¿Los niños, niñas y adolescentes, son prioridad?

¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho, que lo más importante para nuestro país son los niños? Sin importar posición política, edad, religión o procedencia, siempre lo escuchamos y lo pensamos sinceramente. “Nuestros jóvenes son el presente y el futuro”, “la pobreza es un crimen”, “sin educación no hay futuro”. Nadie podría estar en desacuerdo con alguna de estas frases, ¿cierto? Sin embargo, cada año, día y hora que pasa, los niños, niñas y adolescentes en Argentina, siguen cayendo de manera alarmante bajo la línea de la pobreza.

Según el informe “La Pobreza en Niños, Niñas y Adolescentes en la Argentina Reciente”, publicado en febrero de 2023 por UNICEF, 6 de cada 10 niños/as y adolescentes están sumidos en la pobreza o tienen algún derecho vulnerado. Cuando conocemos esas cifras es imposible ser neutral y lo primero que suele decirse es “que no se puede creer que en un país productor de alimentos haya personas con hambre”.

Si bien como Estado Nacional hemos suscripto la Convención sobre los Derechos del Niño (1990), dándole rango constitucional (1994), y nos hemos comprometido a protegerlos y cuidarlos por ser uno de los colectivos más vulnerables de la población; su operatividad no es inmediata y se requiere de políticas públicas eficaces, basadas en la evidencia. Es inconcebible que, a pesar de toda la información a disposición sobre el estado de situación, hace tres años que el Gobierno Nacional no presenta su Programa Nacional de Infancia exigido por ley, y que las previsiones presupuestarias de este año asignadas a programas dirigidos a la niñez y la adolescencia se redujeran de un 2,05% a un 1,84% del PIB. Esto implica lisa y llanamente una disminución de los recursos destinados a nuestros niños, niñas y adolescentes, vulnerando el sistema de derechos humanos y violando específicamente el artículo 72 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establece la intangibilidad de los fondos.

Estas decisiones muestran las contradicciones del relato del gobierno nacional sobre su férrea defensa por la justicia social. Por tal motivo, el mes pasado convocamos a las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para que brinden informes ante el Congreso de la Nación sobre el trabajo planificado en razón de las alarmantes cifras dadas a conocer por Naciones Unidas en febrero. Hasta el momento no aparecieron.

Le preguntamos al Jefe de Gabinete en sesión informativa de la Cámara de Diputados sobre los recortes y solo se obtuvieron respuestas evasivas. Haciendo un ejercicio de buena fe, podríamos pensar que, ante un contexto de crisis económica, si el Estado reduce las partidas destinadas a la niñez es porque todas las partidas se han visto afectadas de la misma manera. Pero esto es negativo, ya que la previsión presupuestaria del 2023 para ciertos organismos estatales, aumentó. Tanto Anses como PAMI, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y Correo Argentino, contarán con aumentos presupuestarios que van más allá de la inflación del 76% que se tomó como base. ¿Por qué esta preferencia? ¿Cuál ha sido el criterio? ¿Será acaso porque esos organismos están mayoritariamente integrados por La Cámpora?

Me sigo preguntando: ¿Debería el Estado recortar allí para agregar justamente allá? ¿Es lógico tener que hacernos este tipo de preguntas? Obvio que no. Las prioridades del gobierno están distorsionadas.

Vivir las primeras etapas de la vida en la pobreza significa no acceder a una educación de calidad, no tener vestimenta digna, no tener acceso a servicios básicos, vivir en espacios inseguros, en condiciones de hacinamiento, y/o muchas otras vulneraciones de derechos. Las consecuencias negativas se acumulan, se reproducen de generación a generación, comprometen el presente y futuro de todos/as.

Si preguntamos, si los niños/as son prioridad a cualquier ciudadano/a con un mínimo de empatía, a cualquier madre o padre, a cualquier político/a la respuesta debería ser positiva. Lamentablemente, y con basamento en los hechos, para el actual Gobierno Nacional no estoy segura que la respuesta sea la misma. Lamentablemente, las estadísticas lo evidencian: tenemos más niños, niñas pobres y menos presupuesto para afrontar esta catástrofe social.

Sin un Estado que ponga centralidad en este colectivo vulnerable, asegurando como mínimo, su acceso alimentario, su cobertura de salud y la terminalidad educativa, no solo el presente es preocupante, sino que tener la esperanza de un futuro mejor, es ilusorio.

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