Alberto Fernández y Cristina Kirchner nunca entendieron -ni asumieron- que les tocaba presidir a todos los argentinos. Prefirieron continuar -y profundizar- la grieta que ya habían utilizado Néstor y Cristina Kirchner en sus primeros 12 años de gobierno (2003-2015).
A ellos, no les fue nada mal…consiguieron someter al peronismo y sumar el apoyo de grupos de izquierda que fueron persuadidos del carácter “nac&pop” de este nuevo fenómeno. Muchos gobernadores, sindicalistas y empresarios se sumaron mansamente a este esquema que les trajo claros beneficios personales y corporativos. Fue el país el que sufrió las consecuencias negativas del autoritarismo, la corrupción y el populismo cortoplacista.
Desde Juntos por el Cambio no supimos y no pudimos mostrar un camino alternativo, y volvimos a foja cero en el 2019.
Ya en el ocaso del experimento, no se le ocurre al gobierno nada mejor que denunciarse a sí mismo.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, realiza quinquenalmente un análisis del respeto a estos principios universales en cada uno de los Estados miembros. Este año corresponde, entre otros, el análisis sobre la Argentina.
El gobierno decide, en el informe que debe presentar, confesar que no acepta la independencia y las facultades del Poder Judicial para controlar las decisiones de los otros dos poderes de la República. Inventa, entonces, el llamado lawfare -persecución legal-, describiendo así la condena judicial de los delitos cometidos en ejercicio de la función pública.
A esto le suma, en forma conspirativa, la complicidad activa de la oposición, los medios de comunicación y “sectores corporativos” vinculados a intereses concentrados de la economía, vinculados a intereses extranjeros. Un verdadero delirio producido por su última derrota electoral -en las legislativas del 2021- y la clara perspectiva de otra aun peor el próximo octubre.
Y no tiene mejor idea que hacerlo al mismo tiempo que oficia de anfitrión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuya presidencia ejerció Argentina durante el ultimo año (aspirando ahora a la reelección).
El tema de los derechos humanos en la región será el eje del conflicto de esta cumbre. Estarán presentes los jefes de Estado -o sus representantes- de todas las naciones desde México hasta Argentina, además de China, Estados Unidos y la Unión Europea. Por motivos inconfesables, el presidente Alberto Fernández decidió desinvitar al Secretario General de la OEA (organización que representa a todos los miembros de la CELAC, más EEUU, Canadá y Cuba), Luis Almagro. Las tres dictaduras regionales -Cuba, Nicaragua y Venezuela- estarán presentes. La Cumbre contará además con la presencia estelar del nuevo presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva.
La fórmula es explosiva y el escándalo estará asegurado.
La suerte está echada.
El gobierno argentino insistirá, hasta las últimas consecuencias, en sus absurdos argumentos y será la próxima administración -que asumirá en diciembre de 2023- la que tendrá la responsabilidad de curar las profundas heridas -económicas, políticas y sociales- que dejará esta irresponsable dirigencia. Con la excepción de la dictadura militar de 1976 a 1983, nunca habíamos visto nada semejante.
Pero Argentina es una gran nación que superará esta ignominia, y los argentinos encontraremos el sano camino de la unidad nacional, la integración regional y la apertura al mundo.
Esta cumbre será una anécdota más para olvidar que para recordar.
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