El acceso de la Argentina a la OCDE como política de Estado

El próximo 25 de enero se cumple un año desde que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invitó a la Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumania a acceder a la organización. Es un logro de la política exterior de Mauricio Macri que la Argentina haya sido invitada a acceder y debería ser una política de Estado completar el proceso. Mientras que el resto de los países comenzó con el proceso decididamente, la Argentina respondió con evasivas y dudas respecto de la voluntad de continuar con el proceso de acceso.

La OCDE es la continuación del Plan Marshall, que permitió refundar a los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, es uno de los foros mundiales más influyentes, en el que se analizan y se establecen estándares sobre temas de relevancia internacional como economía, educación y ambiente, promueve las mejores prácticas en políticas públicas para gobiernos y estándares internacionales para empresas a partir del diálogo y la cooperación multilateral. Hoy pertenecen 38 países -como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur, Australia o Israel-, que representan el 75% de la inversión extranjera y el 60% del comercio global. En América Latina, México, Chile, Colombia y Costa Rica ya son parte. Con gobiernos de diferente signo político, estos países tienen como principios la democracia pluralista con instituciones fuertes, el imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos y las economías de mercado competitivas con integración social.

Existen muchos ejemplos en América Latina donde el acceso a la OCDE y las reformas que implica se convirtieron en una política de Estado de gobiernos de diferente signo político. Chile comenzó y terminó su proceso de acceso en los gobiernos de Michelle Bachelet (centroizquierda) y Sebastián Piñera (centroderecha), y el actual ministro de Hacienda de Gabriel Boric, Mario Marcel, fue el arquitecto del ingreso de Chile a la OCDE. En Colombia, el proceso se sostuvo en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque (centroderecha), y fue apoyado por el actual presidente Gustavo Petro (izquierda). En Costa Rica, fue impulsado por la presidenta Laura Chinchilla, de centro, continuado por el presidente Luis Guillermo Solís y finalizado por el presidente Carlos Alvarado, ambos de centroizquierda.

La relación de nuestro país con la OCDE tiene casi cuatro décadas. La invitación reconoce el potencial de desarrollo de la Argentina en un mundo que demanda alimentos, energía y litio. Formar parte de la organización se traduciría en mayores inversiones extranjeras, reducción del costo de capital y del riesgo país, y un aumento de las exportaciones. Hoy las exportaciones representan el 20% del PBI en la Argentina, mientras que la cifra asciende al 32% en Chile, al 37% en Costa Rica y al 41% en México.

Las recomendaciones de la OCDE y las reformas implementadas para acceder generaron beneficios concretos en muchos países. En Corea del Sur, el PBI creció, desde su acceso, un 160% y hoy lidera los rankings de la OCDE en educación, ciencia, tecnología e innovación. México redujo en dos puntos y medio del PBI la carga regulatoria hacia las empresas y los ciudadanos. En Polonia, mejoró notablemente la calidad educativa, reflejada en las pruebas PISA, y se posicionó cuarto entre los países con mejores calificaciones en Ciencia, Lengua y Matemáticas.

El tipo de reformas que la Argentina debería implementar para acceder incluyen medidas necesarias, como modificar el régimen de compras del Estado para garantizar la integridad en la contratación pública, o simplificar la estructura impositiva y regulatoria nacional, para eliminar distorsiones fiscales y regulaciones que impiden la creación de empleo, y aumentar las exportaciones. También implica reformar leyes que regulan las empresas públicas para fortalecer la independencia de sus directorios y adoptar estándares de eficiencia y transparencia. En educación, supone incrementar y abrir los datos sobre el sistema educativo, y reanudar las pruebas PISA en todo el país.

Son reformas que requieren un sólido consenso de las provincias, los sectores productivos y los sindicatos. Más del 70% de las reformas para acceder a la OCDE -por ejemplo, las vinculadas a salud, educación o ambiente- dependen de las provincias y, a su vez, son las provincias y las economías regionales las más beneficiadas por el ingreso. También el apoyo de los sectores productivos y los sindicatos -que ya integran el Comité Consultivo Empresarial e Industrial y el Comité Asesor Sindical de la OCDE- es clave en el proceso. Además, la OCDE es un “sello de calidad” para empresas que desean invertir en el país y les brinda previsibilidad, ya que demuestra un esfuerzo por mejorar las instituciones y el ambiente de negocios.

El acceso a la OCDE es parte del shock de confianza internacional que la Argentina necesita generar para posicionarse como un socio global confiable. Acceder incrementaría, además, el peso de América Latina en el organismo, y un eventual ingreso conjunto con Brasil otorgaría mayor voz a los intereses de la región. En Davos, el ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, confirmó que el país continuará su proceso de acceso, lo que implica una oportunidad para avanzar a la par con nuestro socio regional.

Conseguir la adhesión como miembro pleno promovería una mayor integración global a mediano y largo plazo. La OCDE establece estándares y códigos de conducta que son legalmente vinculantes para los países en varias cuestiones como la fiabilidad de las estadísticas o la lucha contra la corrupción.

El acceso de la Argentina a la OCDE debe ser una prioridad del gobierno que asuma en 2023, y supone emprender una serie de reformas y cambios estructurales que son el punto de partida para anclar el desarrollo nacional a largo plazo y evitar retroceder en esa transformación.

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