En las últimas semanas la República Argentina recibió dos reveses judiciales que son sumamente onerosos para las arcas del Estado y perjudiciales para la soberanía nacional. Me refiero puntalmente a las causas iniciadas en tribunales norteamericanos y británicos sobre la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el año 2012 y aquella ligada a la renegociación de deuda implementada por Néstor Kirchner en 2005.
Lo primero que quiero remarcar es que al radicar los diferendos con empresas en manos de tribunales extranjeros, estamos sometiendo al país a una indefensión jurídica. Y más aún, contribuimos a ahondar la pérdida absoluta de soberanía como Estado. Al aceptar la llamada “prórroga de jurisdicción” en los diversos contratos, el Estado Argentino admite que los diferendos que puedan sobrevenir a dichos tratados sean juzgados por Tribunales Extranjeros (fundamentalmente de EUA y de Gran Bretaña).
Con esa decisión se debilita su condición de Estado Soberano que, al abandonar la jurisdicción de sus propios Tribunales, se transforma en un simple particular a los efectos de la tramitación de dichas causas en el extranjero. De esa forma nos imponen sus leyes desde “afuera” y los grupos empresarios foráneos ejercen presiones sobre un sistema judicial que fue organizado para sostener el “status quo” financiero mundial. Esto que ocurre ahora no funcionó siempre de esta manera y tampoco es la única forma de relacionarse con el capitalismo trasnacional.
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La Argentina entregó su soberanía judicial a partir del golpe de Estado de 1955, como parte de un proceso general de desnacionalización del patrimonio económico y de pérdida de la capacidad de decisión política. La dictadura derogó las nacionalizaciones de los depósitos bancarios, del Banco Central y del comercio exterior (IAPI).
A causa de estas medidas, se inició un perjudicial proceso de fuga de capitales, de toma de deuda en dólares a tasas exorbitantes y de falta de divisas para invertir en el desarrollo económico y social. La caída del Justicialismo auspició la firma de los Tratados de Bretton Woods, el ingreso al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Democracia (BIRD).
En el año 1956 firmamos un acuerdo con el Club de París. Juan Perón le había encomendado a sus funcionarios un informe sobre los alcances del nuevo orden financiero de pos guerra y de las posibles consecuencias para el país. Como resultado de este trabajo técnico, el mandatario se opuso taxativamente al ingreso argentino al FMI. Estos organismos prestaron dinero para que las empresas multinacionales lo fuguen y le impusieron a la Argentina una política económica liberal y especulativa que nos sumergió en el eterno ciclo de las crisis.
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Desde 1955 el capital extranjero acrecentó su participación en la economía interna y nuestros recursos financieros y naturales estratégicos fueron paulatinamente privatizados. Los Organismos Internacionales de Crédito y las corporaciones multinacionales fueron los principales impulsores de la actual indefensión jurídica. Poco a poco, el país sujetó sus contratos a laudos internacionales. Para ser más precisos y como dijimos anteriormente, en la mayoría de los casos les dimos la potestad a tribunales de los EUA y de Inglaterra.
Como resultado de este proceso de extranjerización y de delegación de la soberanía económica, política y jurídica la deuda externa aumentó exponencialmente. Centralmente, a partir del año 1976. El carácter fraudulento de la deuda externa adquirida durante la dictadura genocida fue corroborado en una sentencia que se encuentra firme por parte del Juez Federal Jorge Ballesteros, en autos Olmos Alejandro s/denuncia de Julio de 2000). Allí se demostró que la deuda estatizada sirvió para solventar los negocios privados.
La dirigencia de la democracia iniciada en 1983 miró para el costado y no bregó por la necesidad de seguir investigado. Si bien habían prescripto los delitos de los imputados como fue el caso del ministro Martínez de Hoz, los actuados por el juez Ballesteros fueron enviados al Congreso Nacional para que se determinaran las responsabilidades políticas.
