Hoy, a las 17, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito convoca a un pañuelazo frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en Perú 160, para exigir que se dé marcha atrás al convenio celebrado entre el Consejo Social y el Ministerio de Salud porteño para la implementación de la llamada línea 0800 VIDA que obstaculiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito garantizado por ley desde el 30 de diciembre del 2020.
El gobierno porteño le abrió la puerta a sectores evangélicos militantes, que nunca lograron imponer sus políticas a través de los votos, para que las mujeres sean interceptadas en el derecho a elegir. Si la fiebre evangélica llegó a la tele, a los pueblos y a los barrios, pero no a las urnas, ahora los hospitales abren sus puertas -como si fueran un edificio que clama exorcismos- y no derechos y garantías a un sesgo de información que, en otros países, como Francia, está expresamente prohibida por ley para no generar culpa y confusión en las mujeres que deben decidir qué hacer frente a un embarazo.
El supuesto ‘0800 VIDA’ tiene un nombre que ya implica un sesgo: los grupos que antes se llamaban pro vida no tienen en la actualidad la legitimación de utilizar la palabra clave: vida porque su antítesis es clara y despectiva. Sin embargo, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acepte el lenguaje expulsivo de autodenominarse “vida” por estar en contra del aborto expresa una posición radicalmente conservadora.
Lo más raro es que el gobierno de Juntos por el Cambio se pone a la derecha de su propia gestión (en medio de una disputa electoral en la que la derecha se corre por derecha), porque sí garantiza el acceso al aborto, mucho antes que la ley sea aprobada a nivel nacional el 30 de diciembre del 2020, aunque ahora se haga el distraído. La cartelería celeste también forma parte de una nueva impronta de diseño en la estética del gobierno porteño.
La actual titular del Consejo Social, Cyntia Hotton, lideró la campaña contra el matrimonio igualitario (en ese momento con el símbolo del color naranja) y fracasó y también fue parte del movimiento anti derecho al aborto (con el símbolo de pañuelos celestes) y también fracasó. El evangelismo político nunca logró, en Argentina, la incidencia electoral que sí consiguió en Brasil y otros países de Centroamérica. Pero en una agitada campaña electoral, de todos contra todos, se logró colar en la gestión pública y obstaculizar un derecho consagrado por ley.
“Rechazamos que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, haga un convenio con sectores religiosos y evangelistas para un 0800 que, supuestamente, es para apoyar a mujeres con embarazos vulnerables pero, en realidad, meten organizaciones confesionales dentro de los hospitales públicos. Es una actitud que hace acordar a la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil y está revirtiendo las conquistas de las mujeres”, advierte Nina Brugo, histórica militante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
“Ya hay una Línea de Salud Sexual en el Ministerio de Salud de la Nación (0800-222-3444) que informa sobre la Ley de los 1000 días, pero están buscando confundir a las mujeres que necesiten anticoncepción o interrumpir un embarazo”, reafirmó Brugo. Además enfatizó: “Las políticas de salud tienen que ser manejadas por el Estado, no puede ser entregado a un sector privado confesional”.
La noticia la difundió la periodista Sonia Santoro en Página/12 y generó una ola de repudios en organizaciones feministas y de profesionales de salud. Por ejemplo, la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud (AMES) expresó: “El cuidado de la salud no se terceriza y menos a manos de organizaciones de reconocida trayectoria en contra de los derechos sexuales y reproductivos”.
Además, rechazaron la intromisión de personas sin títulos habilitantes en salud para orientar a pacientes. “Somos los equipos de salud quienes estamos en condiciones de acompañar a las personas en sus decisiones potenciando su autonomía, brindando información clara, científicamente validada y respetando cada una de sus decisiones”.
El repudio surgió después de conocerse que Cyntia Hotton había encabezado la firma de un acuerdo entre el Consejo Social, que ella preside en el gobierno porteño y el Ministerio de Salud de la Ciudad, a cargo de Fernán Quirós (pre candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio) para que en todos los hospitales públicos se difundan carteles de una Línea llamada “0800 VIDA”. El teléfono es atendido por la denominada “Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable”, integrada por 400 insitituciones de todo el país que se definen “comprometidas con la defensa de las dos vidas”.
El 0800 utiliza la palabra “vida” que el estado porteño no puede designar a militantes religiosos contrarios a una opción que, en Argentina, a partir del 2020, es un derecho establecido por ley y adopta el color celeste que fue reconocido como un icono anti derecho al aborto que hoy es una norma nacional de cumplimiento obligatorio. No se puede vulnerar un derecho federal por la adopción de una medida parcial, local e inspirada en lobbys religiosos.
Pero, además, la ley de aborto nunca condiciona a una mujer embarazada a abortar, pero el 0800 o seudo vida puede dar información confusa, que mortifique a quienes no quieran o puedan continuar con un embarazo y que no forme parte de la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610) ni de la Ley de los 1000 días (27.611) de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, que garantiza la protección de las embarazadas que quieran continuar con sus embarazos y de sus bebés. No es necesario otro teléfono que confunda, pero sí es innecesario el retroceso de derechos.
