Pobre Argentina

Con la XXVIII Cumbre Iberoamericana en República Dominicana, América Latina se apresta a presenciar otro dispendio de recursos y esperanzas mediante una nueva producción estelar de figuración y boato sin resultado práctico alguno. Los solemnes documentos de rigor ya se están confeccionando, aunque no incluyen temas, por lo visto menores, como la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción estatal, el terrorismo o la decisión de encarar concretamente la infraestructura física de la región.

El organismo nació en los noventa, cuando Argentina importaba en el mundo y lideraba en nuestra región. Tanto destaque quiso dársele que el propio rey español se anotó a las reuniones, asistiendo a todas. El circo habanero pronto tiñó todo con su impronta sedicentemente progresista, recordándose cuando el rey Juan Carlos tuvo que interrumpir a Chávez con un “por qué no te callas” cuando éste insultaba a un ex presidente español, convenientemente ausente. A poco, el entero proyecto comenzó a perder un peso que se debiera recuperar para el futuro.

El evento va a ser tan recordado como arando en el agua, en todo parecido a otra inversa Cumbre de las Américas, convocada por Joe Biden en junio de 2022, con la mayoría de los mismos asistentes y propósitos simétricamente opuestos, y de la que hoy nadie recuerda nada.

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La eterna retórica de estos encuentros ya ni siquiera encubre la realidad de fondo: en nuestra región debatimos entre democracias y populismos. Lo demás es sonido y furia, que nada significa.

Para la primera Iberoamericana, países como el nuestro ya habían adoptado a los derechos humanos como una política de estado propia de todos y cada uno de los argentinos. Hoy, esa política no es más de todos sino del kirchnerismo, que la degradó hasta convertirla en una bandera de facción para proteger a amigos como los Castro, Chávez, Maduro, Ortega, Evo Morales o Rafael Correa.

Ya bastardeados los derechos humanos, ahora es el turno del derecho de asilo. Como territorio largamente atravesado por terribles luchas políticas, América Latina reaccionó construyendo un edificio jurídico que es ejemplo en el mundo para la protección de los disidentes y opositores de las dictaduras. La doctrina Drago, que enfoca otra problemática, se constituyó, por ejemplo, en un orgulloso aporte nacional a la convivencia civilizada y la defensa de la soberanía.

Las normas y jurisprudencia del derecho de asilo apuntan a la seguridad personal y la libertad de pensamiento de cualquier habitante de nuestros países. Para hacer caer un asilo, hace falta que el sistema judicial del país que requiere la extradición cuente con una Justicia respetada que haya dictado una condena firme.

En su momento, Chile nos solicitó la extradición de Galvarino Apablaza, guerrillero chileno condenado en firme por la Justicia trasandina por secuestro y asesinato. Como corresponde, la Justicia argentina estudió el caso y, luego de evaluarlo, en 2010 la Corte Suprema dictaminó que, efectivamente, el requerimiento se ajustaba perfectamente a derecho. Pero la entonces presidenta Kirchner nunca ejecutó la medida, poniendo así abiertamente en duda que nuestros hermanos trasandinos contaran con un sistema judicial respetable en una democracia republicana y plural.

Pero, ¿a quién le importa?: ¡Apablaza era del palo!

Como la historia se regodea repitiéndose como farsa, poco antes de este encuentro dominicano de prohombres regionales, Alberto Fernández consideró oportuno escribirle, oficialmente, al presidente de Ecuador, que “a todos debe lastimarnos que en su Patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores”. Como era de esperar, tanto Ecuador como Chile se manifestaron indignados, calificando Santiago a los dichos de nuestro presidente como “impertinentes e impropios”. Haciendo amigos, como quien dice.

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La zarzuela no surgió de la nada, en 2021, en el juicio a Jones Huala, delincuente así declarado y condenado por la Justicia trasandina, se presentó el embajador argentino para alegar en favor del procesado, que rechaza ser ciudadano argentino y estaba ante un tribunal extranjero por un delito cometido fuera de nuestro país. Los jueces ignoraron a Bielsa y la Cancillería chilena elevó una fuerte queja. Pero no le podíamos fallar: este muchacho Huala también es del palo.

Ahora este “nacional” mapuche, fugado de Chile y protegido en Argentina, fue de nuevo capturado –prácticamente por civiles- y ha sido de nuevo requerido por la Justicia chilena. Va a ser interesante observar si el gobierno de Alberto y Cristina vuelven a hacernos quedar bien.

En 2019 se nos requirió el envío a Bolivia de un prófugo de la Justicia de ese país, a la sazón Evo Morales. No se hizo lugar, acogiendo a Morales en nuestro territorio donde, en abierta violación a las normas y prácticas del caso, hizo política sin restricciones. Afortunadamente, todo terminó bien: se recuerda claramente la imagen televisiva de Morales y Fernández caminando hacia la frontera, donde se despidieron emocionadamente. Imposible no evocar el inolvidable final de Casablanca y la frase de Rick al jefe de policía: “esto podría ser el principio de una gran amistad”. Por supuesto, Jeanine Añez, la entonces presidente boliviana que requirió la extradición de Morales, hoy ya lleva dos años presa.

Ahora mismo, estamos montando otra superproducción populísima. Después de alojar por más de dos años a una ex ministra de Rafael Correa condenada por corrupción, un buen día la embajada argentina en Quito comunicó que la dama había desaparecido. Ante la indignada protesta del gobierno ecuatoriano, la señora apareció… pero en otra embajada argentina, esta vez en la de Venezuela. Nada por aquí, nada por allá, la ministra ya no está. Un digno caso para Mesmer o Fu Manchú.

El argumento ecuatoriano es que tal maniobra no pudo efectuarse sin la participación y complicidad de funcionarios argentinos y da en el clavo del tema central: “la impunidad que se otorga a prófugos supone complicidad.”

De hecho, el cortocircuito diplomático, manejado por amateurs incompetentes, no hizo sino perpetrar un nuevo ataque al respetabilísimo derecho de asilo, toda vez que la trama deja al descubierto, sin posibilidad de disimulo, la evidente intención de instalar una fraternidad de ayuda y socorros mutuos entre las malandrocracias de América Latina.

Quizá vaya siendo hora de que en Dominicana florezca otro brillante aporte argentino a la tradición jurídica latinoamericana: la doctrina del lawfare, novedosa piedra filosofal que convierte a los ladrones en héroes de la democracia. ¡Vamos Argentina!

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