Ponzi macroeconómico: “deuda en pesos es fragilidad bancaria”

El canje “voluntario” de deuda pública de corto plazo por títulos con vencimiento entre febrero 2024 y febrero 2025, despejaría el horizonte de las finanzas públicas de abril a junio, y quedará pendiente cerca de $14 billones hasta fin de año.

Pero este cuarto canje del actual ministro de Economía, Sergio Massa, se realiza costa de terminar por indexar el resto de la deuda pública en pesos hasta ahora no indexada en manos de los bancos y la intención también en manos de fondos comunes de inversión y empresas de seguros.

El seguro de liquidez anunciado permitiría ejercer la opción de vender esos bonos en el futuro a cambio de pesos, con el consiguiente riesgo de aceleración inflacionaria, sobre una inflación de tres dígitos (sic).

La dominancia fiscal no es solo sobre el Banco Central sino también sobre el sistema financiero extremando su fragilidad. En efecto, la Deuda pública en manos de los bancos está superando el 70% del total de los depósitos y más del 100% de los plazos fijos.

Según datos publicados por el Banco Central de la República Argentina, las tenencias de deuda pública en términos de Leliq, pases y títulos del tesoro han cooptado prácticamente toda la liquidez bancaria, dejando muy poco espacio para el crédito al sector productivo. Los bancos están prácticamente nacionalizados del lado del activo de sus balances. Las entidades se han convertido en socios involuntarios del sector público, casi obligados por la lógica baja de demanda de crédito y alto riesgo de incobrabilidad del sector privado productivo ante una inflación crónica.

La principal función de los bancos es la intermediación financiera captando el ahorro de los depositantes para canalizarlo al crédito al sector productivo. Así como cuando se corre el llamado “velo empresario”, se descubre que los hogares son en definitiva los dueños de las empresas, cuando se corre el “velo de la intermediación financiera”, son los ahorristas los que otorgan crédito al sector productivo.

La particularidad argentina es que los depositantes a través del “velo bancario” están prestando y financiando “involuntariamente” al Estado Argentino a través del sistema financiero.

Los ahorros de los argentinos en depósitos bancarios, para asegurarse ante alguna contingencia o para jubilarse, están sujetos a cualquier evento disruptivo de un Estado Insolvente sin recursos legítimos para pagarla.

Los depósitos indexados o a tasas nominal que incorpora la inflación tienen un único respaldo en deuda pública sujeta continuamente al refinanciamiento que de no producirse significaría su pago en pesos crocantes, como le sucedió a Martín Guzmán cuando no pudo refinanciar los bonos indexados. Pero por suerte no necesariamente se corre el velo. Hay una virtual ilusión monetaria sobre el dinero indexado.

La aceleración inflacionaria genera un incentivo a acortar los plazos de las deudas a los fines de reducir la incertidumbre del acreedor y deudor sobre el valor real futuro del crédito otorgado, generando una renegociación continua de la deuda pública.

La indexación de los créditos tiene el fin, por el lado de los bancos, de evitar los efectos de una posible devaluación o aceleración inflacionaria. La indexación de los depósitos tendría el objetivo de evitar que los ahorristas sean hogares o empresas se cubran con demanda de dólares.

Pero en un sistema con activos bancarios nacionalizados, la contraparte de los depósitos es deuda pública en pesos indexada a la inflación, dólar oficial o dual (el que mejor paga). El esquema de financiamiento del Sector Publico se ha transformado en un verdadero Ponzi macroeconómico donde mágicamente el ministro de Economía cumpliría el papel de Charles Ponzi, Bernard Madoff, Bankman-Fried (FTX) o más localmente Generación Zoe. Pero la insostenibilidad de sector público y su consecuencia sobre la fragilidad financiera es un sistema.

¿Qué sucede cuando por algún evento exógeno se corta el esquema Ponzi, es decir el amicus curiae entre los “socios” “involuntarios”?

Si se interpreta literalmente la solución del economista keynesiano Hyman Mynski, ante un eventual de retiro de depósitos en pesos, el Banco Central actuaría como prestamista de última instancia. Como los depósitos (indexados o no) son en pesos, no habría problema ya que el entre monetario emitiría lo necesario para cubrir los retiros. No habría necesidad de corralito, ya que los ahorristas dispondrían de liquidez para sus retiros. Pero precisamente, fue la desconfianza la que originaria el retiro de los depósitos.

A menos que en el momento el Gobierno haga un cambio profundo de régimen macroeconómico mediante un plan de estabilización, reformas y crecimiento, 100% creíble, con reglas y autoridades fiscales y monetarias de elevada reputación, los ahorristas seguirían demandando dólares para cubrirse. El BCRA actúa de hecho como deudor de última instancia de los ahorros de los argentinos.

Esto sería objetable ya que la deuda del sector público con los bancos esta indexada al dólar oficial o a la inflación y por la tanto habría virtualmente un seguro contra todo riesgo (devaluación e inflación) ante eventualidades de este tipo. Nuevamente, el seguro de cambio y contra la inflación, al cual se agrega este nuevo seguro de liquidez se paga en pesos y estos irían al dólar sino se produce un nuevo refinanciamiento Ponzi.

Resulta notable que el seguro de cambio de fines del experimento de la tablita cambiaria del proceso militar y que terminó con la quiebra del principal banco argentino y la estatización de la deuda externa privada sea adoptado por un gobierno que se califica como nacional y popular.

La solución adoptada por ahora es seguir con la refinanciación de la deuda en pesos en poder de los bancos, dejando la impresionante herencia al próximo gobierno de un sistema financiero que no puede otorgar crédito a un sector productivo sujeto a un cepo extremo. Un verdadero y profundo “Gaucho Banking”, término acuñado por Gerardo della Paolera.

Por ahora, el sistema se sostiene gracias al acorralamiento del cepo. En el futuro cercano si se profundizase la desconfianza, seria probable que se genere un acortamiento aun mayor de los plazos de la deuda pública.

Asimismo, los depósitos indexados que por ahora son a 90 días podrían ofrecerse a un mes o plazos menores como incentivo al ahorrista para que no recurra a una mayor cobertura en dólares, como a fines de la década de 1980.

No hay desarrollo sin comercio, producción y crédito. El comercio y la producción están trabados por el cepo y las regulaciones. El crédito esta cooptado por el Estado.

A futuro, hay que evitar la dominancia fiscal sore el sistema financiero, los fondos comunes de inversión, el sector seguro y el sistema previsional, para que no se coloquen sus inversiones financieras en deuda pública. Pero toda solución debe respetar el lema: “preservar al ahorrista. De lo contrario habrá aún más desintermediación financiera.

Sin ahorro de los argentinos no hay inversión. Sin inversión no hay desarrollo económico posible.

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