Un Plan Económico integral para alcanzar la estabilidad y volver al crecimiento

Argentina transita un largo período de decadencia económica originado en la reiteración de políticas públicas que han sumido al país en un proceso constante de inflación, endeudamiento, falta de inversión y atraso tecnológico. Esto ha generado niveles de pobreza e indigencia inaceptables ante los grandes recursos naturales, tecnológicos y humanos con que cuenta el país. Para superar esta situación, debemos dejar de mirar para atrás o perder el tiempo en estériles debates sobre lo que puede llegar a pasar en el corto o mediano plazo. Todos tenemos en claro -Gobierno incluido- la vulnerabilidad de la actual situación y de los riesgos que de ella se derivan, especialmente por la incertidumbre política, interna e internacional. De allí la dificultad de hacer predicciones o construir escenarios con niveles elevados de certeza. Sí, tenemos en claro que, si se continúa con las actuales políticas hasta el cambio de gobierno, será en medio de un “stress” creciente de las principales variables económicas y que el próximo gobierno heredará una situación económica y social particularmente difícil. De allí que hayamos preferido dejar de lado aquellos debates y predicciones y centrarnos en diseñar un conjunto de políticas y medidas que permitan al próximo gobierno hacer frente a esos problemas y, en un plazo razonable, colocar al país en el camino de la estabilidad y el crecimiento.

1. Terminar con la inflación

Su origen principal es el déficit fiscal, originado en niveles de gasto público imposibles de financiar con los recursos tributarios y previsionales actuales. Hay que poner límites a los subsidios a las tarifas de servicios públicos que han perdido su relación con el costo del servicio; al gasto de un Estado sobredimensionado; a las transferencias a las provincias que utilizan los recursos públicos para proyectos faraónicos o para seguir aumentando el empleo público; a aquellas universidades que los usan para alimentar el clientelismo; y a las empresas públicas que hoy tienen un déficit operativo fuera de control. El próximo gobierno deberá contar con un Presupuesto sin déficit operativo desde el primer ejercicio. Así se terminará con el endeudamiento del sector público y podrán disminuir las tasas de interés y el peso de la deuda sobre el Presupuesto Nacional.

2. Reformar la Carta del Banco Central para impedir el financiamiento del déficit fiscal con emisión. De este modo se generará la confianza indispensable acerca de la decisión de terminar con el déficit fiscal y la emisión monetaria. Esto facilitará una política de progresivo desendeudamiento del Estado y la baja de las tasas de interés y permitirá además al Banco Central no tener que emitir más letras o notas de liquidez para “secar la plaza”. Solo así se podrá comenzar con el proceso de cancelación de esa enorme deuda cuasi-fiscal que impide a los bancos aumentar sus préstamos al sector productivo.

3. Desdoblar el mercado cambiario y permitir las operaciones en moneda extranjera entre particulares. A fin de incrementar las exportaciones, bajar la presión sobre las reservas del BCRA, desalentar la fuga de divisas y facilitar el regreso de los activos de argentinos que están fuera del sistema productivo, se establecerán dos mercados de cambio: un mercado “oficial” para las operaciones de comercio exterior de bienes y servicios vinculados al comercio, con un tipo de cambio único, sujeto a regulación por parte del BCRA, que asegure el mantenimiento de un tipo de cambio real estable y, por otra parte, un mercado “libre” o “financiero” en el que se puedan cursar todas las operaciones financieras y las vinculadas al turismo y otros servicios, sin intervención oficial sobre el tipo de cambio. En la medida que la reconstrucción de las reservas del BCRA lo permita, podrán pasarse operaciones del mercado “oficial” al “financiero”, acortando la “brecha” entre ambos y facilitando su ulterior unificación y la eliminación del “cepo”. A ello se agregará la legalización de las operaciones entre particulares en la moneda que elijan y se propiciará un nuevo “blanqueo” para los capitales no declarados de ciudadanos argentinos.

