El sistema energético está atado con alambre

En noviembre de 2022 la empresa italiana Enel, cuyo principal accionista es el Estado italiano con el 23,6% de las acciones anunció la venta de la totalidad de los activos que posee en la República Argentina, fundamentando esta intención en cambios en la estrategia corporativa que lo lleva a reorientar sus inversiones.

Según la información que ofrece la compañía “Enel está presente en más de 30 países a través de todo el mundo, produciendo energía por alrededor de 88 GW de capacidad instalada. Distribuye electricidad a través de una red de más de 2,2 millones de kilómetros, y con más de 74 millones de usuarios finales, lo que la convierte en el primer operador global, teniendo la base de clientes más grande del mundo”.

Dentro de los activos locales que forman parte del plan de desinversión de la firma italiana se encuentra una de las distribuidoras eléctricas más grandes del país, Edesur, que abastece a casi dos millones y medio de clientes, es decir que varios millones de personas, cientos de miles de comercios y decenas de miles de industrias dependen del servicio que presta esta compañía.

Durante las últimas semanas diversos cortes de energía han afectado a diferentes localidades del conurbano bonaerense y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sin dudas las altas temperaturas de las semanas pasadas, el precio accesible de la energía, que permite sortear el uso racional de la misma y la falta de inversiones en infraestructura son los principales factores que han contribuido a esta nueva crisis de distribución eléctrica.

Ante esta situación, el Estado Nacional, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía de la República Argentina que regula las concesiones de transporte y distribución de energía eléctrica en el país, ha aplicado sanciones, multa e intervenciones a la empresa distribuidora intimando a restablecer el servicio, reintegrar la factura de luz a los clientes afectados, reparar los daños materiales que los cortes pudieron haber ocasionado y abonar penalidades multimillonarias.

Sin embargo, al igual que en las historias de televisión, es fundamental ver todos los episodios para entender mejor el final de la película.

Hacia finales de 1991, el Congreso de la Nación sanciona la Ley 24.065, conocida como Marco Regulatorio Eléctrico, que sirvió de andamiaje jurídico para llevar adelante las privatizaciones de los servicios públicos del sector que se realizaron en los años posteriores.

En 1992, fruto de la privatización de la empresa estatal Segba, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el Gran Buenos Aires, incluyendo naturalmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se creó Edesur, entre otras empresas.

Entender los comunes denominadores que alcanzaron a la gran mayoría de las privatizaciones de los 90 servirán para comprender cómo llegamos a estos días.

Con una democracia incipiente, pues el primer presidente post gobierno militar Raúl Alfonsín, adelantó el fin de su mandato frente a una crisis social y económica terrible. El salario de los argentinos se licuó en un 90% en términos de poder adquisitivo, la economía se encontraba en hiperinflación y los pagos por servicios de deuda externa se estaban incumpliendo. Con esta coyuntura seducir a potenciales inversores en colocar fondos a largo plazo en el país era una tarea titánica.

Las probabilidades de éxito de las medidas encaradas por la administración del presidente Carlos Menem eran inciertas, en consecuencia, la liga de los potenciales compradores de empresas privatizadas estaba compuesta por “creyentes y oportunistas” que buscarían enormes rentabilidades y mínimas inversiones capital para embarcarse en estos proyectos.

Así fue como los primeros accionistas de Edesur fueron empresarios locales y chilenos que estructuraron créditos contra el flujo y las acciones de la misma empresa que compraban, que fueron canceladas durante los primeros años de concesión.

Es de destacar que las tarifas de luz de los hogares durante los años de la convertibilidad eran muy superior a las que se abonaban en la región, llegando en algunos casos a ser tres veces más cara. Y aún así, Edesur ocupó la primera plana de todos los diarios cuando en febrero de 1999, en medio de un caluroso verano, se produjo un apagón durante 11 días que afectó a más de 600.000 clientes.

Ese año, con la rescisión de la concesión latente y la reputación del servicio por el piso, los accionistas del inicio encontraron en la venta de su parte del paquete accionario a la empresa española Endesa, una salida honrosa que oxigenó, al menos por un tiempo, su relación con el ente regulador, los medios y los usuarios.

Finalmente, en 2008 Enel adquiere activos de Endesa a nivel global, entrando en el “paquete” las acciones que la empresa española poseía en Edesur. Claramente, Enel recibió esta participación dentro de un combo que involucra activos por todo el mundo, principalmente Europa.

La ruptura de los contratos que se sucedieron con la pesificación asimétrica y el congelamiento de tarifas llevaron a las empresas de servicios privatizadas a un modo de subsistencia.

Falta de inversiones, deterioro en la infraestructura existente, reducción del mantenimiento preventivo, precarización de las plantillas laborales e incluso, incumplimiento en el pago a proveedores, entre ellos a Cammesa, a quien se le debe abonar el transporte y la generación que las distribuidoras entregan, explican gran parte del deterioro del sumistro de energía eléctrica.

La matriz de costos de una distribuidora eléctrica contempla cuatro grandes voces:

a) Costos de estructura, constituidos por los sueldos de sus propios empleados, operarios, edificios, móviles, equipos y materiales.

b) Costos de mantenimiento, que comprende a proveedores de mano de obra y materiales necesarios para atender prevención y emergencias.

c) Pago de la generación y el transporte de la energía que distribuyen.

d) Inversiones en crecimiento y mejora de la red, que son las obras que actualizan y amplían la calidad de servicio.

Frente a la escasez de fondos fruto del retraso tarifario algunas tareas terminan desfinanciadas. El congelamiento tarifario ha llegado a niveles tan ridículos que en algunos casos el costo de envío de la factura del servicio era mayor que el valor de la factura.

Cuando el precio de venta de cualquier bien o servicio es menor a su costo, cuando más se vende más se pierde. ¿Quién invierte en estas condiciones? Lo que primero se suspende son las inversiones, haciendo solo lo mínimo e indispensable.

En este punto se conjugan dos factores, por un lado, la falta de recursos y por el otro la falta de financiamiento pues, al tener tarifas por debajo de los costos, nadie financia proyectos que no se puedan repagar. Una vez hechos estos ajustes se llega a una red eléctrica que se consume así misma, pues se amortiza por su uso, pero no se renueva.

El constante deterioro en el valor de las tarifas ha llevado a las distribuidoras a reducir cada uno de sus centros de costos para poder subsistir. Así fue con el modelo de mantenimiento preventivo y correctivo, la estructura propia y finalmente, frente a una escasez de fondos creciente y atraso en los pagos al proveedor de energía.

Desde sus orígenes, empresas como Edesur han sido signadas por un patrón común, la falta reglas permanentes que conlleva a la pérdida de confianza en el país. Es por eso por lo que el sistema requiere una revisión completa tanto de tarifas como planes de inversiones y subsidios.

Todos pueden coexistir en un equilibrio que permita salir de esta política de atar con alambres los temas a resolver porque le queda poca vida a este modelo que esconde el polvo bajo la alfombra.

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