La realidad habla y no deja lugar a dudas: las prioridades del gobierno que asuma en Argentina después de las próximas elecciones son claras. Los argentinos no queremos -ni podemos- tolerar otra cosa.
A continuación, desarrollo algunos de los puntos claves para el próximo gobierno.
Absolutamente todas las medidas que adopte el próximo gobierno argentino deberían estar dirigidas a lograr uno o más de los siguientes objetivos:
1) Reducir el esfuerzo fiscal que hacen los pagadores de impuestos: Más de 160 tributos entre nacionales, provinciales y municipales teníamos hasta hace poco tiempo. Sí, más de 160. Y seguramente ya sean más, porque todos los días tenemos uno nuevo.
2) Generar seguridad jurídica. A grandes rasgos, la seguridad jurídica es la garantía que el Estado le da -o le debería dar- al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados y que, si esto pasara, le serían asegurados por parte del Estado, la protección y reparación de aquellos. El problema es que Argentina, cada vez más, es un país de baja o nula seguridad jurídica.
De los gobiernos que tuvo Argentina en los últimos 70 u 80 años, y posiblemente más también, solo uno llevó adelante un programa consistente con lo que planteamos
3) Reconocer un mayor grado de libertad para los ciudadanos: restricciones para comprar dólares, restricciones para viajar, restricciones para contratar empleados y más restricciones, siempre restricciones. La libertad de las personas no puede seguir siendo el precio a pagar por muchas de las pésimas decisiones que toman todos los días los gobernantes.
La realidad es que, si una decisión cualquiera a tomar, no genera al menos uno de los efectos expuestos anteriormente, no tiene sentido tomarla.
De los gobiernos que tuvo Argentina en los últimos 70 u 80 años, y posiblemente más también, solo uno llevó adelante un programa consistente con lo que planteamos en esta columna. Y aunque no lo hizo de manera constante, Argentina creció.
Obviamente, me refiero a la controvertida presidencia de Carlos Saúl Menem quien, entre muchas cosas, desreguló la economía, privatizó empresas públicas sumamente deficitarias y tuvo una política tributaria que, si bien incluyó varios errores, por momentos hasta habría alegrado al mismísimo Laffer.
Desafortunadamente, al mismo tiempo, endeudó al país de manera significativa (durante su mandato, la deuda externa se elevó un 123%), confiscó ahorros del sector privado (me refiero, claro está, al Plan Bonex ideado por Erman a González), fue el padre de la corrupción moderna y no contribuyo en lo más mínimo a la seguridad jurídica del país (más allá de la corrupción, amplió el número de miembros de la Corte Suprema de manera de lograr la famosa “mayoría automática” y emitió 545 decretos de necesidad y urgencia). Dejo de lado el tema de Río Tercero y los atentados a la embajada de Israel y la AMIA porque no hacen a los temas que estamos tratando aquí.
Volviendo a su política tributaria, esta alternó excelentes medidas con medidas muy malas, cuyas consecuencias seguimos pagando hoy.
Hago un resumen de ello para no extenderme demasiado. Quizás algún día valga la pena escribir una columna exclusivamente dedicada a la política tributaria impulsada por el binomio Menem-Cavallo.
A los fines de esta columna, digamos que, en el haber de su gestión tributaria, se encuentran la significativa reducción del impuesto a las ganancias (que había alcanzado un récord en el gobierno de Alfonsín) y de los aportes patronales, la eliminación de la gran mayoría de las retenciones, la derogación del impuesto al cheque e inclusive la decisión de aumentar el IVA en lugar de subir algún otro tributo, como bienes personales o inclusive el ya mencionado impuesto a las ganancias.
Quien ocupe la Casa Rosada a partir de diciembre de 2023 se las deberá ingeniar para que así sea. Los años dorados de Argentina fueron todos previos a la sanción de este mamarracho, allá por 1935
Entre las malas, la decisión de dar continuidad al Impuesto al Patrimonio Neto, que en 1991 se transformó en el Impuesto a los Bienes Personales, la adopción del sistema de renta global (en reemplazo del sistema de renta territorial que regía por entonces) y, la peor de todas sus iniciativas: otorgar raigambre constitucional a la nefasta Ley de Coparticipación Federal.
No hay forma de que Argentina salga de la situación en la que está sin competencia fiscal entre sus provincias. Quien ocupe la Casa Rosada a partir de diciembre de 2023 se las deberá ingeniar para que así sea. Los años dorados de Argentina fueron todos previos a la sanción de este mamarracho, allá por 1935.
Cierro con esta reflexión: el único gobierno que se acercó a lo que planteamos, aún cuando cometió muchísimos errores, logró que el PBI per cápita creciera, en diez años, 34% (de US$8,149 en 1989 a US$10,935 en 1999. Imaginen qué pasaría si el próximo gobierno, además de desregular la economía (es decir, reconocer mayores libertades a los ciudadanos) y reducir el esfuerzo fiscal de los pagadores de impuestos (el cual se ubica, hoy, entre los más altos del mundo), no es corrupto y se preocupa por generar seguridad jurídica.
La situación es clara y el escenario es crítico. En otras palabras, “es corta la bocha”.
Seguir leyendo: