El camino hacia la transición energética en América Latina y el Caribe

La recuperación económica mundial post pandemia de COVID-19 generó el mayor aumento de las emisiones de dióxido de carbono, relacionadas con la energía, en toda la historia de la humanidad. Ese incremento fue del 6 por ciento en 2021, y alcanzó los 36.300 millones de toneladas de CO2. En paralelo, durante el mismo año, las emisiones de gases de efecto invernadero, procedentes del sector energético, aumentaron también hasta sus niveles históricos más altos.

Estos porcentajes demuestran que el crecimiento y la recuperación económica se encuentran aún lejos de lo esperado, sobre todo, en términos de desarrollo sostenible y resiliencia climática, y a partir del uso de fuentes de energía renovable que proporcionen las bases para tender hacia una transición energética a nivel global.

En América Latina y el Caribe, puntualmente, el sector energético ha producido, entre 2015 y 2019, el 46 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el 66 por ciento de las correspondientes al dióxido de carbono de la región. De la misma forma, el nivel de involucramiento en políticas que garanticen la reducción de emisiones y la descarbonización de las actividades asociadas al sector ha sido dispar y heterogéneo, según cada uno de los países involucrados. Esto se debe a motivos idiosincráticos y a las diversas dependencias fiscales frente al sector de hidrocarburos, pero también al nivel variable de desarrollo económico, y a los indicadores de desigualdad y pobreza en cada caso.

De allí la importancia de trabajar sobre políticas de desarrollo sostenible como las estipuladas por el Acuerdo de París, que comprometió a sus países miembros a encarar procesos de descarbonización multisectorial, con el fin de limitar el calentamiento global para 2.100 entre 1.5 y 2ºC por encima de los niveles preindustriales. En esa línea, se posicionó además la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que propuso 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para garantizar el acceso, entre otras cosas, a un energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Desde esa perspectiva, nuestro continente se enfrenta al desafío de plantear una transición energética justa, que permita consolidar modelos locales de desarrollo bajos en carbono y en armonía con la naturaleza. Este escenario requiere necesariamente el despliegue de estrategias puntuales que promuevan, por ejemplo, el uso de fuentes primarias con un menor nivel de emisiones, la aplicación de un mayor componente eléctrico en el consumo, y la adaptación al cambio climático para brindar servicios energéticos eficientes y resilientes.

Con esos objetivos en mente, desde CAF -banco de desarrollo de América Latina hemos desarrollado, durante los últimos años, una serie de acciones estratégicas para promover la transición energética en América Latina y el Caribe. Llevamos adelante, por ejemplo, proyectos de generación de conocimiento y asistencia técnica para acompañar a los gobiernos nacionales y el sector privado en el entendimiento de las regulaciones vigentes, las innovaciones tecnológicas y las potencialidades de la transición energética en cada país.

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En 2019 publicamos una revisión de los marcos regulatorios y políticos actuales para la electrificación del sector del transporte público en ciudades como Bogotá, Quito, Montevideo y Santiago (hasta el momento, Chile y Colombia lideran esa estrategia en la región). Además, en los últimos cinco años hemos realizado estudios sobre las interconexiones eléctricas entre países como Bolivia y Paraguay, Chile y Argentina, y Colombia y Panamá para proveer un servicio de financiamiento de proyectos para el sector, que sea estratégico y moderno. Adicionalmente, colaboramos con nuestros países miembros a través de distintas líneas de trabajo, como los análisis de factibilidad para el mejoramiento de la energía que reciben las poblaciones rurales, o la evaluación de alternativas de transición energética que aprovechen la disponibilidad local de energías limpias y renovables.

En materia de infraestructura, en tanto, llevamos adelante en toda América Latina y el Caribe proyectos e iniciativas de envergadura para potenciar sistemas energéticos más justos, seguros y confiables. En Argentina, por ejemplo, destinamos un financiamiento de 540 millones de dólares para las tareas de construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) que contribuirá, entre otras cosas, a la ampliación en un 25 por ciento de la capacidad del sistema de transporte de gas natural del país. En Perú, financiamos un proyecto por 150 millones de dólares para contribuir al desarrollo de infraestructura que permita conectar cerca de 205 mil hogares al servicio público de gas natural, a través de 490 kilómetros de redes.

América Latina y el Caribe es una auténtica región solución, cuya generación total de electricidad proviene en un 58 por ciento de fuentes de energía renovables. Tenemos centrales hidroeléctricas y generamos crecientes promedios de energía eólica y solar, entre otras fuentes no convencionales como la geotermia y la biomasa, que en conjunto tienen la capacidad de colaborar con la seguridad energética de la región, y cumplir con el objetivo de reducir los niveles de desigualdad y pobreza energética que afectan todavía a millones de habitantes del mundo.

Para alcanzar la sustentabilidad ambiental de nuestros países en materia energética se necesita una transición justa que cuide y resguarde el bienestar de las comunidades y su acceso a los servicios de energía eléctrica, a la vez que promueva la productividad y competitividad en la producción de energía a nivel regional.

El camino por recorrer todavía es largo, y el compromiso debe ser creciente. Al nivel de los Estados, se necesitan políticas y decisiones que sean consistentes con el límite de temperatura estipulado por el Acuerdo de París; marcos fiscales y planes de adaptación y mitigación al cambio climático; así como el planeamiento, la puesta en marcha y la modernización de proyectos de infraestructura, equipos, redes y tecnologías de cobertura. El sector privado tiene, por su parte, la capacidad de generar condiciones atractivas para atraer capitales y tecnologías externas, así como para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica local. En tanto, es necesario generar una transformación al nivel de la sociedad civil para garantizar un compromiso creciente respecto de la importancia de un consumo responsable.

Como organismo de crédito regional, desde CAF seguiremos aportando herramientas financieras y de asistencia técnica a nuestros países miembros para colaborar, por un lado, con el desarrollo de cada uno de sus procesos en el camino hacia la transición energética, y para promover, por el otro, nuevos paradigmas para el consumo de energías limpias, confiables, y resilientes al cambio climático.

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