Largo y sinuoso sendero a diciembre

La economía argentina se encuentra en un cuadro de estancamiento estructural, con elevada inestabilidad y fragilidad macroeconómica, profundos desequilibrios y marcado deterioro del tejido social desde hace más de una década.

La pobreza superando el 40% y un PBI per cápita que terminará este año 14% abajo del 2011 es solo una muestra del retroceso acumulado durante estos años.

Administrar, contener y resolver este cuadro estanflacionario, producto de la herencia de la herencia de la herencia, será el desafío del próximo gobierno. Pero para eso falta mucho. Porque dentro de esta decepcionante dinámica de mediano plazo, los primeros datos del 2023 empiezan a mostrar un panorama desolador en el arranque del año.

Actividad económica en descenso desde agosto pasado, ingresando en recesión técnica, la sexta fase recesiva en diez años; inflación sin ancla, en la zona de 6% mensual y perforando los tres dígitos anuales, el mayor nivel en treinta años; mercado de cambios sin volumen, completamente cepeado con brecha en el orden del 100%; cuentas externas deficitarias, con el Banco Central perdiendo reservas a pesar de tener las importaciones frenadas y la industria sin insumos; gasto público que volvió a acelerarse, con la recaudación retrocediendo y el déficit fiscal en aumento; Banco Central obligado a seguir emitiendo dinero para financiar al Tesoro mientras los pasivos remunerados crecen en paralelo a más del 100% interanual, constituyen un coctel macro delicado que deberá convivir en este año con 2 condicionantes adicionales de gran impacto: las elecciones y el clima.

Por un lado, elecciones presidenciales en un contexto donde la coalición gobernante se encuentra fracturada desde la firma del acuerdo con el FMI, en medio de una crisis política interna producto de estrategias disociadas de cada miembro de la coalición y sin capacidad de dar respuesta a las demandas sociales.

Por otro lado, en materia climática, con una de las peores sequias de los últimos años, sobre la cual se estiman pérdidas superiores a 30 millones de toneladas entre los tres principales cultivos, con todo el perjuicio que eso implica en materia de actividad, recaudación y dólares.

Esta combinación de elementos va a exponer toda la vulnerabilidad de un modelo económico agotado, vaticinando un 2023 complejo de recorrer. El “Plan Llegar” enfrenta así un largo y sinuoso sendero en su intento de llegar a diciembre.

Y si bien podríamos decir que Argentina vive atravesada por contextos complejos y de gran incertidumbre, son pocas las veces en que se combinaron factores tan adversos. No se debe subestimar.

En los últimos cincuenta años Argentina registró 21 años recesivos, atravesó 13 crisis económicas, de las cuales cuatro fueron eventos macro disruptivos, con quiebres del sistema político: el Rodrigazo del 75, la crisis de la deuda del 82, la Hiper del 89 y la crisis de la Convertibilidad en 2001. Estos episodios son los que se deben evitar. Y la historia indica que la dinámica de estos procesos es muy difícil de prever y que la distancia entre una crisis económica y un evento disruptivo es más finita de lo que se cree, teniendo más que ver con factores políticos, que con económicos.

Es en esa finitud que la decisión del equipo económico de implementar un plan de contención a puro parche, el “Plan llegar”, en vez de un programa de estabilización implicó tomar un riesgo muy elevado de cara a un año electoral. Es entendible. El primer mandato del equipo es llegar a diciembre; pero el segundo es capturar la mayor cantidad de votos en octubre. Son objetivos contrapuestos entre sí. La estabilización en términos políticos resultaría muy costosa. Lamentablemente las urgencias y tiempos de la macro son muy distintos a los de la política.

Ahora bien, sin estabilización económica, difícilmente haya tampoco estabilización política. Este es el circulo vicioso que está espiralizando peligrosamente en el inicio del año. Si no es exitoso el plan de contención y la economía ingresa en una nueva zona de turbulencias, ¿qué capacidad de maniobra tendrá el equipo económico para contener nuevamente la situación? ¿qué sucederá con la coalición de gobierno? ¿resistirá fracturada en nombre de la “unidad” o se quebrará? Esto obliga a calcular con qué probabilidad habrá turbulencias, en que magnitud eventualmente se materializarían y que capacidad de contención a través de más parches tendrá el equipo económico.

En este largo y sinuoso sendero una de las curvas peligrosas será en el segundo trimestre del año. La sequía se sentirá con fuerza producto de la propia estacionalidad de la campaña agrícola en esos meses y la tensión política alcanzará su máximo umbral de cara a la definición de candidaturas y armado de listas en junio. En simultaneo, la dinámica macro estará muy condicionada por un “movimiento pinza”: menos dólares por la sequía, por los vencimientos del programa firmado con el FMI y por la dolarización electoral; y más pesos por mayor monetización del déficit fiscal y cuasifiscal, por la reversión de demanda de dinero doméstica y por las exigencias de refinanciamiento de la deuda en pesos.

En materia dólar el programa se encuentra en pleno “desierto cambiario”, consecuencia directa de un mal diseño del esquema cambiario, la implementación del dólar soja y la sequía que estamos atravesando. Sería muy oportuno que toda la responsabilidad recaiga sobre el mal clima que recortará el valor de la cosecha en el orden de USD 13.000 millones (en un escenario optimista serán USD 10.000 millones, en uno pesimista USD 18.000 millones) lo cual es cierto pero incompleto.

Hay que decir también que la cosecha goza de excelentes precios internacionales desde la salida de la Pandemia que elevó el valor de la producción (tres principales cultivos: soja, maíz y trigo) de USD 30.000 millones promedio de los últimos años, a USD 47.000 millones en 2022, lo que permitió una liquidación récord de dólares del sector agroexportador de USD 40.438 millones. Un 73% arriba del promedio de la última década. Nunca el campo aportó tantos dólares como en las últimas dos campañas.

