Durante el mes de marzo se realizaron en los Centros de Acceso a la Justicia operativos para orientar y asesorar a madres que no logran que los padres de sus hijos e hijas cumplan con el pago de la obligación alimentaria (más conocida como “cuota”) en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires (PBA).
En cuatro semanas recorrimos junto con el ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la PBA y un equipo de profesionales del derecho, los municipios de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Ezeiza y Avellaneda. Escuchamos alrededor de 250 historias y avanzamos en pasos concretos para apoyar a las madres y niñeces.
Cada vida, cada familia, cada mujer que se acercó tiene sus particularidades, pero las une un denominador común: sostienen, con tiempo, cuidados y económicamente, la vida de sus hijas e hijos con bajo, escaso o nulo aporte por parte del progenitor. No pueden, en la mayoría de los casos, contratar un abogado o abogada para afrontar la judicialización del reclamo. O cuando consiguen un patrocinio jurídico gratuito, deben esperar hasta dos años para que un juzgado determine el monto a pagar. O hace años que ese monto no se actualiza. O, aún con el monto determinado, el padre simplemente no paga y no existen estrategias eficaces para hacer cumplir los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que se empobrecen a causa del abandono parental y un diseño institucional judicializado que no tiene herramientas para dar soluciones.
Estos reclamos sin respuesta son vértices de múltiples violencias, aumento de la pobreza, subempleo, sobre empleo y endeudamiento de los hogares monomarentales.
Es el caso de Noelia. Tiene 33 años y tres hijos. Se separó del padre a los pocos meses que nació su última hija, que ahora tiene un año y medio. El más grande tiene nueve y la del medio, cuatro. Mientras convivían, madre y padre trabajaban intermitentemente con contrataciones en general precarias. Con la pandemia, ambos se quedaron sin empleo formal. Ella, recién separada y con una beba pequeña, empezó a trabajar en 2022 como empleada de casas particulares y él hace changas de electricidad y construcción. Cada dos o tres meses él le da algo de plata para los chicos, que viven con Noelia y su madre, quien la ayuda con los cuidados, de lunes a domingo, pero nunca sabe cuánto ni cuándo él aporta. Él los visita. Cada tanto les compra zapatillas o algún juguete. No hay regularidad ni previsión posible. Noelia se acercó a uno de los operativos que hicimos en la zona sur del conurbano donde fue atendida por uno de nuestros abogados. En ese momento, al escuchar el relato y evaluar junto con la psicóloga que no había situaciones de violencia física ni psicológica de por medio, se le propuso realizar una mediación comunitaria con el padre de sus hijos. Se lo contactó por teléfono y a los dos días, en la oficina del Centro de Acceso a la Justicia, se realizó la mediación. Allí, poniendo en común los gastos que implica la crianza de los tres menores, los ingresos de ambos, el tiempo y energía dedicados a los cuidados tanto por parte de Noelia como de la abuela de los chicos, se pudo llegar a un acuerdo y compromiso de pago de una cuota alimentaria (que incluye la comida, pero también ropa, vivienda, útiles escolares, esparcimiento y salud) de forma regular. Para mayores garantías, el acuerdo se pasó por escrito y fue firmado por ambas partes frente al abogado-mediador. Así también quedó disponible para ser homologado frente a un juez, lo cual, si llegara a haber incumplimientos a futuro, permitiría judicializar el caso con mayor facilidad. Además, el equipo interdisciplinario del CAJ realizará un seguimiento durante los próximos meses para garantizar el cumplimiento de lo convenido.
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La situación de Noelia es una de decenas de miles. Según la investigación realizada por el Ministerio de las Mujeres de la PBA 7 de cada 10 padres no cumple con el pago de la obligación alimentaria. Definitivamente, como en todo problema social estructural que escapa la suma de individualidades, es necesario adoptar políticas integrales para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes y que madres y padres (en su enorme mayoría, padres) cumplan con sus obligaciones parentales. Avanzar caso por caso da respuestas efectivas para las situaciones puntuales pero, ante cada resolución -sea en mediaciones o en procesos judiciales-, sabemos que quedan cientos sin respuesta efectiva. Diseñar respuestas integrales es posible y existe un plan de acción para avanzar en este sentido.
En primer lugar, el avance de la tecnología y la investigación sobre la temática nos permite mejorar los procesos existentes, haciéndolos más efectivos, rápidos y sencillos de transitar para las madres y sus hijos e hijas desde la notificación de la demanda, pasando por establecer un piso mínimo para establecer el costo de la crianza y formas de actualización periódica de los montos establecidos hasta la generación de mecanismos eficientes para conseguir el pago de la deuda. Ya se dieron los primeros pasos en este sentido con la creación del Índice de Crianza (Ministerio de Economía de la Nación) que aportará un dato fundamental para establecer el monto de la obligación alimentaria sin someter a las mujeres a la humillación de tener que presentar cada ticket de gastos en pañales o leche en un expediente judicial como si no supiéramos que cuidar cuesta mucho dinero. Administrativizar los procesos, pensar mecanismos eficaces para que los deudores ingresen al Veraz u otros mecanismos sancionatorios mediante los que eludir la responsabilidad parental tenga consecuencias.
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Las respuestas ineficientes del Poder Judicial, y la indiferencia sistémica, son un problema extendido. Esto permite que la injusticia se reproduzca pues, por un lado, se envía un mensaje social de tolerancia y aceptación frente al incumplimiento. Y por el otro, se genera la sensación de inseguridad y desconfianza en las instituciones que administran justicia. La falla estructural actual exige a las mujeres que condicionen sus vidas y afronten en soledad las responsabilidades derivadas de la crianza y cuidado de hijas e hijos. En la mayoría de los casos, resulta un desincentivo, por lo cual muchas mujeres terminan optando por no realizar reclamo alguno, porque saben que las instituciones no las acompañan.
Es hora de asumir, desde los todos los podres y niveles estatales, así como desde el conjunto de la sociedad, que el abandono parental es un problema social relevante que no puede ser tolerado. Acercar la Justicia, volverla accesible, es una obligación estatal. Los 102 Centros de Acceso a la Justicia de todo el país, la Línea telefónica 137 y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires se encuentran a total disposición para asesorar y acompañar a quienes lo necesiten así como para impulsar una reforma profunda en el abordaje de estos casos.
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