¿Nuevas amenazas o viejas doctrinas?

[El autor es Teniente General y Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas]

Cada tanto, en la Argentina, ante sucesos mediáticos se reabre el debate del empleo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en cuestiones de seguridad vinculadas al narcotráfico y crimen organizado que son caracterizadas como nuevas amenazas. El sustento teórico de esa doctrina de empleo radica en los supuestos de que los conflictos interestatales se han terminado y que post 1990 las amenazas provienen principalmente de grupo no estales armados que se financian con las actividades provenientes del narcotráfico y del crimen organizado. De este modo, no tendría sentido tener FF.AA equipadas y adiestradas para repeler amenazas estatales militares externas, sino que habría que reconvertirlas para lidiar contra las redes globales de narcotráfico, crimen organizado y grupos irregulares armados transnacionales. El propósito de este artículo es demostrar la concepción de empleo de las FF.AA contra las nuevas amenazas es una doctrina errónea que llega tarde, cansada y pasada de moda a nuestro país. Es preciso aclarar que no es el rol de este Estado Mayor Conjunto (EMCO) opinar sobre el marco normativo vigente que regula el empleo del instrumento militar, sino tal como lo establece el decreto reglamentario 727/06 emitir un asesoramiento técnico y profesional desde el nivel estratégico militar sobre qué tipo de misiones el instrumento militar está en condiciones de cumplir y para cuáles no es apto.

Toda concepción responde a la época en la que fue escrita. La doctrina de las nuevas amenazas fue concebida en un mundo unipolar donde los EE.UU. eran como afirmaba Samuel Huntington la “superpotencia solitaria”. En ese orden internacional el conflicto entre Estados era altamente improbable por la abismal diferencia del balance de poder militar existente. Algunos autores más audaces se animaban a vaticinar el fin de la historia donde prevalecería para siempre un orden liberal estable que sólo se vería amenazado por “Estados paria” y algunos grupos armados irregulares (financiados por actividades ilegales) que cuestionarían a dicho orden internacional. En ese contexto tenía su lógica repensar el rol de las FF.AA para combatir las nuevas amenazas y participar en “coaliciones de voluntarios” para intervenir en aquellos escenarios donde hubiese una amenaza a la paz internacional.

Muy pocos analistas como Cristopher Layne (The unipolar illusion. Why great powers will rise,1993) y Stephen Walt (Never say never. Wishful thinking on democracy and war, 1999) se animaron a cuestionar ese diagnóstico que por más de una década fue hegemónico. En esa misma línea fue John Mearsheimer (La tragedia de las grandes potencias, 2001), él que quizás desarrolló el argumento teórico mejor fundamentado empíricamente de porque el conflicto armado interestatal sigue siendo una posibilidad vigente y relevante. Para dicho autor, mientras el mundo siga siendo anárquico (no en un sentido de caos, sino de ausencia de un ente que posee el monopolio legítimo de la fuerza a nivel global) y los Estados deseen sobrevivir van adquirir capacidades militares para defenderse. Como las grandes potencias nunca pueden estar seguras de las intenciones de las otras grandes potencias, tienen fuertes incentivos estructurales para incrementar en forma permanente sus capacidades militares y atacar primero cuando surja una oportunidad favorable. Tal como lo afirmaba Paul Kennedy en Auge y caída de las grandes potencias (1987) el hegemón global tiende a desgastarse mediante el fenómeno de hiperexpansión al tratar de mantener su supremacía interviniendo en todas las regiones del mundo. Frente a ese desgaste, sus rivales intentan sacar provecho acrecentando su poder e interviniendo en sus áreas de influencia. Yendo de la teoría a la práctica el lector podrá sacar sus propias conclusiones de qué está ocurriendo y porque están ocurriendo los conflictos en Medio Oriente, Europa del Este y la dinámica de la geopolítica del Sudeste Asiático.

Vale destacar que ante la situación actual muchas voces militares y políticas de países de occidente del primer mundo lamentan la pérdida de capacidades para enfrentar una guerra convencional por haberse dedicado por más de 20 años a combatir al terrorismo y las nuevas amenazas. Frente a este escenario internacional y teniendo en cuenta nuestros recursos naturales altamente demandados a nivel global, la usurpación de nuestros territorios en el Atlántico Sur y la bicontinentalidad antártica, pensar emplear a las FF.AA en detener a un grupo de personas que tiene una cocina de pasta base es un despropósito total.

