Narcotráfico: una política de Estado para recuperar los territorios que hoy controlan las mafias

La cuestión de las organizaciones mafiosas se ha convertido en un problema real en nuestro país, y de muy compleja solución porque al insertarse en estructuras sociales diversas excede la mera respuesta policial y judicial.

En 2019, el Consejo de Procuradores Generales de la República Argentina organizó en Rosario un congreso sobre narcotráfico y allí se presentó una delegación importante de gente de los barrios populares de la zona, informando que habían declarado “persona no grata” a Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, y solicitando que no persiguieran a los “soldaditos de la droga”, que son sus hijos y los que llevan la plata a su casa. No hace falta mucho esfuerzo para verificar que en los barrios periféricos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, así como en barrios marginales de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán las estructuras del narcotráfico ocuparon el lugar del Estado y de los originarios “punteros políticos” que hacían de nexo entre sus habitantes y el gobierno de turno. Y el fenómeno se extiende hacia otras provincias.

Lo que hizo el narcotráfico fue aportar consistencia de estructura mafiosa a otras actividades delictivas que promueve directa o indirectamente, lo que torna más compleja la persecución del delito, porque la acción del sistema judicial está sometida a reglas propias de un Estado de Derecho regular y este concepto exige que sea desmenuzado para que se comprenda su alcance.

Comenzando por sintetizar el campo delictivo, el narcotráfico ha convertido en un tema secundario su conceptualización como un problema de salud pública, como lo define la ley 23.737, porque debe ser visto como un problema de estructura mafiosa, lo que demanda que muchos conceptos arraigados en el ámbito judicial sean revisados. Así, el narcomenudeo que suele ser despreciado por los tribunales como una actividad riesgosa para la salud, debe ser visto ahora como un comercio que alimenta a las estructuras mafiosas y corresponde por lo tanto descartar el criterio de que la tenencia de escasa cantidad -nunca mensurada- de estupefacientes resulta atípica. Es preciso actuar sistemáticamente entonces sobre los puestos de venta de estupefacientes que son siempre visibles y conocidos por las fuerzas de seguridad y sobre quienes reparten las drogas a la vista y tolerancia de quienes deberían intervenir para impedirlo.

Paralelamente, las estructuras mafiosas diversifican su actividad y además de la introducción, producción y venta de estupefacientes cometen otro tipo de delitos, como la corrupción y/o amenazas a las fuerzas de seguridad y penitenciarias, las extorsiones a comercios, tráfico de personas y aportan fondos a campañas políticas, mientras que la demanda de dinero para comprar estupefacientes y para saldar deudas con los narcotraficantes genera olas de delitos “comunes” como robos, homicidios en ocasión del robo, etc.

En barrios populares abandonados por el Estado, ese cuadro delictivo está “naturalizado” socialmente como parte de la vida diaria y su dinámica incorporada al sentido común de muchos de sus habitantes, como medio de vida y de crecimiento social, razón por la cual no puede ser cortado de raíz sólo con nuevas leyes, más tribunales y la incorporación de las fuerzas armadas a la persecución de los delitos, porque actualmente todos los sujetos involucrados en el narcotráfico y sus derivados son, lamentablemente, fungibles. Por cada uno que se encarcele surgirá otro en su reemplazo y no es posible ni lógico que la política prevista se limite a encarcelar en el tiempo a miles de personas por un fenómeno que excede los parámetros tradicionales del derecho penal, además de que por su magnitud no habrá tribunales capaces de juzgar todos los hechos. Basta mirar lo ocurrido en México y Brasil para advertir el fenómeno de fungibilidad y aumento de violencia consecuente, por la lucha por los liderazgos y el territorio que se generó cuando se pretendió limitar la persecución del narcotráfico a la mera detención de personas, más o menos relevantes en su organización.

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Por ello, en el combate contra las estructuras mafiosas del narcotráfico y sus consecuencias es necesaria una acción integral, que comience por recuperar el lugar del Estado en los barrios donde está enquistado, lo que significa urbanizar, aportar seguridad, escolaridad y alimentación, además de dotar a sus habitantes de fuentes de trabajo, como se hizo en Nueva York como parte del “plan Giuliani”. Es decir, desplazar a la mafia de su rol social actual. Al mismo tiempo, actuar firmemente contra el narcomenudeo en todos sus aspectos y los delitos periféricos, incluyendo una fuerte persecución a la tenencia ilegal de armas con procedimientos sistemáticos de requisa, uso de tecnología contra los delitos comunes asociados y una consistente política contra el contrabando, además de fundamentos carcelarios adecuados al fenómeno mafioso.

Pero, todo ello debe hacerse en el marco conceptual legal adecuado, considerando que el nuestro es un país federal y los delitos comunes cometidos por las estructuras mafiosas son competencia de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo en muchos casos el narcomenudeo, mientras que el contrabando, producción y almacenamiento de estupefacientes son de competencia federal, por lo cual deben considerarse y coordinarse los roles de las diferentes jurisdicciones; que los tribunales no son órganos de prevención sino de juzgamiento de hechos ya ocurridos y que el derecho penal no sirve sino tangencialmente para solucionar problemas sociales.

En punto al tema del narcomenudeo, si bien hay voces para devolverlo en todos los casos a la competencia federal, cabe recordar que en el interior del país las fuerzas y tribunales federales son escasos en cuanto a medios y capacidad operativa, al tiempo que suele haber mucha distancia entre los hechos y los órganos judiciales y que la realidad del lugar la conocen las fuerzas locales, ya que las nacionales suelen ser sistemáticamente rotadas. Por eso, estadísticamente la actividad de persecución penal del narcomenudeo fue más eficiente en manos de la justicia ordinaria.

En consecuencia, es necesaria una urgente política de Estado que coordine acciones sociales y policiales de prevención y persecución de tales delitos, respetando las competencias locales y federales, que incluya una agencia capaz de analizar integralmente el funcionamiento de las estructuras del narcotráfico y concertar y armonizar planes de persecución con todas las jurisdicciones involucradas.

Al respecto, ya existen ámbitos adecuados para coordinar acciones, como la Jefatura de Gabinete de la Nación, los ministerios nacionales de Acción Social, Seguridad, Defensa y Justicia, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Consejo de Seguridad Interior previsto en la ley 24059, etc. Es decir, el gobierno federal debe ocuparse de tema, pues el narcotráfico es prioritariamente de su competencia, y coordinarlo desde sus estructuras con los los sistemas judiciales y gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por lo tanto, esfuerzos espasmódicos y aislados, con visión mágica, como crear más tribunales federales o habilitar a las fuerzas armadas para funciones policiales no darán ningún resultado y generarán más frustración.

[El autor es profesor de Derecho Procesal Penal, ex fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex presidente de la Asociación Argentina de Fiscales y ex- vicepresidente de la Asociación Internacional de Fiscales]

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