La cuestión del narcotráfico y la apremiante secuela de violencia asociada, especialmente en Rosario, tiene en vilo a la ciudadanía. Con base en nuestra experiencia en el juzgamiento de estos delitos y siempre dentro de un diseño o plan integral, sugerimos, entre otras, las siguientes medidas:
1. Sistema acusatorio para eficientizar las investigaciones y la judicialización de las causas: las estadísticas de la única jurisdicción que tiene implementado el sistema acusatorio (Salta - Jujuy) desde junio de 2019 dan cuenta de la fenomenal reducción de plazos en las investigaciones y procesos que han permitido, a la vez que desmantelar organizaciones de crimen organizado, homologar (en un alto porcentaje) salidas alternativas como acuerdos abreviados, cerrando en pocos meses, con condenas, los casos de flagrancia o donde el respaldo de la prueba es contundente.
El traslado de la investigación en cabeza de los fiscales garantiza, en términos de eficiencia, la conformación de unidades especializadas (Procunar) que actúan como “task force”, con dedicación exclusiva, para encarar este combate.
2. Provincialización del narcomenudeo: 12 de las 24 provincias argentinas han adherido a la opción que brinda la Ley de Estupefacientes (art. 34) de asumir con recursos propios, en la justicia local, la persecución del narcomenudeo. Esto quiere decir que, a la par de los jueces federales que investigan el tráfico en mayor escala, los provinciales (junto a la policía local) se ocupan de las bocas de expendio, de la venta de droga “al menudeo”, en los distintos barrios.
Es lógico admitir que esta división de tareas, que debe estar acompañada de intercambio de datos y actuación articulada entre ambas jurisdicciones (los puestos de venta suelen ser el último eslabón de operaciones de mayor envergadura) optimiza resultados.
A sopesarse con pros y contras, lo cierto es que duplica la disposición de tiempo y recursos, dado que suma a las provincias para enfrentar este flagelo y da espacio a la justicia federal para ocuparse de las grandes mafias. En el caso de Santa Fe, rodeada de provincias adherentes (Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires), existe un proyecto de ley en este sentido.
Te puede interesar: El Procurador analiza abrir una oficina de la PROCELAC en Rosario para reforzar la lucha contra los narcos
3. Escalada de violencia en el narcotráfico: los sucesos violentos de revanchas, desquites, amenazas, secuestros y balaceras, con cantidad incesante de víctimas colaterales, invaden las noticias con una lamentable cotidianeidad. Es indiscutible que la mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles (policía o gendarmería) ayuda, pero no alcanza si se desatienden los demás factores.
4. Prevención: La habilidad de las organizaciones criminales para desarmarse, bifurcarse y de nuevo rearmarse, demanda un Estado táctica pero también técnicamente alerta. Sin equipamiento como radares y escaners la droga sigue “lloviendo” o pasando oculta de las más diversas e insólitas formas, burlando los controles. Desde armamentos y cascos, pasando por sofisticados GPS y camionetas especialmente preparadas, en zonas como la puna el despliegue de los delincuentes es a veces mayor al de gendarmería. Revertirlo implica, necesariamente, inversión.
5. Cuestión penitenciaria: los ajustes de cuentas y demás maniobras delictivas diagramadas desde la cárcel han dejado de ser excepcionales. Falta inteligencia intramuros y sobran celulares y señal para presos que siguen operando desde el encierro y se consolidan como verdaderas asociaciones ilícitas. La importancia de esta clase de investigaciones se manifestó en el operativo que logró frustrar el viernes pasado la fuga de Esteban Lindor Alvarado, capo narco rosarino que cumple prisión perpetua en Ezeiza y tenía todo listo para huir en helicóptero.
6. Corrupción en las fuerzas de seguridad y carcelarias: Toda esta situación de caos da pie, cuanto menos, a sospechar de alguna connivencia por parte de las fuerzas. El mayor peligro de la delincuencia organizada es la infiltración en las instituciones, porque entonces aparece el “estado narco” o la “mafiocracia”, de que habla Buscaglia. Ello impone depuración interna de eventuales sectores implicados, a la vez que un rediseño en los controles para evitar la atomización de los mandos policiales, ambiente propicio para la corruptela y la anarquía, en la que el ciudadano siente que no tiene más alternativa que hacer justicia por mano propia.
7. El arrepentido y demás técnicas de investigación: Cuanto más sofisticada es la organización criminal más cuesta penetrar en ella, por ello el empleo judicialmente monitoreado de estas figuras, que ya están legisladas, es relevante en tanto fuente de datos que de otra manera no se obtendrían en pos de desmantelarlas.
8. El circuito económico post tráfico: es hora de intensificar el cruzamiento de datos entre Afip, Aduanas, UIF, Migraciones y otros entres relacionados al movimiento de los caudales que genera el narcotráfico. La trazabilidad de la riqueza espuria, o sea, detectar cómo se produce el lavado del dinero proveniente de estos delitos, es un canal que conduce, indefectiblemente, a la médula de los mega grupos criminales.
9. Otras medidas pertinentes: hay que prestar especial atención a la rápida destrucción del estupefaciente secuestrado para evitar que recircule, y ello debe hacerse mediante quema en hornos pirolíticos.
Por último, a nivel legislativo, debe debatirse la conveniencia de agravar las penas cuando se trate de paco o sustancias residuales similares, más baratas, que erosionan la salud con estrepitosa rapidez y son de alto acceso para el consumidor de los estratos sociales vulnerables.
Todas estas propuestas, desarrolladas con base en el quehacer diario del Poder Judicial tienen como se advierte, incumbencias en los tres poderes el Estado, de allí que la posibilidad de llevarlas a cabo implica la imprescindible colaboración entre ellos, absolutamente indispensable para atacar con éxito el crimen organizado.
Seguir leyendo: