En qué se equivoca el Presidente cuando habla de la crisis narco en Santa Fe

En su mayor discurso político del año, Alberto Fernández dijo hoy ante la Cámara de Diputados:

“Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”.

Puede ser. Hoy, de acuerdo a números oficiales, 37% de los cargos en Rosario de jueces y fiscales federales -el fuero que investiga el delito de narcotráfico- se encuentran vacantes. Pero la apreciación es de una falta de visión importante, grave para un primer mandatario. Al reducir la mayor crisis de seguridad de la Argentina al conflicto del kirchnerismo con el aparato de la Justicia, el Presidente olvidó mencionar una cosa sabida por todo el país: los grandes capos de Rosario están todos presos y gestionan sus organizaciones desde la cárcel casi sin control alguno, con una cuenta de más de 300 asesinatos en los últimos 14 meses de acuerdo al Observatorio de Seguridad Pública, una crisis de inseguridad que convierte a personas pobres en asesinos y en cadáveres.

“Guille” Cantero, jefe de Los Monos, su padre Máximo Ariel, Esteban Lindor Alvarado, René Ungaro, Brandon Bay, Mauro Novelino, Lautaro Funes: todos ellos están presos, bajo prisión preventiva o con condenas de décadas dictadas en su contra. Sin embargo, sus organizaciones prosperan más que nunca. Extendieron sus negocios más allá de la droga, hacia extorsiones armadas y una literal industria del sicariato, donde matar a alguien cuesta 15 mil pesos, un arma vieja y una moto de poca cilindrada.

Lo sabe cualquiera que lea un periódico: el hampa desde Rosario manda desde la cárcel.

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El comentario de Fernández cayó particularmente mal entre varios funcionarios que son la primera línea de defensa ante este problema. Por otra parte, no se trata solo del fuero federal. Las balaceras, homicidios y extorsiones insumieron recursos en fiscalías en la Justicia de instrucción provincial, con investigadores que deben lidiar con tres homicidios en una noche. La desfachatez de los narcos ya no tiene límites. Hoy amenazan periodistas, funcionarios judiciales, figuras políticas, un fenómeno que años atrás no ocurría. Un capo de Los Monos solía repetir que amenazar a un periodista “era colgarse un collar de melones”. Novelino, un traficante menor que operaba en Venado Tuerto, fue procesado por amenazar al intendente de esa localidad. Leonel Charella. “Deciles que me dejen de trasladar de acá para allá por hay balas para todos”, aseguró en un chat de WhatsApp desde la cárcel federal de Marcos Paz.

Pero el problema mayor, coinciden funcionarios a lo largo del tablero, está directamente bajo la jurisdicción del Presidente: la desmantelación del aparato de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, donde los grandes traficantes se encuentran encerrados, tras las acusaciones de espionaje a presos alineados al kirchnerismo durante la gestión macrista, principalmente en la cárcel de Ezeiza, disuelto en la gestión de la actual interventora del SPF, María Laura Garrigós.

A mediados de 2020, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, profundizó el proceso y derogó el convenio formal con el SPF que se había firmado en 2018. En septiembre de 2021, la PROCUNAR, el ala de la Procuración que combate delitos de narcotráfico a cargo del fiscal Diego Iglesias, presentó ante el procurador Eduardo Casal el informe “Narcocriminalidad en Establecimientos Penitenciarios”, donde detallaba la problemática. El informe aseguró que “la detención y condena de sus responsables no resultan suficientes para desarticular la compleja estructura de organizaciones narcocriminales y hacer cesar sus actividades ilícitas”.

Nada cambió desde ese entonces. La situación actual, dice una alta fuente en la Justicia federal, “es un desastre”. El tabú que suponía espiar presos o limitar sus movimientos le dio a los señores argentinos de la droga una capacidad operativa inédita. Además, supone una ironía inmensa: dentro de la cárcel, sus enemigos no pueden ir a matarlos a tiros tan fácilmente.

El informe llevó a conformar una mesa de enlace entre la Secretaría de Coordinación Institucional y sectores del SPF, cuyo máximo responsable es el ministro Martín Soria. Así, se elaboraron recomendaciones: aislar a los internos, limitar sus comunicaciones al teléfono público del penal, intensificar requisas, restringir visitas a vínculos familiares o abogados defensores y quitarles los celulares de una buena vez. Sin embargo, capos como “Guille” Cantero responden con presentaciones de habeas corpus ante la situación. Los fiscales insisten con la instalación de inhibidores de señal, algo que no ocurre, otra ironía, ya que los inhibidores son una herramienta usual en las bandas de rateros de edificios y autos de la Capital Federal.

El hartazgo es notable entre los fiscales rosarinos. Pablo Socca, uno de los titulares de la unidad de Balaceras de Rosario, pidió “restringir derechos” a aquellos presos que hayan cometido delitos desde la cárcel. Hizo la solicitud después de haber detectado que un recluso de la unidad penitenciaria de Coronda -que no depende del SPF- llevó adelante en enero de este año una seguidilla de extorsiones a comerciantes rosarinos.

“No entiendo cómo el Estado provincial no restringe derechos a los presos que cometen delitos desde los establecimientos penitenciarios. Tanto el Poder Ejecutivo por decreto como la Legislatura a través de un proyecto pueden modificar el régimen actual de visitas a las cárceles, de comunicaciones, o lo que quieran, pero no lo hacen”, aseveró Socca en diálogo con el periodista Agustín Lago de Infobae.

Hay situaciones más profundas. Años atrás, se sospechó de penitenciarios en una cárcel federal norteñoa por supuestamente proveer de teléfonos a imputados. Se habla también de un tarifario, un rumor en el hampa y en la Justicia: tener el OK de un penitenciario para portar un teléfono ilegal podría costar 100 mil pesos. Recuperarlo tras una requisa, apenas 30 mil. Para un narco millonario, operar en la cárcel se vuelve un literal vuelto.

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