A raíz del sonado episodio de la ola de calor, los cortes de luz y el drama del padecimiento de los usuarios de Edesur, amén de las sanciones y recriminaciones oficiales a la empresa, corresponde aclarar el contexto de esta circunstancia, para no dejar flotando en la opinión pública una imagen errónea de quien es en el fondo el responsable de estos hechos, donde por lo general se ubica a los empresarios en el banquillo de los acusados, lo cual contribuye a consolidar la estigmatización de ese sector como el causante de todos los males, siendo que su participación será imprescindible en cualquier alternativa de despegue de la Argentina.
Como debe ser, el primer plano debe enfocarse en los vecinos afectados y en su padecimiento, aunque sin soslayar el análisis de las circunstancias que condujeron a la actual situación crítica de provisión de energía, como sucede en muchos otros campos de actividad donde hay escasez, desabastecimiento y restricciones.
El constreñimiento en el suministro de electricidad en las recientes condiciones climáticas extremas constituye la foto, siendo que es fundamental para comprender las causas profundas repasar la película que conduce a esta foto del presente. Enel, la actual controladora de Edesur es una compañía italiana con participación estatal -nació como empresa pública- dedicada a la producción y distribución de energía, que opera en 30 países. Entre esos países esta la Argentina. ¿Cómo llegó a nuestro país? De manera simplificada, se puede decir que se hizo del activo de Edesur al comprar Endesa en el 2006 (otra multinacional del rubro), a su vez adquirido por ésta a los adjudicatarios originales, Enersis y capitales chilenos, cuando se privatizaron los servicios públicos en 1992.
Enersis ingresó al país junto con otras empresas fundamentalmente europeas y luego de hacer un importante desembolso en dólares para el pago por la compra del sector local de distribución de luz (que correspondía a las zonas del sur y suroeste de Buenos Aires), fondos que fueron a manos del Tesoro nacional. En el acuerdo contractual de venta se establecía un importante cronograma de inversiones, concentrado principalmente en los años siguientes a la privatización, que derivó en las inversiones realizadas en esos años y que implicaron una trascendental mejora en la provisión de los servicios en el país. Las empresas financiaron esas inversiones con cuantiosos créditos de la banca internacional, garantizados con el aval de sus casas matrices en el exterior.
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A continuación vino la crisis del 2001 que todos conocemos, cuando el dólar saltó de 1 a 4 (una devaluación del 400%) y las tarifas de los servicios públicos quedaron congeladas para preservar el ingreso de los ciudadanos. En esas condiciones se esfumó la rentabilidad de las empresas, que no pudieron hacer frente con el flujo local a las deudas contraídas con la banca internacional para las inversiones. Esa importante deuda debió ser absorbida por las casas matrices de esas compañías e imputada al rubro “quebrantos” (algo que sucedió también en muchos otros sectores de actividad y no solo en el campo energético).
Pues bien, en los años subsiguientes a esa primera etapa el panorama para las empresas suministradoras de servicios en manos extranjeras se fue agravando, por lo cual, la gran mayoría se fue retirando del país, algunas por voluntad propia, otras, por inducción de los entes de regulación para que “cedieran” sus activos en el país a precio de ganga -única condición imaginable para que algún avezado inversor nacional pueda “enterrar” dólares en el país en esas circunstancias- lo que terminó significando para aquellas empresas extranjeras una enorme perdida por su aventura argentina.
Los osados inversores locales que entraron en esas empresas lo hicieron en la confianza de que las autoridades argentinas no dejarían quebrar esas compañías, suponiendo de que si ello sucediera sería un dolor de cabeza adicional a los muchos males que el país cargaba en sus espaldas.
Con el transcurso de los años, inflación en alza y tarifas controladas (ajustadas circunstancialmente y muy por debajo de la suba de los precios) fue imprescindible que el Estado debiera subsidiar el consumo de manera indirecta, pagando a las prestadoras la diferencia faltante entre sus ingresos por tarifas y sus costos operacionales. Es comprensible que en ese contexto, las inversiones estructurales no sean viables, porque ni los particulares -sin rentabilidad- ni el Estado -exiguo de recursos- puedan enfrentarlas.
Sin resignarse a aceptar la pérdida que implicó la adquisición de este bien en la Argentina, ilusa y no tan pragmática como suelen ser las compañías norteamericanas, que apenas ven oscuro el horizonte levantan campamento y se van, Enel -la controladora de Edesur- es uno de los pocos y raros casos de empresas que prefirieron continuar en este contexto tan adverso para su negocio, aunque han anunciado, tardíamente, su intensión de salir del país. Es más, en la esperanza de una reversión del panorama se animaron en el 2019, con la empresa operando a pérdida a realizar un aporte adicional de 100 millones de dólares (una fortuna para los parámetros del país, pero no para una multinacional energética) para invertir en los puntos críticos del parque de distribución bajo su control.
Fueron luego evidentes dos cosas: que la situación económica-financiera de las empresas no mejoró y que aquellas inversiones del 2019 -tal vez un gesto de apoyo a las nuevas autoridades- resultaron insuficientes. Los recursos hoy disponibles apenas alcanzan para un mantenimiento circunstancial, pero no para las inversiones estructurales que requeriría el sistema a mas de 20 años de su modernización, lo que lo expone, en circunstancias pico como fue la ola de calor a su saturación y parcial colapso, con los indeseables trastornos para el ciudadano común. En otro plano, y a mi modo de ver con buen criterio, se saldaron -en una suerte de neteo- los reclamos recíprocos entre el Estado y las sociedades prestadoras, en un caso por los subsidios otorgados por el Estado a esas compañías (que en los hechos fueron para los consumidores) y de las empresas a los entes reguladores por el congelamiento de las tarifas en violación de los contratos oportunamente pactados. En esa operación se encuadra la cancelación de 47 mil millones de pesos de deuda de Edesur y que fue ventilada de manera crítica por los medios.
Como corolario, la Argentina es inviable con el actual modelo energético, que exacerba el consumo y fomenta el despilfarro al ofrecerse un bien -la electricidad- a una fracción de su valor real. En estas condiciones no habrán inversiones y los usuarios deberán resignarse a padecer cada año un deterioro en el suministro eléctrico.
Es fundamental que la sociedad -particularmente los usuarios- comprendan y acepten que se deban pagar por los servicios lo que éstos valen, como sucede en Uruguay, Chile, Brasil y Perú para mencionar solo a nuestros vecinos, aunque probablemente deba hacerse en un proceso por etapas. Se liberarían así los fondos que se destinan a subsidios eléctricos para que puedan aplicarse a equilibrar las cuentas públicas -cuyo desequilibrio es la causa principal de la inflación- o a otros fines prioritarios y rezagados donde el aporte estatal es insuficiente o nulo.
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