La costosa burocracia de los medios públicos

“Hasta tanto crezcamos, ¿no tendríamos que buscar un nuevo impuesto?”, se preguntaba públicamente un flamante asesor presidencial. La receta del Frente de Todos ha sido siempre la misma: servirse de impuestos, tasas y retenciones para supuestamente transferir recursos del sector productivo a los sectores más vulnerables de la población. Estas medidas aplicadas en las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner y en la actual administración, no han logrado más que empobrecer a la Argentina, frenar el desarrollo económico y agigantar la burocracia estatal dotando de recursos millonarios a distintos organismos o empresas estatales que se destacan por su inutilidad o ineficiencia.

Sería óptimo que el nuevo miembro del staff presidencial revisara los informes de la Auditoría General de la Nación. Se sorprendería al comprobar cuán fácilmente podrían tomarse medidas sobre la ineficiencia del gasto en las dependencias que viven de impuestos ya creados, en vez de crear nuevos impuestos que ahogarían aún más a los ciudadanos.

La Ley 26522, en su artículo 94, fija los gravámenes que deben tributar la industria audiovisual, -radio y TV privada- para sostener a varios organismos. Es decir, los canales y radios comerciales aportan, a través de una tasa que pagan a ENACOM, los recursos para financiar a RTA, al INCAA y a la Defensoría del Público, entre otros organismos de subsidio a la música independiente y al teatro. De esa masa de recursos, el 20% se transfiere a RTA, Televisión Pública y Radio Nacional. Es definitiva, la televisión y radio privada financian a los medios públicos, fórmula que en varios países del mundo se aplica para que los medios estatales plurales y objetivos, lleguen de modo gratuito a los ciudadanos.

Pero en la Argentina, lo que en verdad sucede, es que la televisión pública no es para nada gratuita, mucho menos plural, diversa u objetiva. Si bien los sectores audiovisuales privados siguen financiando a RTA, los recursos que recibe de modo directo del Poder Ejecutivo a través de transferencias directas del tesoro, constituyen su principal fuente de financiamiento. Es decir a la Televisión Pública la financian los monotributistas, los sectores productivos que pagan retenciones, el agro, los profesionales independientes, los docentes y los trabajadores, activos y jubilados, que pagan IVA e impuesto a las ganancias.

Es interesante desglosar el último informe de la AGN sobre RTA. Para el año 2020, la Televisión Pública recibió 4352 Millones de pesos de transferencia directa del tesoro nacional, (4195 para gastos corrientes y 157 para gastos de capital). Sumados a los 1100 millones que percibió en 2020 a través de ENACOM, por Ley 26522. Esto significa que los medios públicos cuestan 5.452 millones de pesos anuales.

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Analicemos ahora la eficiencia de ese gasto. El mismo informe de la AGN revela que RTA (que comercializa algunas de sus producciones, publicidad o derechos de televisación por alguna coproducción asociada), realizó ventas por 353 millones para el año 2020. Como el costo de esas ventas, o sea los recursos necesarios para generar los productos y servicios que se vendieron, fue de más de cinco mil millones, significa que el costo de producción de RTA es 1430% o sea 14 veces más caro que el valor del producto que vende.

La planta de personal de la televisión pública es 1.065 empleados, la de Radio Nacional 1.308, en total RTA tiene 2373 empleados, eso explica, en parte, el subsidio que el tesoro debe hacerle a la empresa pública para pagar los sueldos, que además, son mucho más altos que los del promedio del empleado estatal de otras dependencias.

Pero el problema no es solo lo excesivo del gasto corriente, los sueldos y las millonarias indemnizaciones que cobraron, por caso, el periodista Orlando Barone o la propia titular actual del sistema de medios públicos Rosario Lufrano, también lo es la falta de competitividad y atracción que tienen sus producciones audiovisuales. Ninguna producción audiovisual puede tener atractivo para la exportación si está basada en la falta de pluralidad, el fanatismo o ideologización partidaria de sus contenidos.

Basta analizar las planillas de Ibope, el instituto que mide audiencia televisiva. Tomemos como ejemplo, el día 12 de enero de 2023, la medición de rating del noticiero del mediodía, medición de las 12:01 horas es de 0,2 puntos. Si consideramos que un punto de rating representa 100 mil espectadores, podemos inferir que la programación de la Televisión Pública cuesta por espectador 272.600 pesos en promedio.

No solo debe mirarse la costosa burocracia de los medios públicos, que impide además cualquier tipo de reconversión tecnológica para hacer a sus contenidos más competitivos o multiplataforma. Debemos sumar a este análisis otras transferencias del tesoro, como los recursos que distribuye la Jefatura de Gabinete para “algunos” medios comunitarios. También sumar los recursos de FOMECA, Fondo de Fomento de Medios Comunitarios y de Pueblos Originarios, que otorga ENACOM y que insumen el 10% del total de los gravámenes fijados por ley, más el 25% que corresponden al INCAA, organismo que se destaca por los excesivos gastos en personal que restan recursos genuinos a los subsidios directos al cine.

De la misma fuente, surgen también los 900 millones que para este año tiene a disposición la Defensoría del Público conducida por Myriam Lewin, para dedicarse a analizar y perseguir “los discursos de Odio” en medios y redes sociales con su observatorio.

Es sencilla la conclusión y muy evidente, la ficción y producción audiovisual comercial financia parte de la ineficiente y burocrática maquinaria estatal. Los impuestos no son la solución, son la clave de nuestro estancamiento. Por citar solo un ejemplo, Colombia, se ha convertido en una de las mecas de la producción audiovisual hispanoparlante por los incentivos y beneficios que el gobierno colombiano ha generado para la ficción audiovisual que decida filmar se en su territorio. Argentina, a pesar de tener una producción de altísimo nivel técnico, cultural y comercial, con un cine de calidad multipremiado y producciones de ficción destacadas internacionalmente, sigue imponiendo frenos, exceso de regulaciones fiscales y sindicales, impidiendo la importación de insumos para las filmaciones, y cerrando cercos cambiarios sobre la exportación de series y servicios audiovisuales. Todo esto se multiplica debido al anacronismo del partido gobernante que prefiere seguir utilizando los impuestos para asignar recursos a estructuras estatales agigantadas. Desde 2003 la prioridad de la política audiovisual del Frente de Todos estuvo puesta en la intencionalidad de influir sobre actores y productores, jamás se priorizó mejorar la competitividad del sector, liberándolo de los frenos que le impusieron. La ficción nacional y el cine argentino podrían generar miles de puestos nuevos de trabajo e influirían positivamente en la balanza comercial debido a la mayor demanda de sus productos y exportaciones.

Por eso, comenzamos esta reflexión con la pregunta equivocada, los nuevos impuestos siempre son el camino hacia la recesión, nunca al despegue de ningún sector productivo. Es necesario un cambio profundo, que nos permita alcanzar las máximas potencialidades argentinas, hacer siempre lo mismo solo garantiza fracasos en todos los sectores de la economía. Crear impuestos sin reformar organismos y empresas públicas subsidiadas profundiza la crisis y el atraso, como quedó demostrado.

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