De aquellos polvos, (vinieron) estos lodos

La virtual declaración de guerra efectuada por el oficialismo en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creando un verdadero escándalo institucional y afectando, entre otros, el principio republicano de la división y equilibrio de los poderes, constituye otra degradación del ya maltrecho Estado de Derecho que agrava la situación de anomia que ya estamos viviendo y nos coloca en terrenos cercanos a la anarquía.

Muchos de los que hoy critican con razón el ilegítimo avance del oficialismo sobre la estabilidad e independencia del Poder Judicial, olvidan o disimulan que en otro momento, concretamente en el año 2003, apoyaron una maniobra similar ejecutada por el presidente Néstor Kirchner, cuando el 4 de junio de ese año, hizo uso de la cadena oficial de radio y televisión para pedir al Congreso, con su habitual tono imperativo, que destituya a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Algunos sectores políticos y medios de comunicación celebraron esa repudiable actitud, diciendo que era una manifestación de autoridad del recién asumido Presidente, sentando un nefasto precedente y abriendo las puertas a un autoritarismo del cual hoy se lamentan.

Algunos tratan de justificar su apoyo a aquel golpe institucional alegando que la situación actual es distinta a la ocurrida entonces, invocando la trillada excusa de que se actuaba contra la Corte “menemista” o “adicta” o la de la supuesta “mayoría automática”, acusación desmentida por el simple análisis de las sentencias trascendentes dictadas por ese tribunal, de las que surge que casi todas ellas fueron apoyadas por uno o más integrantes que no habían sido designados por el Presidente Menem. Pero por más que se esfuercen en demostrar diferencias, la situación es similar, por cuanto se trata de destituir a los jueces de la Corte por el contenido de sus sentencias, como ocurrió en ese entonces, lo que está absolutamente prohibido por cuanto afecta la independencia del Poder Judicial.

Kirchner se aprovechó de esa campaña contra la Corte y al no responder a sus presiones para que cambie su posición en el caso Smith, que había rechazado la pesificación de los depósitos en dólares, exigió públicamente la destitución de sus integrantes. Esa ofensiva no se limitó a declaraciones y presiones a los legisladores, que antes ya habían rechazado un similar intento del Presidente Duhalde, sino que se pasó a un ataque directo a los integrantes de la Corte, mediante escraches orquestados desde el gobierno en sus domicilios particulares o en lugares públicos. Estas acciones son relatadas minuciosamente por el entonces miembro de la Corte, Dr. Adolfo Vázquez en su libro “Asalto a la Justicia”, editorial Sudamericana, en el que da cuenta que además había recibido disparos de armas de fuego el automóvil en que se desplazaba.

Ante esas acciones represivas, que ponían en peligro la integridad física de los jueces y de sus familias, algunos de ellos optaron por renunciar, mientras que otros, como los doctores Eduardo Moliné O Connor y Antonio Boggiano, fueron destituidos mediante sendos juicios políticos, no obstante haber quedado demostrada en ellos la total improcedencia de las acusaciones, por cuanto no se había configurado de ninguna manera el mal desempeño de sus funciones ni delito alguno por parte de los acusados. Una evidencia clara de que algunos de los senadores que votaron la destitución de Moliné O’ Connor sabían que la resolución era injusta, rechazaron la aplicación de la inhabilitación absoluta para ejercer funciones públicas, que es accesoria a la destitución.

Ante lo que fue considerado un “triunfo”, el kirchnerismo consideró que había obtenido “patente de corso” para avanzar sobre la justicia. Para comprobar esto, basta con recordar, entre otras acciones inconstitucionales: a) la sanción en el año 2006 de la ley 26.122 regulando los decretos de necesidad y urgencia; b) la sanción de la ley 26.080 modificando la integración del Consejo de la Magistratura, declarada inconstitucional por la Corte no hace mucho tiempo; c) la promoción de la ley 26.855, ridículamente denominada “democratización de la justicia”, también dejada sin efecto por un fallo judicial, según la cual los representantes de los jueces, abogados y científicos integrantes del Consejo de la Magistratura debían ser elegidos por el voto popular, politizando totalmente a la institución; d) el proyecto sancionado por el Senado elevando a 15 el número de miembros de la Corte, que el mismo oficialismo había reducido de 9 a 5, mientras permanece vacante, desde hace mucho tiempo, uno de esos cargos; e) el proyecto sancionado por el Senado elevando desmesuradamente el número de magistrados y funcionarios judiciales; f) la supuesta división del bloque oficialista en el Senado, para arrebatar un cargo que le corresponde a la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura; g) La omisión del Senado en conceder el acuerdo a la persona propuesta por el Presidente de la Nación para ocupar la vacante del Procurador General, por no ser esa persona del agrado de la Vicepresidenta.

Traigo a colación estos antecedentes para prevenir que el kirchnerismo está utilizando similares procedimientos a los que recurrió anteriormente, con el propósito destituir o presionar para hacer renunciar a los miembros de la Corte. El Gobierno sabe que no tiene la mayoría requerida para impulsar el juicio político en la Cámara de Diputados, pero lo hace para desgastar a los magistrados. Al igual que en el año 2003 se acusa a los jueces por el contenido de sus fallos y no sería de extrañar que se utilicen las mismas acciones que en ese entonces, con descalificaciones a través de los medios afines al gobierno y la promoción de escraches y otros medios de coerción física y moral. Algunos gobernadores, intendentes y funcionarios oficialistas ya comenzaron a hacerlo

La antigua expresión con la que se titula esta nota significa una especie de advertencia para indicar que lo malo que está pasando en el presente proviene de algo similar que ocurrió en el pasado y que, lamentablemente, en su momento fue tolerado, sin tener en cuenta que se entraba en el peligroso camino del autoritarismo que lleva a la destrucción de las instituciones de la República.