Durante la década del 90 y buena parte de los 2000 surgió una literatura que hablaba que las FF.AA en Argentina no tenían un misión (dado que para esta visión los conflictos entre Estados eran cosa del pasado) y por lo tanto no se le asignaban los recursos suficientes. Las razones del largo proceso de desinversión en defensa fueron explicadas públicamente tanto por el ex ministro de defensa Agustín Rossi como por el actual ministro Jorge Taiana. En ningún momento dichos ministros, que además poseen una larga trayectoria en la política argentina, mencionaron la falta de misión de las FF.AA como un factor explicativo del proceso de desinversión. Ese diagnóstico errado de que no había misión para las FF.AA llevó a la desesperación a ciertos sectores que se autoperciben como especialistas en defensa en querer asignarle a las FF.AA la función de combatir al narcotráfico para que le dieran mayor presupuesto. Se quería poner al carro delante del caballo.

Como bien lo demuestra la realidad de las últimas gestiones esa forma de pensar resultó ser errónea. Sin cambiar la misión histórica de las FF.AA en el año 2020 se logró el necesario blanqueó de los salarios incrementando sustancialmente el haber de los retirados. En esa misma línea se acaba de iniciar el proceso de equiparación salarial con las FF.SS y además desde 2020 se dispone por ley de un fondo nacional de la defensa destinado específicamente a recuperar capacidades militares. El EMCO es plenamente consciente que ese proceso es todavía muy incipiente y que se dista en la actualidad de la recuperación de sistemas de armas claves como los cazas polivalentes, submarinos, mecanizados, etc. Estos procesos llevan su tiempo (al menos 10 años para los sistemas más sofisticados) y resulta un factor de éxito la continuidad del otorgamiento de fondos y la continuidad en la ejecución de los planes diseñados. Hoy la importancia de estos primeros pasos es que por primera vez en mucho tiempo se ha logrado revertir la curva descendente del proceso de inversión en capacidades militares incluyendo una recuperación salarial acorde a la importancia de la profesión militar.

Además de lo anterior, lo más grave de todo es la falta de criterio de pensar que la “policialización” de las FF.AA pueda llevar a que las mismas tengan más presupuesto. Si la amenaza a repeler es una banda de narcotraficantes no se necesitaría contar con submarinos, corbetas, cazas de 4ta generación, sistemas antitanque o antiaéreos, etc. Si vemos hoy el tiempo y la inversión que está llevando recuperar ciertas capacidades, no es difícil imaginar lo prácticamente imposible que supondría revertir una situación en donde las FF.AA hayan sido “policializadas”.

Juan Gabriel Toklatián, uno de los mayores especialistas argentinos en términos de seguridad internacional, ha publicado numerosos estudios comparados que demuestran la inefectividad del empleo del instrumento militar en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Básicamente el mencionado académico demuestra que este tipo de amenazas son multidimensionales y que para combatirlas requieren de profundas reformas para mejorar los mecanismos de contralor, reforzar las capacidades de la justicia y las FF.SS, así como también la presencia efectiva del Estado ante situaciones de pobreza y marginalidad. Sería redundante explicar los conceptos que desarrolla claramente Toklatián por lo que este artículo se centrará en las características del instrumento militar que no lo hacen un instrumento idóneo para combatir al narcotráfico.

Las FF.AA cuando operan tratan de concentrar el máximo poder de fuego sobre los objetivos a batir. En un contexto de guerra las FF.AA están autorizadas a realizar fuego letal sobre los objetivos militares. Eso requiere un adiestramiento especial que es muy distinto al de las FF.SS cuyo objetivo no es matar al delincuente, sino prevenir o hacer cesar el delito. Eso implica un uso graduado y proporcional de la fuerza totalmente distinto a la forma de operar que tienen las FF.AA. Es por esto que cuando se utilizan a los militares para detener o combatir a narcotraficantes que operan en las ciudades termina habiendo un número muy alto de daños colaterales a civiles.

La segunda cuestión es el argumento de disponer de más efectivos para combatir al narcotráfico que hoy están ociosos. Como se explicó en otro artículo las FF.AA no están ociosas. Las mismas operan en tiempos de paz adiestrándose permanentemente; ejercen la presencia del Estado en áreas de interés estratégico; disuaden a otros Estados de agredir a nuestro país o coaccionarlo dándole a la Argentina autonomía para decidir su política exterior y fomentan la integración regional interoperando con sus vecinos. Más allá de esto, no siempre una mayor cantidad de efectivos resulta lo mejor para combatir una amenaza. Es propio de una mentalidad del siglo XIX creer que a una frontera se la controla con más efectivos y medios. La experiencia de otros países que despliegan una enorme cantidad de medios y efectivos en sus fronteras terrestres y marítimas y aún así el narcotráfico penetra es una prueba de que esos enfoques no serían los más adecuados. Si la idea es desarticular redes de narcotráfico, más que de brigadas de tanques desplegadas en la frontera se requiere de inteligencia criminal sofisticada y de grupos pequeños de fuerzas especiales de seguridad destinados a neutralizar esas amenazas. Las FF.SS cuentan con personal altamente calificado y profesional para llevar a cabo esas tareas. Las FF.AA además de que está prohibido taxativamente por ley, no saben hacer inteligencia criminal ni allanar bases del narcotráfico. Querer forzar a las FF.AA a realizar ese tipo de tareas sería totalmente contraproducente.

