A 70 años del primer atentado terrorista de comandos civiles en la Argentina

El 15 de abril de 1953 la Confederación General del Trabajo había convocado a un acto en Plaza de Mayo en apoyo al presidente Juan D. Perón. Un comando civil integrado por opositores hizo detonar dos bombas de relojería: la primera, compuesta de 50 cartuchos de gelinita detonó en la planta baja del Hotel Mayo ubicado en la esquina de Defensa e Hipólito Yrigoyen. La otra, de 100 cartuchos, en la entrada de la estación Plaza de Mayo de la Línea A de subterráneos, en una ochava frente a la plaza, en el momento que el presidente de la Nación pronunciaba su discurso.

Por gracia de Dios, los otros artefactos explosivos diseminados en distintos lugares lindantes a la Plaza de Mayo no detonaron. Interrumpida la alocución por el estruendo de las explosiones, Perón alertó: “Señores: aunque parezca ingenuo que yo haga el último llamado a los opositores, para que en vez de poner bombas se pongan a trabajar en favor de la República, (…) si algún día demuestran que sirven para algo, si algún día demuestran que pueden trabajar en algo útil para la República, les vamos a perdonar todas las hechas”.

Los autores nucleaban a dirigentes de la Unión Cívica Radical, del Partido Demócrata Progresista, algunos socios del Club Universitario de Buenos Aires y del Jockey Club. Se trató, principalmente, de Arturo Mathov (jefe del operativo terrorista), Roque Carranza (ingeniero de explosivos), del capitán Eduardo Thölke (quien proveyó los explosivos), Carlos González Dogliotti, Miguel de la Serna, Rafael Doueck, los hermanos Alberto y Ernesto Lanusse, los hermanos Adolfo y Ezequiel Holmberg, los hermanos Francisco y Marcelo de Elizalde, Patricio Cullen, Marcelo de Álzaga, Emilio de Álzaga, Guillermo Sansot, Jorge Fausón Sarmiento, Mariano N. Castex, Hernán E. Blaksley, Gastón García Miramón, Emilio Allende Posse e Isidoro Martínez Castro. Como resultado murieron seis argentinos de bien: Santa Festigiana D´Amico, Mario Pérez, León Roumeaux, Osvaldo Mouché, Salvador Manes y José Ignacio Couta. Hubo además noventa y tres heridos, de los cuales unos veinte quedaron mutilados de por vida.

Los responsables fueron detenidos a partir del 13 de mayo. Intervino el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Especial Nº 2 de la Capital Federal, a cargo del juez Dr. Miguel Rivas Arguello, en la Causa Nº 299/1953 caratulada: “Carranza, Roque y otros s/Act. Sub.”. Se los imputó y procesó por los delitos de intimidación pública, homicidios reiterados, lesiones y daño.

Interesa, en tal sentido, preguntarnos hoy acerca de los motivos de un hecho criminal de esta magnitud en plena democracia. Indudablemente, el terrorismo y la violencia estaban encarnados en muchos de sus artífices y se remontaban al año 1944, cuando Perón era secretario de Trabajo y Previsión, incrementado con el hecho de masas del 17 de octubre de 1945 y fortalecido al ser elegido presidente de la Nación. Allí está cifrada la génesis del terrorismo, de la desestabilización constante a un gobierno elegido mayoritariamente en las urnas, los intentos golpistas y la aspiración al crimen. Tanto es así, que hubo desde entonces distintos propósitos para derrocar y asesinar a Perón, escudados en los imperialismos británico y norteamericano en complicidad de la oligarquía vernácula, que había visto peligrar sus intereses en una Argentina que forjaba su autoestima nacional a través de un proceso de recuperación del patrimonio nacional, independencia económica y distribución justa de la riqueza. En el discurso arriba referido, Perón lo había señalado con claridad: “Todo esto nos está demostrando que se trata de una guerra psicológica organizada y dirigida desde el exterior, con agentes en lo interno”. Los ataques al presidente de la Nación eran en realidad modos de enfrentar a la Argentina industrial y de pleno empleo y al pueblo trabajador.

