El control de precios se desentiende de las empresas privadas

El control de precios se desentiende de las empresas privadas, que son el medio de vida de los empleos particulares. Efectivamente, los entes privados deben competir continuamente entre sí y acordar con proveedores, empleados, sindicatos, regulaciones gubernamentales, etc. condiciones que varían continuamente, acumulando enseñanzas, descubrimientos idiosincráticos, que explican sus éxitos, derroteros, fracasos.

La disciplina de la administración de empresas tiene una pléyade de notables cultores, Chester Barnard, uno de ellos, con su libro “Las funciones del ejecutivo”, quien en base a su experiencia laboral definió la organización como un sistema de actividades coordinadas, para asegurar servicios esenciales.

Infobae informó que la mitad de los asalariados privados tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza. Contradiciendo sensaciones difundidas, los salarios reales de los años de la presidencia de Mauricio Macri superaron significativamente al de los primeros tres años de gestión de Alberto Fernández. Pareciera que los mayores impuestos y controles de precios perjudicaron a los trabajadores privados.

En contraste, los empleos estatales se financian con impuestos, contribuciones forzadas y pagos de los posibles clientes. La subsistencia de las empresas y entes públicos depende de los políticos que les conceden privilegios, subsidios, ventajas diversas. El éxito de los entes estatales consiste en relatos políticos, dando lugar a opacidades reiteradas que desdeñan las prestaciones a los usuarios.

Los “precios cuidados” también desatienden la salud de los consumidores, que disfrutan la calidad y acierto de los bienes ofrecidos. Atención, los oferentes de bienes y servicios podrían inclinarse por alterar la calidad de lo ofrecido, aún a costa de su reputación. Sin embargo, las empresas dañarían su prestigio y el valor de la marca. En cambio, los funcionarios son reemplazables. Una vez renunciados, nadie se acuerda de ellos a la hora de definir responsabilidades.

Para prosperar, de mínima, las empresas debieran vender a precios superiores a su costo de reposición. Cualquier valor inferior, conllevaría pérdidas que debilitarían la continuidad de su existencia. ¿Cómo podrían reconocerlos los burócratas?

En varias columnas expliqué que el nivel de los ingresos, pobreza o prosperidad de los países es el resultado de las mayores o menores trabas redundantes impuestas a las transacciones. No obstante esa evidencia, las empresas se enfrentan con la imposición de precios determinados. Ninguna de las naciones prósperas -PBI por habitante superior a USD 30.000 al año- implementa controles generales de precios de la variedad argentina.

Las mismas razones llevan a resistirse a normas diferenciales de precios, impuestos, condiciones varias. Francamente, ¿Cuál es la justificación de que el gobierno establezca retenciones, impuestos a las exportaciones, diferentes según valores de venta al exterior, el producto en cuestión, u otras particularidades? ¿Cuál es la justificación de cupos a la compra de divisas dependientes de los acuerdos de diferentes empresas con los funcionarios?

Entorpecer las mejores decisiones de las empresas y de los consumidores perjudica a la población, porque en lugar de procurar las mejores respuestas a las dificultades productivas, los argentinos deben acomodarse a las trabas artificiales, regulaciones, decididas por funcionarios desconocedores de las intimidades, conocimientos idiosincráticos, de cada operador y familia.

Las naciones avanzan a medida que consiguen implementar una justicia independiente, bien formada en el derecho, dispuesta a impartir sentencia contra los abusos de burócratas y haciéndolos responsables de sus actos.

Pero el verdadero disparate de los “precios cuidados” está en su profunda contradicción. Precio es la cantidad de pesos a pagar por un bien. Los burócratas pretenden fijar precios en tanto BCRA emite dinero descontroladamente.

Esta demostrada la imposibilidad de cualquier emisor de moneda de establecer simultáneamente el precio y la cantidad de dinero. La hiperinflación de 1989 se desató por dejar de sostener la cotización del dólar. Echarle la culpa de la inflación a los comerciantes antagoniza sin sentido. Avergonzados, muchos gobernantes debieran disculparse por el perjuicio causado a los argentinos.

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