En tercer lugar, el Estado emplea la fuerza bajo los criterios de proporcionalidad y gradualidad. Esto responde a un uso eficiente de los recursos y a principios de derecho básicos que regulan el uso de la fuerza del Estado. Así, la policía provincial o municipal está preparada y equipada para combatir al delito común como pueden ser diverso tipo de robos, vandalismo y situaciones de violencia. Cuando el delito es más complejo (narcotráfico, crimen organizado, trata de personas) e involucra una sofisticación en las bandas criminales que lo cometen, el Estado recurre a las fuerzas federales que cuentan con mayores capacidades (inteligencia, medios y personal especialmente adiestrado) para combatirlo. Emplear a las FF.AA (que tienen medios como tanques, artillería, cazas, destructores, submarinos para enfrentarse a otros Estados) contra el narcotráfico es violar el más elemental sentido común de usar la fuerza en forma gradual y proporcional conforme al estado de derecho.

Finalmente existe la cuestión de los efectos corruptivos del narcotráfico en las agencias del Estado. Es denigrante para el militar suponer que toda la institución se corrompería si se la usara para combatir dicha amenaza. De la misma manera sería injusto poner a todo el personal de las FF.SS y de la justicia en la misma bolsa que aquellos que se han corrompido. Es preciso reconocer el esfuerzo, profesionalidad y abnegación del personal de las FF.SS y de la justicia que incluso han dado de su propia vida para proteger nuestra seguridad. Sin embargo, los militares debemos ser humildes y admitir que no somos ni peores ni mejores que el resto de la sociedad y que es altamente factible que una minoría se pueda llegar a corromper con los efectos perniciosos que eso trae para la institución. Sumar un problema más sin beneficios concretos para la lucha contra el narcotráfico simplemente no tiene sentido.

Nadie puede discutir la gravedad del problema del narcotráfico y sus efectos perniciosos en la sociedad tanto en Argentina como a nivel global. Pero la legítima demanda de la sociedad de dar respuesta a este flagelo no puede conducir a pedir a las FF.AA que hagan algo para lo cual no están preparadas. Académicos serios mediante estudios rigurosos demostraron que las FF.AA no han sido eficientes cuando se las empleo contra el narcotráfico y cuyos efectos han sido totalmente contraproducentes en términos de desprofesionalizar a las FF.AA para su misión de disuadir y repeler una amenaza militar estatal extranjera. Más útil que emplear a las FF.AA contra el narcotráfico es apoyar a los programas sociales para jóvenes con problemas de adicción como los que lleva adelante el Padre Pepe Di Paola mediante los Hogares de Cristo o los programas integrales de talleres de oficios que llevan a cabo los jesuitas en Quilmes Oeste con el Padre Fabio Solti s.j.

Tal como lo señala la Directiva Política de Defensa Nacional existe una competencia geopolítica actual de alta intensidad en donde los conflictos interestatales han recobrado su protagonismo. Argentina posee lo que muchas potencias les interesa poseer energía, comida y otros recursos naturales estratégicos. Suponer que no es necesario tener FF.AA para defender esos recursos y estar preparadas para los desafíos del siglo XXI representa un riesgo enorme para la seguridad y desarrollo del país.

El EMCO ha finalizado y actualizado el planeamiento para el diseño equipamiento y doctrina de las FF.AA de acuerdo al marco legal vigente y los desafíos del siglo XXI. Este plan junto con el FONDEF constituyen los cimientos sobre los cuáles se reconstruirán las FF.AA. Para que ello suceda requiere de la continuidad de la ejecución de los planes diseñados por parte de la conducción política y militar que nos sucedan. Desviarnos de ese curso de acción con doctrinas anacrónicas e ineficientes no suma para la defensa nacional y nos deja muy vulnerables para los riesgos y amenazas que presenta el siglo XXI.

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