Esta semana se conoció el índice de inflación del primer mes del año. El mismo arrojó que los precios durante enero se incrementaron un 6 por ciento. Este nivel inflacionario implica que de sostenerse con la misma magnitud hasta fin de año, cerraremos este año 2023 con un 101% de inflación anual. La meta establecida en el presupuesto nacional ya parece haber quedado desactualizada: para lograr el tan deseado 60% de inflación, de aquí a diciembre el índice mensual deberá ser de 3,8%, algo que por ahora parece imposible que suceda.
No sólo la inflación resulta un escollo para el gobierno en este año electoral: el nivel de deuda y el patrimonio del Banco Central de la República Argentina también son parte de un combo de problemas que nadie sabe bien cómo resolver. Si bien la licitación de bonos de esta semana fue exitosa, lo cierto es que se han convalidaron tasas de interés cercanas al 120% (el doble de la inflación pretendida por el gobierno para este año). Además, toda la deuda que se logró colocar en el mercado para cubrir los abultados vencimientos del mes tiene vencimiento antes de las elecciones: nadie confía en lo que vendrá más allá del cortísimo plazo.
Para lograr el tan deseado 60% de inflación, de aquí a diciembre el índice mensual deberá ser de 3,8%, algo que por ahora parece imposible que suceda
La calle también se ha transformado en un infierno. La Avenida 9 de Julio nuevamente tomada por piqueteros que reclaman por planes que no les corresponden (por no haber cumplido con los requisitos de validación exigidos por el Ministerio de Desarrollo Social).
Más de 100.000 planes sociales se darán de baja en las próximas semanas por no haber sido regularizados por sus beneficiarios. Las cifras son impresionantes: cada plan social en discusión equivale a $33.800 por mes. Esto implica que mensualmente se abonaban en concepto de planes sociales irregulares unos $3.380 millones de pesos, algo así como 9 millones de dólares mensuales (o 107 millones de dólares anuales) que el Estado ha venido afrontando sin saber bien cuál era el destino final de ese dinero. Independientemente de que esta situación se haya dado en el marco de una interna dentro del propio gobierno, lo cierto es que el descontrol parece ser total, en un país que necesita urgente decenas de reformas, entre las que se encuentran la tributaria y la reducción del gasto público, dos cuestiones íntimamente relacionadas con este tipo de despilfarros de dinero en planes sociales irregulares.
Los cortes de luz y los respectivos incidentes en la Autopista Dellepiane dieron cuenta de una de las lecciones más básicas en economía: se ajusta por precio o se termina ajustando por cantidad. Los cortes de energía eléctrica no son una novedad en la Argentina y existen desde que los atrasos en las tarifas son una constante. Desde la salida de la Convertibilidad que las tarifas de la energía se encuentran atrasadas en relación a los valores reales de mercado (incluso con los aumentos que en su momento sufrieron las mismas durante la presidencia de Mauricio Macri y también durante los ajustes producidos en las tarifas durante la gestión actual). Nadie puede pretender –estando en su sano juicio– que con tarifas reguladas las inversiones en el sector energético sean suficientes para que no existan problemas se corte de suministro.
El nivel de deuda y el patrimonio del Banco Central de la República Argentina también son parte de un combo de problemas que nadie sabe bien cómo resolver
Todo este gran desaguisado ocurrido con los cortes de energía le dio el puntapié perfecto al Gobierno para plantear nuevamente la posibilidad de estatizar las compañías de energía eléctrica. Sería bueno recordarles que a finales de la década del 80 la energía era monopolio estatal a través de la empresa pública “Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires” (Segba), que a pesar de pertenecer al Estado –tal como sueñan hoy que ocurra con las empresas actuales algunos funcionarios del gobierno– transitábamos una hiperinflación y buena parte del día no teníamos servicio eléctrico por sufrir “cortes programados”. Estatizar las empresas de energía es simplemente demencial, la propia historia lo demuestra.
Entre tanto, la portavoz de la Nación, Gabriela Cerruti, dijo sin titubear que aquí no existe ninguna crisis: no hay peor ciego que el que no quiere ver lo que todos estamos viendo con suma claridad. La desconexión del Gobierno con la realidad argentina parece ser total.