El caso Báez Sosa atrajo un nivel de atención inusitado. La ciudadanía estuvo pendiente de los hechos, del dolor de los padres de la víctima y de la vida de los acusados y sus familias desde el minuto uno. Aquel verano de 2020 se discutió sobre juventud, violencia y masculinidades en los medios de comunicación, en redes sociales y en cada hogar y lugar de trabajo del país. Ahora, tres años después, se debate de la misma manera la intención de matar, el dolo eventual, la alevosía, los fines de la pena y la moralidad de la prisión perpetua.
A algunos no les gusta. La discusión, digo. La atención. La opinión de quienes no tienen un título universitario habilitante para ejercer el derecho. La intensidad de la cobertura mediática. Presionan, dicen. No dejan que el Poder Judicial haga su trabajo. Hacen populismo penal. Punitivismo al palo. Piden pena de muerte o que se mueran en la cárcel. No buscan Justicia. No leyeron la Constitución. No saben que el artículo 18 dice que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Escuché a algunos quejarse incluso de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense transmitiera en vivo algunas partes del juicio. Les molestó que se abriera a la ciudadanía un juicio oral y público que, además, era de evidente interés público. Cosa de locos. ¿A quién se le ocurre? Si se enteran de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace audiencias públicas para que la gente exprese sus opiniones antes de decidir casos importantes que afectan intereses públicos relevantes (desde la limpieza del riachuelo hasta el derecho al olvido de Natalia Denegri) abren la ventana y se tiran al grito de “populistas”.
Lo más increíble del asunto es que quienes le temen a la opinión pública (o a algunas opiniones públicas) son, en general, los mismos que marchan para democratizar la Justicia. Son los que piden elección popular de las juezas y jueces. Son los y las que creen que el Poder Judicial opera de espaldas a la sociedad y que tiene que abrirse a la participación ciudadana. Pero después, cuando la participación ciudadana viene en plan Simpsons con antorchas al grito de “asesinos, asesinos”, piden por favor juezas profesionales que hayan leído la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
¿Entonces? ¿Qué hacemos? ¿Hay que elegir entre el elitismo al que nos tiene habituadas el derecho con sus instituciones formales, su lenguaje incomprensible y su eterna pedantería vs. un populismo descontrolado que sale a cazar seres humanos que hacen cosas espantosas para tirarlos en infiernos donde se los somete a regímenes de hambre, violencia extrema y otras condiciones de vida legalmente equiparables a la tortura? ¿No hay nada en el medio? ¿Es expertos o antorchas nomás?
No. Claro que hay algo en el medio. Se llama democracia y, en contra de lo que muchas veces nos quieren hacer creer, no consiste solamente en agregar votos u opiniones una sobre la otra en dos pilitas y que gane la más alta. No. La democracia tiene, como ideal, como utopía positiva que marca el camino por el que queremos ir, dos requisitos fundamentales: participación y deliberación.
Vamos con la participación. ¿Qué quiere decir? ¿A qué tenemos que aspirar como ideal? A que estén presentes todas las perspectivas, todos los intereses. En el caso del homicidio de Fernando Báez Sosa, por ejemplo, necesitamos escuchar a su familia, a los acusados, a las familias de los acusados, a otras víctimas de hechos similares, a otros acusados por hechos similares, a quienes creen que la prisión perpetua es una bendición y a quienes creen que es una espantosa inmoralidad. Necesitamos saber cómo se vive realmente en las cárceles argentinas y cómo es la vida de Graciela y Silvino sin su único hijo.
¿Tuvimos ese nivel de participación? Yo creo que sí. En las radios, la tele, los diarios y las redes sociales se vio y escuchó de todo. Hay mucho punitivismo, sí. Pero también hay abolicionistas. Y, en el medio, hay un montón de opiniones sesudas que justifican la pena de prisión con distintos argumentos en abstracto (desde la retribución hasta la resocialización de los condenados) sin dejar de señalar que, en el mundo real, las cárceles argentinas no reprochan ni previenen ni resocializan nada. Castigan más allá del encierro, torturan, violan, matan y educan para perfeccionar la violencia y el delito.
