Por estos días, los equipos directivos de las escuelas secundarias bonaerenses están recibiendo una presión de las autoridades educativas mucho más grande de la habitual, que ya es alta.
¿Por qué? Porque finalizaron formalmente los períodos de intensificación, que es como denominan a las instancias de recuperación de contenidos para aquellos alumnos que no alcanzaron los saberes esperados, y la cantidad de chicos que tendría que repetir el año es increíblemente alta.
¿Alguien puede creer que los dirigentes de CTERA, organización en la que el kirchnerismo delegó toda la política educativa, están preocupados por la formación de esos estudiantes y abordan la problemática enfocados en encontrar respuestas para volver a ponerlos en carrera, para darles herramientas con las que podrán acceder al mundo del trabajo y a la educación superior en un futuro cercano?
Absolutamente no.
Lo que están tratando de perpetrar es la típica maniobra kirchnerista: disfrazar la realidad para sincronizarla con un relato que ya no cierra por ningún lado.
La cantidad de alumnos fuera del sistema educativo, aquellos que cursan con sobreedad, la repitencia, la deserción y las lecturas que arrojan las evaluaciones hablan de una caída indisimulable. Es el resultado del apagón educativo que tuvo su epicentro durante la pandemia pero que en la provincia de Buenos Aires nunca terminó.
Por eso buscan desesperadamente la promoción automática, el siga-siga. Como la reacción de la comunidad educativa impidió que la flexibilización del régimen académico fuera aprobada formalmente por el Consejo General de Educación ahora intentan meterla por la ventana y a la fuerza.
¿Quiénes son los perjudicados?
Hay muchas formas de abordar esta pregunta pero todas llevan al mismo resultado: el nivel de daño es tan pero tan grande que tendrá un impacto a nivel país, general y mayúsculo. En 2020, el Centro de Estudios para la Recuperación Económica de la Argentina dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA comenzó a estimar el impacto económico de la clausura de las aulas. Ya en ese año -sin contar lo que sucedió también en 2021-2022 y está empezando a pasar en este ciclo- podía calcularse que la pérdida de escolaridad tendría para los argentinos un duro efecto. Perderíamos un 136% del PBI de entonces a lo largo del siglo.
Para tener una idea de la magnitud de la que estamos hablando, en promedio, se trataría de un agujero de 7000 millones de dólares por año desde ahora hasta el 2100. 7000 millones de dólares por año es, aproximadamente, el déficit operativo de todas las empresas del Estado. Sin esa merma tan extendida en el tiempo, muy distinta sería nuestra realidad económica. Tendríamos la posibilidad de sostener una política monetaria con otro margen de maniobra y hasta podríamos soñar con domar la inflación.
En el mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, determinó que un año adicional de escolaridad aumenta el PBI per cápita de una nación entre 4 y 7%.
No son solo números. Lo que todo esto quiere decir que el apagón educativo no es gratis. Además, es doblemente injusto. ¿Por qué? porque esa cuenta general no se divide equitativamente. Los que más ponen, los que más pierden, son los que menos tienen.
Los chicos de las escuelas públicas, los de los barrios más postergados, tendrán peores trabajos y remuneraciones a lo largo de sus vidas. A ellos el kirchnerismo, el populismo, el cterismo educativo no solo les está hipotecando el porvenir, los está sentenciando a una cadena perpetua: la pobreza estructural.
Por supuesto, este perjuicio enorme no solo se expresa en términos de ingresos. También es, obviamente, una peor calidad ciudadana. Esos jóvenes tendrán escasos recursos culturales y sociales. Literalmente, les arruinan la vida, les amputan las alas sin remedio, les roban la libertad.
Hay que terminar de una vez con esto, con el adoctrinamiento, con la escuela al servicio de un espacio político que para sobrevivir vampiriza a los chicos y luego los descarta para siempre.
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