Seguridad jurídica en Argentina en 2023/2024

Cuando el país es un tembladeral económico y, en cierto punto, político, pensar en la seguridad jurídica a corto y a mediano plazo puede dar la idea de que uno está fuera de la realidad, pero no, es justo lo contrario.

Estar en la realidad, con los pies en la tierra, exige adelantarse a lo que vendrá. Como ciudadano observo.

Mientras se van perfilando las opciones políticas para las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) como preludio de las elecciones presidenciales previstas para el 22 de octubre de 2023, conviene -o más bien es necesario- instalar el tema de la seguridad jurídica de las inversiones nacionales y extranjeras en los debates que se vayan suscitando en las próximas semanas y meses.

Porque el que gane, cualquiera sea, necesitará dar una señal al mundo económico y financiero de que Argentina pretende ceñirse a las pautas de estabilidad que precisan los inversores.

Ninguna fuerza política puede predicar en el siglo XXI que se puede gobernar sin seguridad jurídica y, por lo tanto, sin nuevas inversiones. No se combate más al capital, al menos de manera abierta.

Hubo una seguridad jurídica -mucha o poca, buena o mala, aparente o real- que estalló con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001.

Desde entonces, triste es reconocerlo, no levantamos cabeza. Ninguno de los gobiernos que se fueron sucediendo, incluido el de Mauricio Macri, logró revertir la percepción de que la Argentina es un país inestable y sin seguridad jurídica. Creo que todos estarán de acuerdo con esto.

Un detalle adicional sobre la seguridad jurídica en tiempos de Macri: ganó las elecciones legislativas a mitad de su mandato (2017), pero aún así su proclamado “cambio de ciclo” no llegó a concretarse.

La perciben los ejecutivos. O la hay o no la hay.

Aquel que piense que la seguridad jurídica viene dada por las ideas de los protagonistas del mundo del derecho, yerra. Los juristas podemos evaluar cosas tales como el grado de independencia del poder judicial o el grado de autonomía de los entes regulatorios de la economía. Pero no mucho más.

Ningún alto ejecutivo de empresa importante y con experiencia necesita que sus asesores legales le expliquen lo que es la seguridad jurídica. O la hay o no la hay. Los empresarios la perciben. Y no siempre tiene que coincidir con valores democráticos del país.

Se trata de una percepción que se asienta en la experiencia y se actualiza con la realidad del día a día. Podemos decir que, en lo esencial, la seguridad jurídica se conecta con la vigencia del principio de legalidad, el respeto al derecho de propiedad y con la confianza de los inversores y empresarios en que se mantengan las reglas de juego que existieron a la hora de invertir y que no variarán de manera drástica de un gobierno a otro.

Pero estoy persuadido de que la seguridad jurídica va más allá de la implantación de buenos estándares de gobernanza como los que se observan en los países más desarrollados: tiene también que ver con la lucha contra la pobreza y la generalización del bienestar, es decir, con la construcción de un país más igualitario e inclusivo.

Dicho todo ello, que puede parecer elemental y obvio, deseo sugerir algunos puntos concretos sobre los cuales los políticos que aspiran al poder en este año electoral deben pronunciarse cuanto antes en sus plataformas programáticas.

Se me dirá, eso es lo que ya hacen en sus programas. Pienso, sin embargo, que ello debe hacerse con más rigor y en concretos términos de seguridad jurídica. Veamos.

Así, deberá definirse cómo se dará seguridad jurídica en materia de:

1) Servicios públicos y obra pública (marcos regulatorios, titularidad, modalidades contractuales; tarifas e inversiones; integridad en la gestión de las infraestructuras);

2) Política monetaria, cambiaria y financiera en general (control real del déficit del gasto público);

3) Política de exportaciones e importaciones (régimen de retenciones);

4) Libertad económica versus política de control de precios;

5) Lucha efectiva contra la corrupción, políticas de integridad en la gestión de gobierno y transparencia en general y, en especial, en los índices de medición económica.

Como no puede ser de otra manera, dado que no soy ni economista ni político, la lista precedente es solo enunciativa y será completada, no lo dudo, con el mejor criterio de los profesionales con formación en estos asuntos.

Cada tanto algún político argentino evoca con devoción la filosofía de los Pactos de la Moncloa (sede física del gobierno español). No es una mala idea para el país, solo que me viene a la memoria un recuerdo no tan grato: el Pacto de Olivos.

Se localice donde se localice ese deseable e hipotético pacto o acuerdo, los políticos argentinos, todos, deben reflexionar sobre una serie de pautas vinculadas a un modelo de país estable -en la línea antes descrita-para que haya seguridad jurídica, para que haya país.

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