4. Terminar con el estrangulamiento del sector externo

La eliminación de todas las restricciones a las exportaciones, manteniendo un tipo de cambio real constante y bajando la carga impositiva para la producción orientada a la exportación permitirán ampliar significativamente la producción y las exportaciones, que ayudará a generar un superávit comercial suficiente para financiar eventuales déficits del comercio de servicios y dejar un saldo para la cancelación de la deuda externa. Será necesario dar prioridad a la reducción de los Derechos de Exportación, que es una verdadera barrera al incremento de la producción y la exportación. Al mismo tiempo, será necesario encarar una política de manejo de la deuda pública, nacional y provincial y de la deuda del sector privado, que restablezca progresivamente la confianza en el país y nos permita volver al mercado de capitales para refinanciar con nuevas emisiones la enorme deuda actual, sin quitas ni “reperfilamientos”.

5. Promover la digitalización progresiva de las transacciones comerciales y financieras

Debemos ir hacia una creciente y progresiva digitalización de todas las transacciones y la eliminación del papel moneda, para facilitarlas, bajar su costo y limitar la informalidad y la evasión impositiva. Esto exigirá la adopción de varias medidas basadas en una articulación activa entre el sector público y el sector privado, particularmente con los bancos y los diversos sectores de la producción y el comercio, y el compromiso de toda la sociedad.

6. Avanzar en el desmantelamiento de impuestos nacionales y de tributos provinciales y municipales distorsivos

El “Consenso fiscal de 2017″ no debió haber sido abandonado sino completado con nuevas medidas tendientes acelerar su instrumentación y a bajar más la presión impositiva, eliminar cargas fiscales que se duplican a nivel nacional y provincial y poner un límite a la existencia de tasas y otras gabelas municipales que no tienen contraprestación de servicios pero que limitan el consumo, encarecen la producción y afectan el empleo. Es urgente una nueva iniciativa tributaria, acordada con las provincias, que solo será posible en un marco de una disminución del gasto público a todos los niveles. Al mismo tiempo, es necesario mejorar la capacidad de recaudación y combatir la evasión, especialmente a nivel de las provincias.

7. Reformar el Estado

Precisamos un Estado al servicio de la sociedad, que asegure la persistencia de las políticas en el tiempo y que sea financiable con los recursos disponibles. Un Estado más pequeño, más profesionalizado y menos politizado; que no sea un terreno para ser ocupado ni conquistado sino para ser manejado con el máximo de eficiencia y profesionalidad posible, que preste servicios donde sea necesario y que regule la actividad privada cuando sea indispensable. Hoy, el Poder Ejecutivo cuenta con 20 o más ministerios, 111 Secretarías y 203 Subsecretarías. En el futuro el Poder Ejecutivo se debe integrar con la Presidencia, con no más de 3 Secretarías, la Jefatura de Gabinete, con otras tantas Secretarías y una transitoria dedicada específicamente a la reforma del Estado y no más de 11 Ministerios, con un total de 35 Secretarías y consolidar en los ministerios el mayor número posible de entes autónomos, agencias, fideicomisos y otros organismos, conservando la autonomía solo de aquellos que, por sus funciones o naturaleza, lo justifiquen. Se debe concentrar en el Ministro y en las Secretarías la capacidad de decisión política y transferir la responsabilidad de la gestión cotidiana a las Direcciones Nacionales o Generales, procurando la digitalización y simplificación de todos los trámites donde sea necesaria la participación del Estado, reduciendo al mínimo la burocracia y las gestiones presenciales.

8. Transformar las empresas públicas

Habrá que determinar el futuro de cada empresa pública a la luz de su situación económica y financiera y de los servicios que presta a la sociedad. Algunas deberán volver a pasar a manos privadas, total o parcialmente, otras deberán ser disueltas o transformadas. Las primeras quedarán bajo el control de entes reguladores independientes de la autoridad política y las restantes bajo la forma de un “holding” u otro sistema centralizado de control que asegure el cumplimiento de objetivos específicos determinados en función de los servicios requeridos por la sociedad. En todas ellas se revalorizarán los Programas de Propiedad Participada (PPP) y aquellas que sean privatizadas deberán obligatoriamente cotizar en la Bolsa de Valores.

