Hace pocos días falleció Nicolás Becerra. La noticia no sólo genera enormes tristezas personales a amigos, familia y a quienes lo han acompañado en el terreno de las ideas políticas, sino que produce en algunos la necesidad de recordar el trayecto institucional del ya extrañado Nicolás en varios lugares de nuestro país.
Nicolás Becerra ejerció diversas e importantes responsabilidades institucionales. Habrá amigas y amigos que podrán recordarlo desde muchos ángulos, situaciones y experiencias. Yo quiero sólo resaltar lo que él ha significado para el desarrollo de una institución enormemente trascendente para la vigencia del Estado de derecho: me quiero referir al Ministerio Público Fiscal. Se trata de una institución que en su máxima jerarquía es conducida por el Procurador General de la Nación. Becerra ejerció esa función, con acuerdo del Senado (algo que se extraña en el actual Procurador Nacional), entre 1997 y el año 2004.
Esos años fueron especialmente importantes para el organismo que agrupa a la totalidad de los fiscales federales y nacionales de todos los fueros (particularmente quienes ejercen la acción penal pública -la investigación de todos los delitos-).
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Antes de 1997, el Ministerio Público era un organismo francamente desdibujado, con falta de identidad institucional, desconectado de la realidad social, que en gran medida daba la espalda al tejido comunitario.
A Nicolás Becerra le gustaba recordar que cuando él ingreso a su despacho de Procurador General en la elegante calle Guido las ventanas estaban absolutamente cerradas y las persianas bajas: ya nunca volverían a estarlo.
Bajo su gestión y con su firma emanó el histórico dictamen del “derecho a la verdad” en los casos de lesa humanidad. Becerra fue también quien ordenó la creación de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI) -una oficina multidisciplinaria para dar apoyo a las víctimas de los delitos más traumáticos-.
Bajo su dirección se creó el Programa de Acercamiento a la Comunidad (PAC). El Procurador se reunía dos veces por año, en recordados desayunos en el Hotel “Savoy” a metros del Congreso, con representantes de la sociedad civil y organismos no gubernamentales en reuniones temáticas (derechos humanos, niñez e infancia, consumos problemáticos, seguridad vial, transparencia en la función pública, protección del medio ambiente). En el primer semestre el Procurador recibía preguntas, críticas y pedidos y en segundo él daba respuestas a cada uno de los temas.
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Aún sin haberse constituido la Comisión Parlamentaria Bicameral de control de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, Becerra decidió organizar el envío del Informe Anual de gestión a cada uno de los Diputados y Senadores. En ese informe, elaborado por la Fiscalía General de Política Criminal, se daba cuenta de modo muy detallado y argumentado sobre los resultados del trabajo de todos los fiscales. Se describían los éxitos y los fracasos, los objetivos para el año siguiente, las necesidades, la ejecución presupuestaria y las líneas de política criminal.
En esos años quedó muy claro que los fiscales en la Ciudad de Buenos Aires tenían que cumplir funciones en los barrios, cerca de la gente y no en zonas estéticamente muy cómodas pero desde las cuales no se puede observar la realidad de los vecinos. El ministerio público debía comprometerse con las políticas de seguridad pública.
También en esa época se generaron un conjunto de fiscalías especializadas para lograr mejores resultados en delitos complejos y delincuencia organizada (se creó la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y el Contrabando -UFITCO- y luego le siguieron las Unidades de Delitos de la Seguridad Social, de Delitos vinculados con el Narcotráfico y el Lavado de Activos, y otras).
Becerra fue el procurador que dictaminó a favor de la Inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
Se puso en funcionamiento un Ministerio Público inteligente, comprometido, ágil, moderno y con capacidad de ser un formulador permanente de la política criminal.
Becerra recibía usualmente a los fiscales que iban a plantear los problemas cotidianos de gestión o se acercaban en búsqueda de algún apoyo institucional, pero mucho más usual era que él mismo visitara a los fiscales en sus despachos.
Fue un luchador incansable por la independencia y autonomía del Ministerio Público, pero nunca confundió esa independencia con el alejamiento de la comunidad: todo lo contrario.
En un momento crucial de su gestión, Becerra apoyó las investigaciones sobre los procedimientos falsos que se habían descubierto en algunas instancias policiales que se desarrollaban en la Fiscalía de Política Criminal.
El recuerdo del trayecto institucional del Ministerio Público entre los años 1997 y 2004 debiera transformarse en todo un programa para renovar la luz de una institución que atraviesa una de las épocas más sombrías.
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