A los pocos meses, en diciembre de 1953, por ley Nº 14.296 promulgada el 22 de diciembre, Perón concedió una amnistía política que benefició a algunos de los criminales. Intentaba de este modo pacificar el país y tender la mano a los sectores opositores a través de un gesto de grandeza que, a vistas de lo sucedido en 1955, no tuvo el efecto deseado en la medida en que sabidos de su incapacidad para acceder al gobierno por el voto popular, echaron mano siempre a la violencia y al terrorismo. Al decir del historiador Fermín Chávez: “Algunos historiadores han manifestado que Perón en aquella emergencia perdió el control y fue atrapado por la provocación. Puede resultar cierta la apreciación, pero convengamos en que la provocación fueron bombas, no ya para atentar contra Perón sino -y esto es lo más trágico- contra el pueblo”.

La amnistía no alcanzó a todos los involucrados. El 11 de noviembre Perón se había dirigido al Honorable Congreso de la Nación con estos conceptos: “Como es lógico, se excluyen de sus beneficios a actos de terrorismo que, no obstante su presunto carácter político, revelan en sus autores una perversidad criminal que los coloca ineludiblemente al margen de la medida proyectada. (…) El Poder Ejecutivo confía en que la sanción de la amnistía propuesta logrará una definitiva y amplia pacificación de los espíritus y servirá de estímulo para que las fuerzas opositoras que aún se debaten en un estéril y empecinado obstruccionismo depongan de una vez por todas su injustificada actitud y se dispongan a trabajar en orden y respeto, sin desmedro de sus ideas, por la causa común de los argentinos: el bien del pueblo y la grandeza de la patria”. Este era el caso, entre otros, de Carranza y Mathov dirigentes de la UCR, cabecillas del atentado, que estuvieron detenidos desde el 13 de mayo de 1953 hasta el mes de junio de 1955, cuando fueron sobreseídos provisionalmente.

Tras el golpe de Estado de 1955, éstos dos y el resto de los imputados declararon haber confesado la autoría de los crímenes bajo tortura, por lo cual el hecho quedó sin responsables y no volvió a ser investigado. El 21 de noviembre de 1955 el gobierno de facto dictó el decreto de amnistía general (decreto-ley 3855), que entre sus fundamentos sostenía: “La finalidad del Decreto número 63/55 es comprender en la amnistía amplia y general a todos los que hubieran sido procesados o condenados por delitos políticos y comunes conexos con aquéllos, desde el 4 de junio de 1946; que esa amnistía se refiere exclusivamente a los procesados y condenados como consecuencia de su actividad política en oposición al régimen depuesto por la Revolución Libertadora, siendo justo que dicha amnistía alcance a todos los ciudadanos en esas condiciones”. Se trataba del mismo gobierno que había bombardeado población civil el 16 de junio de 1955, nuestro “Pearl Harbor”, donde murieron más de trescientas personas y mil doscientas fueron heridas gravemente, derrocado a un gobierno constitucional el 16 de septiembre, fusilado civiles y militares el 9 de enero de 1956, y toda la seguidilla de persecuciones y violaciones a los derechos humanos en el contexto de proscripción del partido político mayoritario, que tendrán su mayor espesor tras el nuevo golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La primera. Referido a este hecho criminal de la historia patria, resulta en la actualidad imposibilidad de acceder a los veintinueve cuerpos del expediente de la investigación. Es inadmisible que las instituciones que tienen a su cargo la obligación de conservar y de permitir el acceso a documentos de estado público medulares para la reconstrucción de la verdad histórica, pongan obstáculos burocráticos de todo tipo. Se explica, para este caso concreto, por ejemplo, que gran parte de los historiadores repitan datos repletos de incongruencias, sin fuentes documentales y rigor metodológico.

La segunda. El ingeniero Roque Carranza, uno de los autores criminales de este atentado terrorista, fue décadas después y, curiosamente, bajo un gobierno que se jactó de defender la democracia y los derechos humanos, fundador del Movimiento Renovación y Cambio de la UCR y ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación con Raúl Alfonsín. Fallecido el 8 de febrero de 1986, se lo homenajeó poniendo su nombre en 1987 a una estación del Ferrocarril General Mitre y anteriormente a una estación de la Línea D de Subterráneos de Buenos Aires (hoy, Miguel Abuelo) en Palermo.

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