9. Consolidar y jerarquizar la función pública

La reforma de la Administración Central, de los órganos descentralizados y de las empresas públicas hará necesario reasignar tareas y funciones a muchos funcionarios o empleados públicos de planta permanente. Estos serán reasignados en otras reparticiones o se les facilitará, mediante incentivos y formación, su incorporación a la actividad privada, sin menoscabo de sus derechos adquiridos. El funcionario público debe ser un individuo respetado y apreciado por los servicios que presta a la sociedad y su remuneración debe ser acorde con semejante responsabilidad y no deteriorarse como ha sucedido en los últimos años. Para ello será necesario la profesionalización de toda la Administración Pública y la revisión y perfeccionamiento de los instrumentos e instituciones que hoy la rigen, establecer una pirámide salarial única que termine con desigualdades difíciles de explicar, desterrando las consideraciones políticas y partidistas, el clientelismo y la utilización del empleo público como una forma de disimular el desempleo.

10. Modernizar la legislación laboral para generar empleo

Debemos lograrlo sin afectar los derechos adquiridos por los trabajadores, mejorando los sistemas de registro y sanciones y las normas sobre indemnizaciones por despido que desalientan la generación de empleo. Además, habrá que modificar la legislación laboral y tributaria de las Pymes por su rol como generadoras de empleo, reduciéndoles la carga impositiva y previsional, especialmente en sus primeros años de existencia.

11. Poner en marcha un amplio plan de obra pública sobre la base de la inversión privada

Ampliaremos y modernizaremos gran parte de la infraestructura de transporte ferroviario y carretero, de la generación, transporte y distribución de energía y gas, y de comunicaciones, pensando en la integración territorial y el desarrollo regional, sobre la base de la privatización de una parte de los servicios públicos y de nuevas concesiones basadas en peajes u otros sistemas de recuperación de la inversión en el largo plazo, con tarifas razonables y sin subsidios del Estado. Esto generará una enorme movilización de recursos, bajará costos de producción y de exportación y, además, será una importante fuente de creación de empleo.

12. Encarar un plan nacional de obras municipales y vivienda

Debemos encarar urgentemente los problemas del gran porcentaje de la población que vive en condiciones inaceptables en más de 5.000 “barrios populares”, o de aquella que carece de cloacas, acceso al agua potable, que está “colgada al sistema eléctrico” o vive en terrenos inhabitables, más aquellos que viven en cientos de municipios en calles de tierra, en viviendas precarias, sin alumbrado público, y en malas condiciones de seguridad. Para ello contamos con un plan nacional, con varias fuentes de financiamiento, incluido de las provincias y los municipios, para generar las condiciones para resolver estos graves problemas sociales, coordinado con el Programa Único de Desarrollo Social, que pondremos en marcha en paralelo con la política económica. Será, además, la mejor forma de generar empleo y, junto con un gran esfuerzo en materia de formación profesional, sacar de la pobreza y de la dependencia de planes y subsidios a miles de personas hoy víctimas del “pobrismo”.

13. Movilizar los inmensos recursos en combustibles y mineros hoy subexplotados

El “shale gas” y el litio son hoy una oportunidad sin precedentes para el país. Junto con ellos hay que seguir desarrollando la producción de hidrocarburos y la gran y pequeña minería. Esto requiere de inmensos capitales, nacionales y extranjeros y una constante incorporación de nuevas tecnologías, algo que solo se logrará creando condiciones de seguridad, confianza y continuidad en la legislación y adoptando las reglas de juego que requieren estos sectores, de grandes inversiones y donde la recuperación del capital solo es posible en el largo plazo. Habrá que encarar rápidamente la adopción o actualización de la legislación y las normas específicas para desarrollar estos sectores, apuntando a aumentar las exportaciones, generar mayor valor agregado y a asegurar el cumplimiento de las más estrictas normas en materia de medio ambiente y seguridad. Estos recursos, si los podemos desarrollar, brindan hoy a nuestro país la posibilidad de terminar con el acogotamiento de divisas y el déficit fiscal en los próximos años.

