El lawfare en Israel

La propuesta del gobierno de Israel de modificar el sistema judicial ha provocado una grave crisis política en el país. La oposición ha organizado imponentes demostraciones aduciendo que está en peligro el sistema democrático y los derechos humanos. Los reclamos llegaron también de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden y legisladores de ese país se manifestaron contrarios a la reforma y en un gesto inaudito instaron al oficialismo y oposición a alcanzar un consenso para evitar la profundización de las diferencias.

El presidente Biden expresó que la naturaleza de las democracias israelí y americana están basadas en instituciones fuerte, de mutuo control y equilibrio, y en un sistema judicial independiente; agregó que resulta imprescindible el consenso para asegurar la aceptación y su continuidad.

La proposición contempla el sistema de designación de los jueces, los dictámenes sobre las leyes aprobadas por el Parlamento y el papel del fiscal general y los consejeros legales en las instituciones que componen el Poder Ejecutivo. En la actualidad, el Comité de Selección Judicial (CSJ), responsable de los nombramientos, promoción y remoción de jueces, se compone de dos ministros, dos legisladores (uno por la oposición), dos de la Asociación de Abogados y el Presidente y dos miembros de la Corte Suprema. El oficialismo tendría tres miembros, la oposición uno y los jueces en función y su asociación cinco. El proceso es secreto.

El segundo aspecto es el uso de “razonabilidad” para cuestionar las leyes aprobadas por el Parlamento. En un reciente caso, la Corte Suprema juzgó inapropiado el nombramiento de Arye Deri como ministro porque pesaba sobre él una condena por corrupción. Arye Deri fue elegido en las últimas elecciones por el partido Shas que integra la coalición gobernante y su designación fue aprobada por mayoría legislativa. El cronista Yaakov Katz dice que la objeción de la Corte Suprema estuvo basada en el criterio de “razonabilidad” porque no existe legislación que le impida a Deri asumir su puesto.

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Israel no tiene Constitución y la Corte Suprema ejerce el mencionado principio basándose en las leyes básicas aprobadas por el Parlamento, y en especial la interpretación de Ley sobre Dignidad Humana y Libertad aprobada en 1992. La modificación indica que la impugnación deberá ser aprobada en forma unánime por los 15 miembros de la Corte Suprema, y que el Parlamento por mayoría simple de 61 miembros podrá revocar la decisión de la Corte y reinstaurar la vigencia de la ley. En el mismo sentido, la propuesta contempla confinar el poder del Fiscal General y Consejero legales en los ministerios al papel de asesores no-vinculante para evitar su interferencia en las decisiones políticas y la aplicación de criterios personales para iniciar investigaciones.

La presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, y el fiscal general, Gari Baharav-Miara, se manifestaron en contra de las reformas porque socaba la independencia del Poder Judicial, otorga un cheque en blanco al Poder Legislativo y niega el derecho de las Cortes de controlar al Poder Ejecutivo. En ambos casos, la reforma apunta a limitar los alcances de la Corte Suprema y de la Fiscalía para cuestionar las leyes aprobadas por el parlamento.

La discusión sobre la reforma judicial abrió un debate sobre los límites de independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía. El centro y la izquierda se volcó a un masivo esfuerzo para defender la autonomía de uno y otro y restringir la capacidad del Parlamento elegido en elecciones democráticas. En la base de esta oposición está la composición del legislativo con una coalición de derecha o religiosa que podría avanzar con leyes que afectarán los derechos individuales y la mayoría simple para rechazar las objeciones de la Corte Suprema concediendo un poder desmesurado al partido mayoritario. En las propuestas de reforma constitucional en América Latina, las izquierdas han sostenido una posición similar a la expresada ahora por la derecha israelí de restringir la competencia del Poder Judicial acusándolo de lawfare.

El conflicto suscitado en Israel y en otros países continúa siendo el significado de la democracia, el equilibrio de poderes y el respeto de las minorías. No se reduce solo a imponer la voluntad de la mayoría sino también de respetar los derechos individuales para lo cual será necesario superar los antagonismos que caracterizan a las sociedades democráticas en estos momentos.

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