Las sesiones de la cumbre de la CELAC en Buenos Aires volvieron a mostrar la profundidad de la división que anida en nuestra región en torno a la democracia.
Porque mientras algunos mandatarios se alzaron en defensa de la democracia y los Derechos Humanos, otros optaron por ponerse al servicio de las dictaduras.
En nuestro hemisferio existen, en la actualidad, al menos cuatro países en los que no se cumplen las más mínimas reglas democráticas y en los que verifican graves violaciones de los Derechos Humanos de sus habitantes.
Ello es evidente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, países sometidos por los oprobiosos regímenes de los Castro-Díaz Canel, los Chávez-Maduro y los Ortega-Murillo. Los que desde hace décadas han sumergido a sus pueblos en la noche de la dictadura, mediante la instalación de estados policiales en los que la muerte, las desapariciones, la tortura, los exilios forzados y las confiscaciones son moneda corriente.
El último caso es el de Bolivia, una nación cuyo sistema democrático está seriamente afectado por el accionar del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y Luis Arce Catacora, quienes esconden detrás de una disputa de puro poder una misma y única vocación por ejercerlo ilimitadamente, a través de encarcelamientos de presos políticos, avasallamiento del Poder Judicial, bloqueos a las regiones gobernadas por opositores y una permanente intromisión en los asuntos internos de países vecinos. Tal como se puede verificar en estas horas en el Perú.
Frente a esa trágica realidad, los líderes de las Américas han adoptado diferentes actitudes. Las que marcaron la bifurcación en dos senderos entre quienes se encuentran al frente de nuestras naciones.
Porque mientras el uruguayo Luis Lacalle Pou y el chileno Gabriel Boric advirtieron sobre la falta de democracia en varios de nuestros países, otros optaron por dar protección y aval a esas tiranías.
Reconociendo que algunos países miembros “no respetan la democracia ni los DDHH”, el mandatario uruguayo recordó que la declaración de la cumbre “habla de respeto a la democracia, los DDHH y el cuidado a las instituciones”, pero “claramente hay países acá (...) que no respetan ni las instituciones, ni la democracia ni los DDHH”.
En tanto, el presidente de Chile pidió la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua. En tanto también reclamó elecciones “libres, justas y transparentes” en Venezuela. Boric sostuvo: “Fuera de la democracia no hay libertad ni dignidad posible (...). La dictadura (en Chile) nos enseñó de forma brusca a sangre y fuego los efectos de relativizar la democracia y los derechos humanos”.
Al tiempo que Mario Abdo Benítez, presidente del Paraguay, pidió no olvidar a los 7 millones de venezolanos desplazados y refugiados por haber tenido que abandonar su país en medio de la crisis humanitaria interminable derivada del accionar de la dictadura castrista.
Los casos de Lacalle Pou -un líder de centroderecha- y de Boric -un presidente de centroizquierda-, a su vez, desmienten una acusación repetida por el castrochavismo: la idea de que quienes denuncian sus fechorías y sus violaciones de los DDHH pertenecen a “ultraderechas recalcitrantes y “fascistas”.
Pero mientras Lacalle Pou y Boric reclamaron por la libertad y los DDHH, el anfitrión de la cumbre, el argentino Alberto Fernández volvió a emplear sus esfuerzos diplomáticos en una defensa de los cuestionados dictadores, cayendo en el extremo del absurdo al afirmar que “todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos y sus pueblos los legitiman como gobernantes”.
Acaso una forma curiosa de interpretar la democracia. Toda vez que como resulta obvio, nadie ha elegido democráticamente a los déspotas cubanos, venezolanos y nicaragüenses, quienes se han eternizado en el poder en sus respectivos países, habiendo anulado una y cada una de las libertades y los derechos individuales de sus habitantes.
Los que han vuelto a ser abandonados en el cinismo repulsivo de quien avergüenza al pueblo argentino con su servil actitud frente a los violadores seriales de los DDHH de la región. Una postura que ha colocado a las máximas autoridades de la Argentina en el ominoso lugar de los enemigos de la democracia en las Américas.
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