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Quienes le temen a la opinión pública no advierten que hay diversidad. No son todos como el (ex) Pelado de Crónica. También hay Claudias Cesaronis. Que a veces los medios o la política amplifiquen los mensajes de manodurismo y maximalismo penal no quiere decir en absoluto que esos discursos sean representativos del sentir mayoritario. En el caso Báez Sosa, de hecho, tan mezcladita está la participación que Fernando Burlando hizo una encuesta en Twitter preguntando qué creían que iba a resolver el tribunal oral con cuatro opciones entre la absolución y la perpetua y (solo) el 58,6% votó perpetua. “Yo pensé que iba a estar cerca del 100%”, nos dijo el abogado en la entrevista que le hicimos en este medio.
La pregunta que nos deberíamos hacer es si preferimos que estos casos se resuelvan en el cono del silencio de Maxwell Smart, lo más lejos que se pueda de las pasiones y emociones de los seres humanos que, casualmente, somos los destinatarios y legitimadores (o deslegitimadores) de ese sistemita que nos gusta llamar “Estado de derecho” o si, en cambio, hay algo en nosotras y nosotros (no sé, la ciudadanía, el habitar este suelo, el ser sujetos de derechos y obligaciones, algo) que nos transforme en seres sintientes cuya opinión debe ser, al menos, considerada.
Hay quienes creen que no. Lejos las pasiones. Lejos de las juezas y los jueces. Sin las presiones de la opinión pública no hay perpetuas, dicen. Cono del silencio. Expertos. Dogmática penal. Libritos aburridos, casos previos, sentencia. Si abrimos el grifo, terminamos mandando al infierno carcelario a todo el mundo, con pruebas o sin pruebas. Eso dicen.
A mí me parece que este temor obedece a que, cuando pensamos en la opinión pública, tenemos una imagen recortada en la que, en el mejor de los casos, hay una participación más o menos mezclada, pero falta el segundo requisito fundamental de una democracia verdaderamente robusta: la deliberación. La democracia no es votar. No es una encuesta. No es fierro mayoritario.
Necesitamos escuchar todas las opiniones. Pero necesitamos que deliberen. Si en un programa de televisión o de radio están todos los Pelados de Crónica hablando entre ellos y en otro están todas las Claudias Cesaronis hablando entre ellas, estamos jodidos. Podemos hacer zapping e intentar hacerlos debatir en nuestra cabeza, pero es difícil recrear la lógica de una discusión espontánea entre personas que piensan radicalmente distinto.
Además, a veces necesitamos un mínimo aporte de especialistas y un poquito de humildad de quienes no lo son. En estos días, en apenas 10 minutos de zapping radial, escuché decir “Thomson” (el acusado se llama Thomsen”, “son partícipes secundarios, o sea coautores” (cuando o son coautores o son partícipes) y “esto me hace acordar a lo de Thelma Fardín” (¿Qué corno tendrá que ver?).
Los casos difíciles son, bueno, difíciles. Tienen matices. Hay una víctima. Hay homicidas. Hay que pensar seriamente lo que significan 50 años en el infierno y hay que pensar seriamente lo que significa que tu único hijo de 18 años se vaya por primera vez con amigos a Villa Gesell y vuelva en un cajón.
¿Estamos lejos de la participación y deliberación democráticas que necesitamos? Lejísimos. ¿El remedio es encerrar al Poder Judicial en una cajita de cristal? No. El remedio siempre es más y mejor democracia. Pero democracia de la posta, la que delibera e incluye todas las voces, no la de contar porotos. ¿Se animarían a debatir con respeto el (ex) Pelado de Crónica y Claudia Cesaroni? Me ofrezco a moderar.
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