Controles de precios: el manual del buen populista

Ensayando una vez más la receta fracasada en el mundo y más aún en el país, el Gobierno no solo apela a una medida que a lo largo de la historia demostró no servir para frenar la inflación, sino que, además, hace un acuerdo, como en las épocas más violentas del peronismo cuando el general decía que “estaba dispuesto a hacer cumplir los precios máximos, aunque tuviese que colgarlos a todos”. Una versión siglo XX de los edictos de Diocleciano en el siglo IV DC en que había establecido la pena de muerte para quienes no cumplieran son los precios máximos.

El ministro de Economía Sergio Massa repite medidas que fracasaron hace 1700 años, se sumergió en Diocleciano. La pregunta es: ¿Si el Gobierno está festejando que no llegó a los tres dígitos de inflación anual en 2022 porque estuvo en el 95%, para qué manda a las fuerzas de choque a controlar precios en los supermercados?

Lo que el Gobierno no dice es que, en diciembre, a pesar del fuerte aumento del stock de Leliq y Pases netos del BCRA, para esterilizar el exceso de pesos en la economía, la base monetaria creció en promedio 9,6% respecto del promedio de noviembre y que en los primeros 10 días de enero se expandió 9,3% adicional. En otras palabras, se asiste a un festival de emisión monetaria que inevitablemente tendrá impacto sobre el nivel de precios porque son pesos que la gente no demanda.

Pero atención que la emisión monetaria que hace el Gobierno para financiar al Tesoro no es solo por Adelantos Transitorios, el BCRA también emite pesos para comprar bonos que emite la Tesorería y que el mercado no puede absorber.

Por eso, computando los “trucos” del BCRA para disimular la emisión monetaria para financiar al Tesoro, en 2022 el impuesto inflacionario estuvo en el cuarto puesto de las fuentes de financiamiento de la Administración Central.

Como es costumbre en los populismos, los gobiernos destruyen la moneda y luego buscan un culpable afuera por el aumento de precios que no es otra cosa que una depreciación de la moneda.

Este gobierno ya intentó controlar los precios mandando a La Cámpora a los supermercados, en 2021 decidieron mandar a los inspectores de la AFIP a verificar el cumplimiento de los Precios Máximos.

Pocos meses atrás acordó con los intendentes para que se encargaran de seguir los precios e incluso iban a recibir una parte de las multas por las infracciones a los Precios Máximos y ahora mandan a fuerzas de choque con el sindicato de camioneros y piqueteros.

Solo les falta resucitar a Torquemada y mandarlo con la Santa Inquisición a controlar los precios.

Una vez más hay que insistir con que los costos no determinan los precios, sino que son los consumidores quienes deciden cuánto están dispuestos a pagar por determinado bien o servicio el que determina los costos de producción en que puede incurrir una empresa.

También hay que insistir en que hablar de “ganancia justa” es un disparate conceptual. ¿Considerando la imprevisibilidad en las reglas de juego, la falta de respeto por los derechos de propiedad, las arbitrariedades de los funcionarios públicos, cuál es la tasa de ganancia justa para invertir capital en una empresa en Argentina?

Pero en última instancia, el Estado no tiene derecho a decirle a la gente a qué precio tiene que vender el fruto de su trabajo. Cada vez que interviene en el mercado fijando precios máximos y regulándolo se producen faltantes.

Basta con ver los dramas que viven los inquilinos que, ante una absurda ley de alquileres, se contrae la oferta, el inquilino no tiene opciones y, encima, los dueños tienen baja rentabilidad en un activo ilíquido.

El mercado ajusta por precio o por cantidad. En la medida que el Estado establece un precio máximo, el precio artificialmente barato aumenta la demanda de ese producto o servicio y contrae la oferta de quienes los producen.

Además, desaparecen los productores marginales que son aquellos que teniendo costos más altos que sus competidores, no pueden sostenerse con el precio artificialmente bajo. Por lo tanto, o cierran el negocio o se pasan al mercado informal.

En rigor, no es que el ministro Sergio Massa quiere controlar la inflación, necesita desesperadamente mostrar un aumento del IPC que tenga tendencia a la baja para decir que está cumpliendo con su objetivo de desaceleración persisten del ritmo de aumento de los precios.

En 1946, Hermann Göering -responsable, entre otras cosas, de los planes económicos del nazismo- le dio una entrevista al corresponsal de guerra Henry Taylor. El prisionero nazi le dijo: “Ustedes en América están tomando una serie de medidas que a nosotros nos causaron problemas. Están intentando controlar los salarios y precios, es decir, el trabajo del pueblo. Si hacen eso, también deben controlar la vida del pueblo. Y ningún país puede hacerlo en forma parcial. Yo lo intenté y fracasé. Tampoco pueden hacerlo en forma total. También lo intenté y fracasé”. Este texto está tomado del libro 4.000 Años de Controles de Precios y Salarios, Como no Combatir la Inflación, de Robert Schuettinger y Eamonn Butler.

En definitiva, ni los nazis, con todo el aparato represivo que desplegaron tuvieron éxito con los controles de precios.

El peronismo vuelve una y otra vez sobre la misma receta fracasada a lo largo de la historia de la humanidad. Y esa insistencia en el fracaso no es torpeza, es el típico intento del populismo de quitarse la responsabilidad de encima de haber emitido moneda para financiar el déficit fiscal y transferirle los efectos perversos de esa emisión a un enemigo inventado.

El populismo siempre inventa un enemigo para decirle al pueblo que unas personas perversas los están explotando y ellos, los populistas, vienen a salvarlos. Es de manual. Y Massa no parece querer apartarse del manual del buen populista.

Seguir leyendo: