Juicio contra el “Chacal” de Cañuelas: durante 12 años secuestró, violó, esclavizó y embarazó a su hijastra discapacitada

Miguel Ubaldo Reynoso está acusado de reducir a la servidumbre a la víctima y a dos niños paridos en cautiverio producto de las violaciones a las que la sometía desde los 14 años. En diciembre, la fiscal quiso cerrar la causa con un juicio abreviado

Miguel Ubaldo Reynoso

Reynoso está preso desde 2017, cuando la policía liberó a Y., la hija de su concubina, y a dos niños de 11 y 5 años que tuvo en cautiverio como consecuencia de las violaciones de su padrastro. Cuando los rescataron, Y., que sufre un retraso físico y madurativo severo por el cual ni siquiera comprende que los niños son sus hijos, tenía 25 años y cursaba un nuevo embarazo de ocho meses. Luego se comprobó que los tres son hijos de Reynoso. La madre, M., hizo la denuncia, pero luego desapareció y tanto Y. como los niños quedaron a cargo de su hermana V., que exige 35 años de prisión para su propio padre.

Cuando M. formó pareja con el “Chacal”, Y., de una relación anterior, tenía 21 días de vida. Del nuevo vínculo nacieron sus medio hermanos, B. y V. De niña, Y. vivía con su abuela, pero cuando falleció se incorporó a la nueva familia de su madre, en Ezeiza. Tenía 14 años y sus medio hermanos 13 y 12, respectivamente. En diálogo con Infobae, su hermana V. recuerda los abusos: “Mi hermano y yo veíamos cómo la encerraba, la hacía dormir la siesta con él, se la llevaba, cortaba la luz, nos mandaba a hacer mandados para violarla y cuando volvíamos él salía de bañarse y mi hermana se acomodaba la ropa, estaba re nerviosa”.

Luego de que Y. quedó embarazada por primera vez, su madre hizo la denuncia en la Justicia provincial de Lomas de Zamora, pero no pasó nada. La causa terminó con una falta de mérito. De esa violación nació una niña que hoy tiene 17 años. Luego se mudaron a Cañuelas y al poco tiempo los hermanos de Y. se fueron de la casa. Ocasionalmente visitaban a sus padres. En 2017, los hermanos enfrentaron a Reynoso. “Yo fui, abrí la puerta, saqué las cosas de él y le dije que le iba a hacer la denuncia, que yo sabía, que ya era grande y me había dado cuenta de todo”, recordó V. en diálogo con este medio. Para ese entonces, la víctima había tenido otro niño en cautiverio. Y ahora estaba embarazada otra vez.

Y. fue trasladada con fuertes dolores abdominales al hospital, donde se descubrió que cursaba un tercer embarazo de ocho meses. M., la madre, hizo la denuncia policial. Su hermano B. dijo que M., la niña y los pequeños de 11 y 5 años estaban secuestrados y reducidos a la servidumbre. “Hacían sus necesidades en una lata y Reynoso los tenía amenazados de muerte para que no salieran de la casa y no contaran nada”, les dijo a los medios. V., en cambio, refiere que la madre sabía todo. “Es mentira que ella también estuvo secuestrada. Lo que hacían, tanto él como M., era aislar a mi hermana para que no hable con la gente y no cuente nada”.

¿Qué pasó desde entonces? Poco y nada. Reynoso fue detenido y está hace seis años sin condena ni juicio. La madre de la víctima desapareció completamente y ninguna autoridad se ocupó de buscarla. En cuanto a Y., el Estado y la Justicia la olvidaron por completo. “Hubo un vacío estatal”, le dijo a Infobae su abogado, Julio Torrada, que tomó el caso pro bono a fines de 2022 para evitar que se cerrara con un juicio abreviado por el que el “Chacal” de Cañuelas se habría ido caminando a la casa en un par de años. Ni Y. ni nadie en su representación pudo participar formalmente del proceso penal contra su agresor.

La joven y sus tres hijos quedaron a cargo de su hermana. El 20 de diciembre de 2022, días antes de la feria judicial, apareció la policía buscando a M., la madre, para notificarla de que la fiscal María Helena Clara de la Cruz Orsi se proponía cerrar la causa con un juicio abreviado por el que Reynoso aceptaba su responsabilidad a cambio de 15 años de prisión. Es una notificación obligatoria desde que se sancionó la ley de víctimas en 2017. Reynoso ya llevaba casi seis años preso. Y, como las reformas penales que prohibieron las salidas transitorias y la libertad condicional en delitos contra la integridad sexual fueron posteriores a los hechos, el abreviado lo dejaba muy cerca de la libertad.

En esta calle está ubicad la vivienda donde Reynoso tenía secuestradas a sus víctimas

V. se dio cuenta y contactó al abogado Torrada. “Es el caso más macabro en el que me tocó intervenir”, dijo en diálogo con Infobae. El 27 de diciembre se presentaron en la fiscalía, donde no quisieron mostrarles la propuesta de juicio abreviado y buscaron enrostrarle a la hermana de la víctima una supuesta acta firmada por ella en la que lo consentía. Pero el acta nunca apareció y, en cambio, lograron irse con un documento en el que dejaron expresa constancia de su oposición al acuerdo. “Fue todo muy irregular y desprolijo”, recuerda Torrada.

Al día siguiente recibieron un llamado de la fiscalía. Les dijeron que no hablaran con los medios y que la fiscal iba a desandar el acuerdo de juicio abreviado. En febrero de este año, después de la feria, se hizo un informe del caso en un noticiero. A la semana les notificaron día, fecha y lugar del juicio. En el debate se comprobó la discapacidad de la víctima y la relación filial de Reynoso con los tres hijos de Y.

El viernes 31 son los alegatos. Solo hablarán los representantes del imputado y de la fiscalía. La víctima nunca fue incorporada al proceso porque ningún actor estatal se ocupó de ella cuando se inició la investigación. Reynoso está acusado de privación ilegal de la libertad, abuso triplemente agravado, lesiones graves y coacción agravada.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata, integrado por la jueza Carolina Crispiani y los jueces Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Estrada, daría a conocer la sentencia la primera semana de abril. El abogado Torrada sostiene que a Reynoso le corresponden no menos de 35 años de prisión, pero la fiscalía anticipó que la violación que resultó en el nacimiento de la primera niña (hace 17 años) podría estar prescripta y, según la hermana de la víctima, el magistrado Caputo Tártara minimizó los hechos durante el debate.

No sabemos si, con el grado de discapacidad que tiene, Y. podrá comprender la decisión final que surja del juicio. ¿Pero no merece, acaso, justicia? ¿No le debe eso el Estado que la dejó librada a su suerte luego de 12 años de abusos, de vejaciones, de parir dos niños en cautiverio sin siquiera comprender que son sus hijos? ¿No le debe justicia el Poder Judicial que no actuó luego de aquella primera denuncia de su madre en los tribunales de Lomas de Zamora? ¿No le debe nada el Poder Judicial de La Plata, que quiso cerrar la causa con un consentimiento de la víctima que nunca existió? Si, después del infierno que padeció de su abusador, de su madre, del Estado y de la Justicia durante 17 años, Y. no recibe una decisión reparadora, pues no sé para qué pueda servir entonces el derecho.

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