Hace ya un año y medio que promulgamos la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina, inscripta dentro de los nuevos paradigmas del siglo XXI y un hito entre las políticas ambientales del país. Desde entonces, pudimos lograr avances importantes, gracias al esfuerzo de los ministerios nacionales de Ambiente y Educación, junto al acompañamiento de las provincias.
Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, nombrada durante el gobierno peronista, nos señalaba hace 50 años que la educación ambiental era un complemento indisociable y fundamental para la gestión del ambiente. Consiste en un proceso permanente y transversal en los planos formal, no formal e informal. La ley garantiza el derecho a su acceso, una deuda que nuestro país tenía pendiente desde hacía 20 años, a partir de la sanción de la Ley General del Ambiente.
La educación ambiental es fundamental porque nos permite repensar nuestros hábitos y nos prepara para encarar los desafíos del presente ante temas tan complejos como el cambio climático y sus efectos, la preservación de la biodiversidad y la continuidad de la vida en el planeta. Es la principal herramienta de formación para la ciudadanía ante los impactos de los eventos extremos, los que son padecidos en mayor medida por los sectores más vulnerables de la sociedad.
En nuestro país, esta ley se implementa de manera federal en 23 provincias que presentaron sus estrategias jurisdiccionales. Para esto, hemos realizado un encuentro nacional, numerosos encuentros regionales y provinciales —con la meta de continuarlos este año— y presentamos una estrategia nacional. También promovimos la capacitación para más de 13 mil docentes, junto al Instituto de Formación Docente, y desarrollamos material pedagógico con distintos fines.
Además, el año pasado lanzamos el programa de aprendizaje no formal más ambicioso de Latinoamérica en la materia, denominado “Capacitaciones para la Acción Ambiental”, con llegada a más de 100 mil personas de manera territorial y virtual.
Si consideramos que la ley de educación ambiental se encuentra en sintonía con la Ley Yolanda (n.° 27592) —de formación para el personal de función pública que ya han tomado 26 mil personas—, sumado al Acuerdo de Escazú —que garantiza el acceso a la información ambiental—, podemos decir con certeza que Argentina hoy es un país de avanzada a nivel mundial en cuanto a su normativa ambiental. Esto demuestra también que la educación ambiental se ha convertido en una verdadera política de Estado.
Con las distintas responsabilidades que a cada uno nos cabe, en una fecha como hoy, tenemos que pensar en la educación como un espacio de acuerdo y unidad para cambiar nuestras prácticas y preservar nuestra casa común. No hay planeta B. Podemos transformarnos y las nuevas generaciones nos lo demandan más que nunca. La educación ambiental es lo que nos permitirá proyectar un país sustentable en el largo plazo.
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