14. Desarrollar políticas sectoriales activas con una visión federal

Ninguna de las políticas sectorial podrá tener éxito sin una corrección importante de las políticas macroeconómicas, estableciendo reglas de juego permanentes, que aseguren la vigencia de la libertad de los mercados y la regulación pública donde sea necesaria para evitar que aquella sea desvirtuada, sin participación del Estado en la actividad productiva salvo donde lo justifiquen consideraciones de seguridad o las particularidades del sector, con el comercio exterior desarrollándose sin barreras burocráticas o cambiarias, y donde la legislación laboral sea un factor de protección del trabajador y de generación del empleo y no un obstáculo. Sobre esa base hemos diseñado políticas activas y reformas legislativas para el sector agropecuario y agro-industrial, para la minería, los hidrocarburos y las energías no convencionales, las economías regionales y la economía del conocimiento, que se pondrán en funcionamiento con la plena participación del sector privado.

15. Modificar la legislación sobre inversión extranjera y actualizar los acuerdos de promoción y garantía de esa inversión

Hoy nuestro país carece de acceso a los mercados internacionales de crédito y los errores cometidos en las renegociaciones con el Club de París, impiden a potenciales inversores acceder a los seguros de inversión o de financiación de exportaciones. Las violaciones de contratos, las renegociaciones de deuda con quitas forzadas y las expropiaciones realizadas sin contemplar las obligaciones previamente asumidas por el país, han hecho de la Argentina uno de los países más cuestionados ante los mecanismos internacionales de solución de controversias y ante los tribunales extranjeros. Recuperar la confianza será una tarea ardua y que requerirá de mucho tiempo. El primer paso en esa dirección será la adopción de una nueva legislación de protección a la inversión extranjera y la renegociación, en paralelo, de los acuerdos de promoción y garantías de inversión, para actualizarlos siguiendo las nuevas tendencias del derecho internacional y las obligaciones que el país ha asumido y las que deberá asumir en el futuro en el marco de la OCDE y de otros acuerdos internacionales.

Las políticas y medidas que hemos expuesto deben ser encaradas como un todo orgánico y coherente, y las leyes y otras decisiones necesarias para ponerlas en marchan deberán estar listas desde el día que asuma el próximo gobierno. Para ello es indispensable explicar detenidamente y con sinceridad al pueblo argentino la gravedad de los problemas que enfrentamos y las consecuencias económicas y sociales que tendremos por delante si no dejamos de lado las actuales políticas basadas en el “pobrismo”, la ineficiencia y la corrupción. Solo así se podrá lograr una cómoda mayoría parlamentaria y el triunfo electoral en un buen número de provincias indispensables para poder poner en marcha este programa. A partir de allí se podrán gestar los acuerdos con diversos sectores de la sociedad para desindexar el funcionamiento de la economía y con las provincias para reformar el sistema impositivo y el régimen de coparticipación y cumplir con la manda constitucional contemplando la situación de las provincias más desfavorecidas. Lo mismo sucede con el sistema previsional que hoy no tiene sustento a largo plazo ni asegura un ingreso digno a quienes han aportado a lo largo de su vida. Ambos sistemas requieren de estudios profundos y las reformas a proponer deberán basarse en modelos de largo plazo que aseguren su sustentabilidad y la justicia distributiva. Pero tengámoslo en claro, para alcanzar estas reformas y transformar la realidad económica del país será necesaria una clara voluntad política y un liderazgo definido, que si están ausentes en la próxima etapa de gobierno nos dejarán sumidos en un mayor atraso y empobrecimiento.

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