienes por edad deben ser incorporados para votar por primera vez. Otro problema puede ser que los cambios de domicilio del último tiempo no queden registrados y los votantes vuelvan a emitir su voto en el mismo lugar de anteriores elecciones.

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En Santa Fe siempre se pagó por la depuración de los padrones, una tarea que realiza la Secretaría Electoral federal con sede en la capital de la provincia. Esta dependencia cuenta con 140 empleados de planta que realizan cada dos años esta actualización de datos mediante horas extras que se pagan con parte del monto que ahora está en discusión. Se calcula que se podrían pagar unas 11 mil horas extras con este subsidio electoral de 55 millones estimado para Santa Fe.

El que pegó el portazo para que este convenio -que es parte de los usos y costumbres de la provincia- no se firme, fue el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe y titular del Tribunal electoral provincial, Daniel Erbetta. “Como piamontés que soy me gusta cuidar la plata de los santafesinos y no voy a firmar un cheque en blanco”, fue la frase con la que se plantó y pidió explicaciones de tan elevado monto, o al menos un detalle que justifique esa erogación de las arcas provinciales.

El que lo escuchó fue el gobernador Omar Perotti, a quien no le pareció desatinado el pedido, por lo que se frenó de inmediato la firma de un convenio que ya estaba redactado y aparentemente acordado por la fuerza de la repetición.

El enojo provino del fiscal federal con competencia electoral en la provincia, Reynaldo Rodríguez, quien estaba en camino para firmar el convenio la semana pasada, después que el gobernador y el presidente de la Corte le tomaran juramento a los nuevos fiscales y defensores públicos de Santa Fe.

Ese día Rodríguez tuvo que pegar la vuelta y llamó a los medios casi una semana después. Ahí no ofreció un detalle de los trabajos a realizar, que incluyen ejecución, supervisión y asesoramiento, sino que admitió que se trata de una actualización de montos que ya se venían pagando otros años electorales. En 2021, Santa Fe transfirió unos 20 millones y recuerdan con malicia que el actual presidente de la Corte en 2017 firmó sin tanto problema un convenio similar. Tal vez ahora lo que impactó fue el monto al que se llegó por la aplicación de un coeficiente con criterio inflacionario, que provocó el reclamo público de Erbetta y la inmediata comparación con otras jurisdicciones.

En tren de defender esos números propuestos, el juez federal no hizo más que amplificar el problema al señalar que Córdoba, con un padrón mayor, paga menos (8 millones 700 mil pesos) porque tiene una “menor cantidad de servicios”, sin detallar qué impacto tiene esa reducción en la calidad de los padrones que se van a usar este año en el distrito mediterráneo.

Desde la Secretaría Electoral Nacional también se contrapuso lo que paga Capital Federal, entre tres y cuatro veces más que Santa Fe, y provincia de Buenos Aires, donde se va a pagar, por tener los padrones al día, 27 pesos por elector. Unos 300 millones de pesos. Al comparar con los 55 millones de Santa Fe, ese cálculo por elector -que no está claro que corresponda hacer- da $20 por cada uno.

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El Código Electoral Nacional garantiza a las provincias y a CABA el acceso libre y permanente a la información del Registro Nacional de las Personas. Para el fiscal de Santa Fe esto no significa la disponibilidad de los padrones electorales.

Este año en Santa Fe hay dos elecciones desdobladas: provinciales y nacionales. En la de presidente pueden votar los menores de hasta 16 años, en tanto en la de gobernador no. Esto obliga a un trabajo extra sobre los padrones.

Para el presidente de la Corte nada de esto justifica tan elevados montos. “No se sabe bien cuál es el origen de este usos y costumbres. Pueden tener alguna justificación remotamente, pero hoy en día con la informatización y la digitalización no pareciera demasiado complicado, teniendo además tanto personal. Parecen mucho 11 mil horas extras”, resaltó Erbetta.

El titular del Tribunal Electoral también se hizo otra pregunta: “No entiendo por qué las provincias no le cobran al Renaper las bases de datos de sus registros civiles, si después es el Renaper el que se los pasa a la Justicia Electoral para que esta le termine cobrando a las provincias. Además, -reiteró-, ¿cuántas horas se necesitan para tener un registro informatizado actualizado en la provincia?”.

El juez federal, con quien quedó enfrentado Erbetta por este tema, no respondió a ese interrogante. Sólo se limitó a aventar sospechas: “No se trata de una avivada”, aclaró. Y ofreció una solución: “Si la provincia no quiere pagar tanto, se pueden ofrecer menos servicios”, dijo sin que quede claro qué impacto tendría ese achique en los padrones definitivos. “Estarán menos depurados”, se contestó vagamente.

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Del otro lado se considera que los padrones ya están hechos e informatizados y no requieren de un trabajo tan complejo que no pueda ser absorbido por los 140 empleados de la Secretaría Electoral sin tantas horas extras.

Por ahora la polémica puso a todos en una encerrona que si algo tuvo de positivo fue haber puesto en discusión una obligación que parecía natural: pagar por tener los padrones propios al día.

El Gobierno santafesino, que deberá garantizar padrones confiables, quedó en el medio de un debate que se disparó públicamente -probablemente también- alimentado por una interna del Poder Judicial de Santa Fe, entre el provincial y el federal, en tiempos de escasez de recursos. Aunque a los planteos no les falta nada de sentido común y lógica.

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