Con elecciones cada dos años para cargos legislativos y cada cuatro para las presidenciales, el arte de gobernar se ha convertido en la “maldición de los años pares”, porque todo el resto del tiempo estamos inmersos en un proceso de campaña permanente. Si a eso le sumamos que en el primer año de gobierno se están reformulando estructuras, nombrando a más del 90% de los cargos de alta dirección pública nuevamente (ya que concursos casi no hay) y poniendo la maquinaria administrativa en marcha, el tiempo efectivo que tiene un nuevo gobierno para realizar reformas o ejercer un mandato popular es realmente muy poco.
Por ello, es necesario (y urgente) empezar a hablar de regular las transiciones de gobierno en Argentina, que es algo más que el traspaso de la banda y el bastón presidencial. La transición gubernamental es un proceso de comunicación formal entre un gobierno y otro.
Su importancia radica en tener gobiernos que no tarden varios meses en arrancar porque la famosa “luna de miel” de los 100 días pareciera ser que se ha acortado. Según una encuesta nacional de la ONG Espacios Políticos, “el 85,1% de los argentinos cree que la administración pública es ineficiente” y esto repercute cada vez más fuerte en el descrédito del Estado.
Por todo ello, brindar toda la información y los datos relevantes a la administración que ingresa no es solo un gesto político, sino que tiene relevancia institucional. Lamentablemente, Argentina no cuenta con una disposición legal que regule la transición gubernamental, es decir, una agenda de trabajo común anterior al traspaso de mando que obligue a quien deja el gobierno a informar sobre lo hecho y sobre la situación general, y a quien ingresa a conocer de primera mano la situación para sostener aquellas políticas que crea conveniente y tomar las nuevas decisiones que considere necesarias.
Más allá de los gestos institucionales y políticos, como el tradicional desayuno entre el presidente saliente y el que asume que tiene lugar en Chile, o las conversaciones informales entre funcionarios, varios países tienen regulado legalmente este proceso. Canadá y Brasil son buenos ejemplos.
En Canadá, por su sistema político parlamentario, el Poder Legislativo tiene un rol mucho más activo. El proceso de transición comienza mucho antes del acto eleccionario y mezcla guías de procedimientos, informes con análisis y políticas propias de los organismos. En Brasil la transición fue institucionalizada en 2002 para evitar tensiones, interrupciones o crisis. El proceso establece que cada ministerio elabore libros de transición y se creó el portal de transición en internet, que es ofrecido al equipo del candidato electo.
El proceso de transición gubernamental se debe reglamentar por vía legales con reglas claras que lo hagan ágil y eficaz, debe incluir la conformación de los comités entrantes y salientes, la designación de un director ejecutivo que lo lleve adelante y la conformación de un “documento público de transición” que incluya información total, veraz y actualizada. Esta información debe incluir la cantidad y remuneración de empleados públicos, el estado de cada organismo o empresa del Estado, su situación financiera, el inventario de propiedad y bienes, de las acciones judiciales en las que está involucrado, los planes de acción emprendidos y los contratos vigentes, entre otros.
Argentina cuenta con una oportunidad inmejorable por el tiempo que aún resta para el próximo cambio de mando. Esto permite generar una agenda legislativa consensuada, aprobar los marcos legales necesarios y conformar un equipo de transición entrante y el saliente para que el 10 de diciembre de 2023 sea un hito en materia de democracia e institucionalidad.
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