Sin embargo, el esquema de desdoblamiento múltiple implementado al inicio de la actual gestión, combinado con el fuerte atraso cambiario desde comienzos del 2021 impidió acumular el superávit comercial de más de USD 45.000 millones (base caja) de los últimos tres años y dejó sin reservas internacionales al BCRA. Las inconsistencias macro volvieron a evaporar todos los dólares generados por el nuevo viento de cola, el “Soja y Suerte 2.0″. Ahora con la sequía se terminó la suerte, y el BCRA terminó febrero con el peor saldo acumulado en el mercado de cambiso en más de veinte años, perdiendo USD 1.081 millones.

El balance cambiario en 2023 se agrava por dos motivos. Por un lado, la diferencia entre desembolsos y pagos del programa con el FMI implicó en 2022 un giro neto positivo superior a los USD 5.000 millones, ahora será negativo por alrededor de USD 3.000 millones. Y, en segundo lugar, la estrategia del dólar soja 1 y 2 funcionó efectivamente como un adelanto de liquidación que seco la plaza post implementación. De USD 200 millones promedio diario que liquidaba el agro en el mercado de cambios, pasó a USD 400 en septiembre, y luego se derrumbó a USD 50 millones. En diciembre recuperó parcialmente a USD 150 millones, pero en enero y febrero bajó a USD 30 millones promedio.

Resultado: el mercado de cambios quedó estrangulado con un volumen mínimo de negocios, los importadores sin aprobación de SIRA y el BCRA perdiendo sistemáticamente reservas que no tiene a pesar de los múltiples cepos implementados.

¿Quedan parches adicionales como para llegar a diciembre sin devaluar? El dólar soja seguramente va a volver, pero tarde o temprano habrá que sincerar el tipo de cambio y normalizar el esquema cambiario, la incógnita es ¿Quién lo hará, cuándo y cómo?

Por el lado del mercado de pesos las exigencias no serán menores. La estrategia fiscal durante la pandemia en 2020 y durante el post pandemia (“Plan Platita”) monetizó fuertemente la economía y exigió mucho el mercado de deuda local generando dos dinámicas inestables.

Por un lado, el stock de pasivos remunerados (Leliq) ya supera el 200% de la Base Monetaria y crece a una velocidad superior al 100% anual. Las Leliq que ya superaron los $11 billones se duplican cada doce meses.

Para dimensionar la magnitud del componente cuasifiscal, la meta con el FMI fijó un límite de financiamiento monetario al Tesoro de 0,6% del PBI en 2023, pero solo en enero se emitieron 0,45% del PBI en intereses de pasivos remunerados, y llegarán a 6% del PBI en el año, superando la propia Base Monetaria, en el orden de 5% del PBI promedio anual. Llegarán las lluvias, pero de pesos.

Por el lado del financiamiento a través del mercado de deuda en pesos el programa financiero luce muy exigente en materia de roll over. No solo implica un enorme desafío producto de la poca profundidad del mercado doméstico y de seguir aumentando la exposición de los bancos al sector público nacional, sino que además el perfil de vencimientos y el riesgo de transición generan dudas respecto a su sostenibilidad cuando se lo analiza conjuntamente con la dinámica del déficit fiscal seteada con el FMI en el marco de una economía que no crece.

Incluso con un roll over exitoso del 140% de la deuda en pesos, un eventual desvío del programa fiscal que termine con un déficit primario similar al del 2022 del orden de 2,4% del PBI (Ley de Movilidad Previsional recién aprobada acaba de agregar 0,5% sobre PBI) implicaría necesidades de emisión total (fiscal y cuasifiscal) del orden de 8% del PBI, un 160% de la Base Monetaria. La discusión no debería girar en torno a la sostenibilidad de la deuda, sino en torno a la sostenibilidad del déficit.

Este “movimiento pinza” del mercado de dólares (que van a escasear) y de pesos (que van a sobrar) implicará atravesar con alta probabilidad zonas de inestabilidad en los próximos meses, dejando con poco margen de maniobra a la política económica para abandonar la estrategia contractiva actual e intentar un “Plan Platita 2.0″ en un intento de mejorar las chances electorales en octubre.

Con los ingresos reales cayendo producto de la aceleración inflacionaria y con los índices de confianza en mínimos de 20 años y en retroceso, esto tensionará aún más el frente político, y esto retroalimentará aún más la inestabilidad macroeconómica, para una coalición de gobierno débil que sigue desgastándose producto de esta retroalimentación.

La prudencia en la conducción económica deberá imponerse indefectiblemente ante este episodio, sirviendo de ancla de dicha inestabilidad, la cual será necesaria en todo el recorrido a diciembre 2023. Lo que sucedió en torno a la nueva Ley de moratoria previsional y a la eventual flexibilización del acuerdo con el FMI no son buenas señales en ese sentido.

Exagerar el cumpliendo de las metas del programa económico y acelerar la corrección de los desequilibrios podría permitir amortiguar mucho mejor el impacto de turbulencias y reducir los riesgos de crisis en la transición.

Esto implicaría corregir dinámicas insostenibles (fiscal, monetaria y cambiaria) y reducir distorsiones en precios relativos (dólar, tarifas) mejorando parcialmente la herencia hacia fin de año ¿Lo permitirá el ala política? ¿Estará dispuesto el gobierno a reducir riesgos de inestabilidad y entregar una economía más ordenada al siguiente mandato a costa de sacrificar mayor caudal de votos y capital político? Una verdadera encrucijada política y económica en el largo y sinuoso sendero a diciembre.

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