Exceso de gasto público improductivo en las provincias

Cuando se analiza una serie larga del gasto público consolidado, es decir, sumando nación, provincias y municipios, queda bastante claro que el Estado se ha transformado en una máquina de hacer política y ha dejado de lado su función específica que defender el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de las personas, principalmente.

Basta con ver cómo el narcotráfico se apoderó de Rosario, y tal vez esté tomando cada vez más fuerza en el conurbano bonaerense; como a la gente la matan por robarle un celular, la inseguridad es un tema de todos los días, se ve un Estado ausente, excepto para cumplir sus funciones para cobrar impuestos.

Lo básico que se pide de un Estado es que, al delegarle el monopolio de la fuerza, lo utilice para defender los mencionados derechos: a la vida, la libertad y la propiedad. Sin embargo, esas funciones prácticamente no las brinda y se limita a utilizar el monopolio de la fuerza para espoliar a los contribuyentes, cobrándoles impuestos disparatados y destinar gran parte de esos recursos a mantener el clientelismo político, ya se sea con planes sociales y empleo burocrático de todo tipo.

El gasto público consolidado pasó de 26% del PBI en 1983, cuando se volvió al sistema de votación para elegir a los gobernantes, a 42,7% del PBI en 2019. No se considera 2020 porque la pandemia agrandó transitoriamente las partidas de Adelantos a la Tesorería y de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El mayor aumento se da en lo que se denomina gasto público social, sin embargo nunca la educación fue tan mala; la salud tan precaria y los jubilados ganaron tan poco como desde que el Estado se transformó en “benefactor”. Más bien, se ha transformado en un estado de malestar y de saqueo.

En rigor, no es sólo el Estado nacional el que hace desastres con la administración del gasto público, también lo hacen las provincias y los municipios. El último dato disponible sobre la distribución del empleo público es de febrero de 2022 y revelaba que 19,7% se concentraba en Nación, 66,7% en las provincias y 13,6% en los municipios.

Entre 1985 y 2021, el empleo público en los tres niveles aumentó 126,5%, en tanto que la población creció el 53%, si se toman como válidos los 46 millones de habitantes que informó el Indec, tras los resultados dudosos del último censo.

Este gigantesco incremento del empleo público encubre, entre otras cosas, la desocupación, ya que hace aparecer estadísticamente ocupados a ñoquis que están desocupados y, sobre todo, a parte del costo de los aparatos políticos.

En varias oportunidades me he referido al costo promedio por legislador nacional. Sin embargo, el del legislador provincial es tan alarmante como el de la nación.

El cuadro muestra el costo promedio por legislador según el presupuesto 2023 y tomando el tipo de cambio libre de $377 por dólar que es el que regía al momento de hacer la conversión.

Es importante resaltar que el costo promedio mensual no es el sueldo del legislador, sino que es su sueldo, más las partidas para asesores, empleados de todo tipo, costos de comunicaciones, transporte, etc.

La provincia que más costo por legislador tiene es Tucumán, USD 141.299 por mes. Cabe destacar que la provincia tiene al 35% de la población bajo la línea de pobreza y sin embargo sus representantes no parecen inmutarse a la hora de gastar en estructuras políticas; la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que está en tercer lugar como mayor costo por legislador, tiene una pobreza del 42% en el Gran Buenos Aires; y en Chaco, con un 50% de pobreza en el Gran Resistencia, es USD 80.000 por mes

El empleo público provincial, de acuerdo con los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, pasó de 1.270.985 en 1998 a 2.269.265 empleados estatales en 2021, aumentó 78 por ciento.

Varias son las razones para esta explosión de empleo público que termina explicando la pobreza en la que está sumergida la sociedad argentina. Por un lado, es una manera de disimular la desocupación; por el otro, es muy común que gente nombrada en las legislaturas nacional o provinciales, terminen haciendo política partidaria..

Si a este fenomenal costo de la rama legislativa a nivel nacional, provincial y municipal, se le agregan las de los poderes ejecutivos y judiciales, surge con claridad dónde hay bastante gasto para recortar.

Y si a todos los empleados públicos se le suman los millones de beneficiarios de planes sociales, es evidente que Argentina se transforma en un país inviable dado que los millones de personas que reciben mensualmente ingresos del Estado superan con holgura a los que trabajan en el sector privado para sostener semejante aparato estatal.

Bajo ningún punto de vista sostengo que hay que cerrar las ramas legislativas de cada provincia, pero tampoco es aceptable que se hayan convertido en grandes centros para sostener aparatos políticos.

Basta con ver el secreto de Estado que es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, como para mostrar la vergüenza que tienen sus autoridades de mostrar en qué se gastan USD 165 millones al año para una función legislativa que no debería ser tan intensa.

No soy anarcopitalista y, por lo tanto, no creo que el Estado tenga que desaparecer y menos tenga que eliminarse la división de poderes, pero sí es necesario tomar conciencia que ese Estado que fue creado para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad se ha transformado en un saqueador a los que producen para transferírselo a quienes no producen y viven del trabajo ajeno.

Para lograr este saqueo, la imprevisibilidad en las reglas de juego y el no respeto por los derechos de propiedad es lo que ha que ha imperado. En otros términos, para sostener esta orgía en el gasto público es necesario destruir el orden institucional, por eso no hay inversiones, ni nuevos puestos de trabajo asalariado privado -actualmente es menor al récord de 2018- ni bienestar para la población.

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