En nuestro país hay muchos factores por los cuales la inseguridad se incrementa; por ejemplo, la pobreza y la indigencia (el último informe del Indec muestra que 39,2% de los argentinos son pobres y 8,1% son indigentes). Vivimos en un ecosistema perfecto para que la miseria se traduzca en delitos, robos, homicidios. El caos se transforma en la regla y no en la excepción. Los datos de la inseguridad son la contracara de personas que no encuentran oportunidades de educarse, tener un ambiente familiar para la enseñanza como para que puedan insertarse en la sociedad a través del trabajo y obtener un salario digno para cubrir sus necesidades básicas. Sin educación, ambiente familiar para la enseñanza, salud y trabajo la posibilidad de delinquir es una opción latente para sobrevivir. Sin penas y castigos que suban el costo del delito la sociedad tuerce su voluntad hacia donde hay menos riesgo con mayor posibilidad de obtener ganancias más rápido.
Según un informe de la Dirección Nacional de Estadística Criminal, la tasa de homicidios dolosos (los cometidos con intención de matar a alguien) son 4,6 cada 100.000 habitantes (85,3% hombres y 14,7% mujeres).
Al observar esta información por provincias podemos ver que Santa Fe tiene una tasa de homicidios récord de 10,1 cada 100.000 habitantes. Siguen Formosa (7,2), Neuquén (6,5) y Tucumán (6,1). En el último informe anual sobre homicidios de Santa Fe se explica que en el último año hubo 287 homicidios. Al compararlo con 2014 veremos un aumento de 12%. El epicentro del delito y los homicidios es la ciudad de Rosario.
Hay una real descoordinación entre las tasas de hechos delictivos y la ejecución de fondos que deben recibirse por provincia. La macroeconomía sobre la inseguridad impacta en la microeconomía familiar. Aquello que no provee el Estado a través de los impuestos tienen que proveérselos los propios ciudadanos buscándolos en los servicios privados. Ante mayor riesgo de delito e inseguridad se incrementará la partida del presupuesto familiar en la prevención y cuidado de la seguridad de su hogar, sus bienes y su familia.
De acuerdo al Instituto Asegurador Mercantil, hay varios ítems que se pueden tener en cuenta al momento de evaluar costos mensuales. Estos van desde el seguro de un auto por $13.000; uno combinado familiar (incendio, robo, seguro técnico) por $2.500; alarma particular, $3.500; alarma vecinal, $4.930; herrerías para ventanas ($70.000 en cuotas), $5.830; cerco de seguridad eléctrico ($100.000 en cuotas), $8.330; para luego ir hacia opciones más elevadas como el pago de $15.000 para una garita de seguridad (costo distribuido entre el total de vecinos) y $16.600 en puertas de seguridad blindada (costo total de $200.000 que se paga mensualmente).
Es decir, los ciudadanos viven cárcel adentro de sus casas con un costo mensual de seguridad privada de unos 71.190 pesos.
La evolución de la población carcelaria no detiene el problema de la seguridad del ciudadano de “a pie”. De acuerdo al último informe del Sistema Nacional de Estadística sobre ejecución de la pena, en nuestro país hay 324 unidades de detención (compuesta por 228 unidades en provincia, 65 en provincia de Buenos Aires y 31 unidades en servicio penitenciario federal). En las mismas hay 101.267 personas privadas de su libertad. Es decir una tasa de 221 cada 100.000 habitantes. En relación a este último índice se observa que Argentina se encuentra con un dato promedio si lo comparamos con países como EEUU, con 629, cada 100.000 habitantes; India, con 35; y Japón con 37.
Fuente: Sistema nacional de estadística sobre ejecución de la Pena
Según la Fundación Apertura, respecto de la ejecución presupuestaria cada provincia recibe del Ministerio de Seguridad de la Nación según la distribución per cápita:
- En promedio todas las provincias reciben $8.613 habitante/año
- CABA y Buenos Aires recibe $9.854 habitante/año
- Santa Fe recibió solo $2.224 habitante/año (un 26% menos que el promedio nacional). Siendo el epicentro Rosario de la delincuencia y el homicidio.
La asignación presupuestaría pública está mal asignada y la privada sobreimpuesta con tributos a pagar más gastos privados a asumir para prevenir o reducir el riesgo de aquellos daños producidos deliberadamente contra la vida o la propiedad.
La Industria de la Seguridad Privada crece al ritmo del retiro y fracaso de la seguridad pública. Los productos y servicios generados por esta industria van desde alarmas anti incendio o antirrobo, cerraduras o cajas fuertes a servicios de coche blindado, equipos de vigilancia y vallas de seguridad, pasando por el control de acceso electrónico, la biometría, la vigilancia electrónica de artículos y el asesoramiento en materia de seguridad. La seguridad privada para el hogar, el auto, el comercio o la industria es un costo más asumir esta Argentina llena de burocracia, mala administración y cara impositivamente en relación a la retribución de bienes y servicios que presta.
En un mundo donde los delincuentes comienzan abandonar la institución escolar tradicional cada vez adquieren saberes tecnológicos como motor para incrementar sus ganancias en los hechos de hurto y robo. Vivimos en el mundo de big data, blockchain, inteligencia artificial, robots y drones que empiezan a formar parte de la estructura de inteligencia del delito. Mientras el delito está en la transición hacia la seguridad 2.0 también las empresas y hogares deben contratar servicios que cuiden y protejan sus datos, valores y bienes de posibles engaños y estafas.
Un fenómeno novedoso es que en las grandes urbes hay más guardias privados que policías de la seguridad nacional, provincial o municipal. A su vez, los costos de la seguridad privada serán desiguales por barrios. Donde hay seguridad privada moviliza el delito hacia zonas donde no está la seguridad pública ni la privada. La privada no hace desaparecer el delito lo previene. La pública ni siquiera lo puede contener por falta de procesamiento de datos, mezquindades entre jurisdicciones, distribución de la fuerza y asignación presupuestaria.
Seguir leyendo: