Hace pocos días tomamos nota de un escándalo de proporciones, disparado como consecuencia del accionar de personas detenidas que, suplantando su identidad, o para ser precisos, suprimiendo la identidad original, lograron burlar el accionar de la Justicia, evadiendo las consecuencias de condenas anteriores.
En efecto, en la investigación surgió como consecuencia de las sospechas a raíz de que el preso, Hernán “Orejón” Sosa, en septiembre del año 2022, logró usar un nombre falso que le permitió engañar a la Justicia y ser liberado en una causa que se tramitó en el Ministerio Público de la Acusación y tribunales.
Dicha suplantación de identidad se dio cuando Sosa fue detenido por una causa de amenazas y portación de arma de fuego. Sin embargo, en el trámite judicial, se presentó como Andrés Alberto Borda y bajo esa identidad fue imputado.
A pocos días de su detención, aceptó firmar una condena de 3 años, por lo tanto, excarcelable ya que el falso Borda, según el Registro Nacional de Reincidencia, no poseía antecedentes condenatorios.
Lo grave es que el detenido SOSA por ese entonces estaba siendo buscado por varios robos anteriores, entre ellos el copamiento de una comisaría con el subsiguiente robo de armas en una localidad santafesina; mientras SOSA se hallaba prófugo por esos delitos violentos, el falso BORDA recuperaba la libertad por “carecer de antecedentes”. Un fallo inexplicable en la compleja trama actuarial de las agencias de seguridad pública, en particular de la policial y del servicio penitenciario.
Nuevos casos, viejos protagonistas
El ardid por parte de los delincuentes en suprimir su verdadera identidad no es nuevo, para nada.
En la historia del delito a nivel mundial, y en particular en nuestro país, sobran los ejemplos al respecto; podríamos estar horas enumerando casos y hechos donde avezados delincuentes operaron con la cobertura de distintas identidades para consumar hechos resonantes y de grave afectación a la seguridad pública.
Remontándonos en el tiempo, basta con mencionar a uno de los integrantes de la denominada “superbanda”, como Daniel “Tractorcito” Cabrera, quien ostenta el triste récord de haberse fugado en el año 1998 por la puerta principal de la “Cárcel de Devoto” vestido y caracterizado como abogado, y en el año 2000 se fugó del Departamento Central de la Policía Federal Argentina nada menos que junto a los dos ciudadanos paraguayos detenidos por el magnicidio del ex vice presidente de la vecina república, Luis María Argaña.
Aun con estos antecedentes y su lógica repercusión pública, logró cometer otros atracos; entre ellos el asalto a un banco en la Ciudad de Bahía Blanca, moviéndose libremente y siendo detenido bajo otra identidad.
Más cerca en el tiempo, otro “pesado” en la jerga tumbera logro estar prófugo de la Justicia varios años luego de haber protagonizado la fuga de Ezeiza en 2013: Bananita Espiasse Pugh registra ingresos a diferentes establecimientos penitenciarios provinciales, incluso al Servicio Penitenciario Federal, en el marco de diferentes delitos, bajo distintas identidades. Su notoriedad ha suprimido tal vez la carencia de recursos para lograr su correcta identificación, pero no todos los delincuentes son tan conocidos.
Una fría noche de abril del año 2013, un interno al que en juicio próximo le esperaba una condena de 20 años de prisión, logro vulnerar los espacios de seguridad interna del Módulo Uno del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Cortando alambrados perimetrales sin que los supuestos sensores anti-escalamiento con que estaban dotados los contornos carcelarios se activaran, logro evadir los límites de la cárcel huyendo luego en un automóvil que lo aguardaba en proximidad del Complejo. Martín Ricardo Araya había logrado fugarse de su encierro en una prisión federal.
En el mes de noviembre del mismo año, un detenido por robar casas en el barrio de Mataderos ingresó a la Cárcel de Devoto bajo el nombre de Fernando Ariel Moreno; dos días después fue apuñalado en una reyerta tumbera y lo tuvieron que trasladar de urgencia al hospital Vélez Sarsfield.
Al llegar, la ambulancia y sus custodios fueron abordados por varios sujetos armados que lograron rescatar al herido y se lo llevaron en uno de los dos vehículos en los que se desplazaban.
Quien acababa de ser rescatado en realidad no era Fernando Ariel Moreno sino Martín Ricardo Araya, que al ser detenido robando casas aportó como dato identificatorio un nombre y apellidos falsos, en la lógica de evitar los costos de su fuga del mes de abril y, aun mas, evitar ser condenado por los graves delitos que motivaron su primera fuga de Marcos Paz.
Sin bien no hacía falta, esa noche quedó demostrado que el Servicio Penitenciario no podía acreditar identidad; lo grave después de más de diez años es que aún siga sin poder hacerlo.
Soluciones tecnológicas
Resulta curioso que en nuestro país, cuando las soluciones a diversos problemas existen, no logren aplicarse en tiempo y forma.
Los servicios Penitenciarios, como en los casos expuestos precedente y recientemente con los hechos de suplantación de identidad acaecidos en el ámbito de Santa Fe, no cuentan con más herramientas que la impresión decadactilar de las huellas digitales de todas las personas que traspasan por orden judicial los umbrales carcelarios.
Esas huellas, en algunos casos, son confrontadas manualmente con registros anteriores existentes en la Unidad en la que ingresa el interno, o bien a través de algún otro mecanismo digitalizado que posibilita, como en el caso del Servicio Penitenciario Federal, cotejar digitalmente si esa persona ha estado anteriormente detenida en establecimientos de su jurisdicción; por ejemplo, como el caso de la ficha electrónica que corre bajo el paraguas del sistema L.P.U o Legajo Personal Único electrónico de los internos.
Pero en ningún caso se puede determinar si esa persona que acaba de ingresar es quien dice ser que es, ya que el Sistema Penitenciario Nacional (compuesto por el S.P.F. y 23 servicios penitenciarios provinciales) no está integrado al único sistema que indubitablemente acredita identidad online en cuestión de segundos; hablamos del SIBIOS (Sistema Federal de Identificación Biométrica de personas).
SIBIOS es una base de datos centralizada que almacena en un único lugar todos los recursos necesarios para la identificación de una persona, basados en los registros digitalizados de las huellas dactilares y las fotografías de los ciudadanos. Fue puesto en servicio en el mes de noviembre del año 2011.
Con un alcance nacional, SIBIOS está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y tiene como usuarios iniciales a la Policía Federal Argentina, Gendarmería nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Registro Nacional de las Personas y Dirección Nacional de Migraciones; a la fecha el programa es operado también por las 23 provincias a través de sus respectivas fuerzas de seguridad.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho lo propio en el año 2018 -distintas áreas de seguridad a nivel gubernamental trabajan también con SIBIOS-, pero nunca, desde el año en que formalmente esta tecnología irrumpió a nivel nacional, pudo ser adaptada para su funcionamiento en los ámbitos carcelarios, a fin de neutralizar episodios como los aquí descriptos, en los que la ineficacia estatal permite que delincuentes evadan sus responsabilidades penales adoptando identidades falsas, inflingiendo finalmente un nuevo daño a la seguridad pública.
Poder acreditar fehacientemente la identidad de un detenido desde el ámbito penitenciario permitirá, además, optimizar la investigación de delitos y fungir también como apoyo a la función preventiva de la seguridad. Es hora de que el Estado, logre generar sinergias en beneficio de la comunidad en su conjunto.