La organización de derechos humanos Amnistia Internacional asentó: “Preocupa profundamente que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere delegar en organizaciones confesionales y religiosas la ejecución de políticas públicas diseñadas para resguardar el derecho a la salud de las mujeres y personas que deseen gestar”.
A nivel nacional, ni provincias con antecedentes conservadores, como San Juan (en donde al principio del reparto de anticonceptivos se escondían los DIUS), ni Salta o Chaco (con dos fallos que buscaban revocar el derecho al aborto y no lograron frenar la ley nacional) se animaron a imponer políticas provinciales que perforen el avance para las mujeres y los cuerpos gestantes del 2020. Con esta decisión, la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en la jurisdicción más conservadora de Argentina y retrocedió 24 casilleros en el puesto de vanguardia nacional.
En cambio, a principios del Siglo XXI, el 22 de junio del 2.000, la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley porteña (418) de Salud Reproductiva y Procreación Responsable que se anticipó a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673), aprobada en el 2002. No solo imponía el reparto obligatorio de anticonceptivos, sino que daba una orden que adelantaba con un comodín los casilleros de derechos: el primer millón recaudado de los bingos porteños debía ser para comprar pastillas, preservativos y otros métodos.
Ahora, el bolillero se quedó girando en el aire y el progreso se esfumó como en una mala película en donde los que se oponen a la libertad de las mujeres vuelven a exorcizar derechos para generar miedo y confusión. La gestión de Larreta y la de Quirós no sostienen su propia coherencia en este giro a la ultra derecha. La Ciudad de Buenos Aires festejó la disminución del embarazo adolescente (la cantidad de chicas que fueron madres cayó un 58%, desde el 2016 al 2021). No fue por arte de magia, sino por políticas de salud sexual.
Pero el acceso al aborto en la Ciudad de Buenos Aires también había avanzado, incluso, antes que se sancione la norma en el 2020. En el 2016 había 35 equipos capacitados para realizar Interrupciones Voluntarias del Embarazo. En el 2022 se incrementaron a 64. “Se mejoró notablemente el acceso para beneficio de usuarias y equipos”, se reconocía en la Coordinación de Salud Sexual, VIH e ITS, del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en octubre del 2022. ¿Qué va a pasar ahora con los logros?
En la Ciudad de Buenos Aires, entre 2016 y 2021, se atendieron 240 casos de Interrupción Legal del Embarazo de niñas entre 10 y 14 años. ¿Ahora esas niñas podrán ser rehenes de grupos, fomentados por organizaciones religiosas, que las atormenten, las confundan o las culpabilicen por ser víctimas de violación cuando busquen ayuda en el sistema de salud? La pregunta no es azarosa. El caso de una niña de 12 años que, en las fiestas de fin de año del 2022, pidió, junto a su madre, practicarse un aborto legal y fue tomada como rehén del grupo Grávida, en Santa Fe enciende las alarmas.
Ella había sido violada por su progenitor y quería volver a la pileta de la colonia con sus amigos. Pero terminó en una secuencia similar a un secuestro por un grupo religioso hasta que las médicas lograron rescatarla y llevar adelante su voluntad. Las prácticas de los grupos anti derechos contra niñas y mujeres ya tienen antecedentes peligrosos en Argentina y América Latina.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Regional Caba) enfatizó en un documento titulado ‘Rechazamos que las iglesias gestionen políticas públicas: “Logramos la sanción de la ley IVE y no permitiremos que nuestros derechos sean controlados ni manipulados por el poder de las Iglesias”'. Además advierten sobre la falta de solidez institucional del acuerdo: “Referimos la importancia ineludible de la transparencia de los acuerdos, contratos y datos del Estado: como ciudadanía organizada exigimos que sean siempre públicos y la información sea de fácil acceso”.
La legisladora porteña Alejandrina Barry (FITUnidad/PTS) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, para que informe sobre los convenios suscriptos por el Consejo Social de la Ciudad respecto a la línea telefónica autopercibida como “vida” de la Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable. También piden información sobre la relación entre el Consejo y la Red y detalles sobre su financiamiento.
Barry advierte: “La existencia de convenios por la Presidenta Hotton junto al Ministro de Salud Fernán Quirós implicaría la reglamentación de la Ley 27.611 (de los 1.000 días) y sus concordantes por parte de un organismo no competente y la tercerización de una actividad prohibida –como es el asesoramiento a pacientes- por parte de organizaciones religiosas y confesionales, lo cual resulta totalmente vulneratorio de los derechos determinados en las normativas de salud pública y reproductiva. La Ley 27.611 es una normativa de salud pública obligatoria en todas las jurisdicciones del país, y como tal no permite la injerencia de organizaciones religiosas en su aplicación”.
* Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación: 0800-222-3444
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