El Programa de 26 Puntos de la CGT conducida por Saúl Ubaldini lo había sugerido promoviendo “someter al Congreso Nacional, como lo establece la Constitución, la decisión sobre la naturaleza y legitimidad de la pretendida deuda externa y sobre los compromisos y plazos a negociar una vez superada la actual emergencia nacional, excluyendo terminantemente toda formula que implique la renuncia a la inmunidad soberana, admita jurisdicción judicial extranjera y coloque al Estado como garante total y solidario por la devolución de créditos contraídos o en gestión”. Lamentablemente, todavía estamos esperando se actúe y mientras tanto seguimos cargando sobre el pueblo el pago de la estafa.
En la década del noventa el proceso de indefensión jurídica se profundizó y hasta la fecha no hizo más que reiterarse. En el año 1994 el país adhirió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. Es bueno aclarar que el gobierno de la principal economía suramericana, Brasil, no adhirió al CIADI.
Las negativas consecuencias de todo este proceso hoy están a la vista. Recientemente y como resultado del laudo abierto por la expropiación de YPF, una jueza norteamericana falló a favor del fondo Burford Capital adquirente de las acciones del grupo Eskenazi. El litigante usó como argumento el planteo del entonces viceministro Axel Kicillof sobre los alcances del Estatuto de YPF y de la ley argentina. El Fondo reclamó 12 mil millones de dólares y obtendría, posiblemente y según estimaciones, una cifra que podría superar los 5200 millones. En 2012 el gobierno determinó que se le pagaría a REPSOL 5000 millones. Este mismo año, nos enteramos que la Argentina deberá pagar 1330 millones de Euros a un grupo de fondos financieros que litigó en 2019 en un tribunal de Inglaterra.
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El origen de la demanda es el pago de los Cupones PBI lanzados en 2005 por el presidente Néstor Kirchner y su ministro Roberto Lavagna. Esos bonos habían incluido una quita de capital y para hacerlos “atractivos” el gobierno les ofreció un pago extra si el PBI argentino crecía por arriba del 3,2%.
En el año 2014 el ministro de economía Axel Kicillof dijo que el país creció el 3% y en paralelo el INDEC sostenía que la cifra era del 4,9%. Los bonistas exigieron el pago y el gobierno lo desestimó. La diferencia de las estimaciones y criterios dentro del mismo gobierno facilitaron el inicio del juicio y el desastroso resultado para el país. Por si no faltaba nada más, el gobierno del presidente Mauricio Macri sostuvo que el país en realidad creció menos (2,4%).
El saldo actual de la indefensión jurídica es un país sometido al arbitrio de intereses foráneos y una sucesión de derrotas en los tribunales extranjeros. El país pierde dinero y también capacidad soberana para administrar sus recursos. A ese drama de la indefensión jurídica, se le suman las incapacidades o directamente complicidades de algunos funcionarios de gobierno cuyas decisiones terminan beneficiando a intereses extranjeros en detrimento de nuestra soberanía. Estos desmadres financieros y económicos dejan como resultado una economía subdesarrollada y una pobreza que alcanza casi a la mitad de los argentinos.
El golpe militar de 1955 sacó al Justicialismo del gobierno e inició el proceso de indefensión jurídica y de endeudamiento. Nuevamente otra dictadura removió del poder al peronismo y continuó el latrocinio y para eso persiguió, encarceló, asesinó y desapareció a miles de compatriotas. La gran mayoría de estos últimos eran delegados y dirigentes del Movimiento Obrero Argentino. La dictadura además nos legó la Ley de Entidades Financieras, insólitamente vigente (ley Martínez de Hoz).
Pasaron 40 años de la reapertura de la democracia y como resultado del saqueo que sufre nuestra Patria en manos de la usura financiera internacional, la pobreza castiga a millones de argentinos en un país que es inmensamente rico como el nuestro.
En Argentina parece cumplirse a rajatabla el mandato de ese sistema anti económico y antisocial que denunció el Papa Francisco cuando afirmó que el “nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces, es el poder anónimo del ídolo dinero: corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres”.
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